En junio, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó un presupuesto que reservaba 12 millones de dólares a fin de crear un programa para transportar migrantes sin permisos y sacarlos de su estado. Lo presentó como lo más destacado del nuevo gasto estatal en materia de inmigración.
Pero tan solo tres meses después, el dinero se utilizaba en un lugar muy alejado de Florida, de una manera muy diferente: para reunir a los solicitantes de asilo venezolanos en las calles de San Antonio y enviarlos en aviones privados a Massachusetts.
Los vuelos del mes pasado, en los que viajaban 48 personas que habían migrado a Estados Unidos, atrajeron la atención internacional y fueron motivo de críticas por parte de los demócratas, además de varios recursos judiciales. DeSantis se adjudicó de inmediato el mérito de lo que parecía ser una maniobra política: arrojar a decenas de solicitantes de asilo a las puertas de los demócratas del noreste que se han resistido a los llamados para tomar medidas drásticas contra la inmigración.
Las autoridades de Florida han dado poca información sobre el programa o sobre cómo se diseñó. Pero ya han empezado a conocerse detalles de la misión clandestina que se llevó a cabo sin que ni siquiera el gobernador de Texas, Greg Abbott, también republicano, lo supiera: vuelos pagados con dinero del estado en una posible violación de la ley estatal que asignó el dinero; una compañía aérea de vuelos chárter vinculada políticamente al gobernador de Florida.
Y, en medio de todo ello, una mujer con experiencia en contrainteligencia militar que los investigadores creen que fue enviada a Texas desde Tampa, Florida, para llenar los aviones.
