Por Sebastiana Barráez / Infobae.com
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en ponencia del magistrado Maikel José Moreno Pérez, aprobó el 14 de julio de 2023 la radicación del juicio de seis funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), presos por la tortura y muerte de Juan Pantoja, funcionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC). La decisión del máximo tribunal no es por conmoción pública sino porque los jueces se inhibieron o presentaron excusas para no conocer la causa. Uno de los detenidos es alias El Gavilán, Jefe de la Base 32 de la DGCIM, y uno de los funcionarios de inteligencia más crueles de la frontera, quien fue denunciado muchas veces por detenciones arbitrarias, tortura, desapariciones forzosas, elaboración de actas policiales en base a falsedades o simulación de hecho punible.
A Juan Ángel Pantoja Carreño lo detienen funcionarios al mando de alias El Gavilán. Cuando fue presentado en el CICPC, organismo para el que trabajaba, le confiesa a sus compañeros que lo han torturado brutalmente y que teme por su vida. Ni siquiera el CICPC llegó a sospechar que Pantoja decía la verdad y que la locura de un funcionario que se creía intocable y protegido, lo llevaría a la muerte horas después.
Lo que influye para que el TSJ ordene la radicación del juicio es que en el escrito, del 10 de mayo de 2023, suscrito por el Juez Rector, Presidente del Circuito Judicial Penal y Presidente de la Corte de Apelaciones de Apure, Edwin Manuel Blanco Lima, informa que “…los Jueces Provisorios presentaron inhibición y fueron declarados con lugar por el Tribunal de Alzada, así como los jueces y juezas suplentes presentaron excusas para conocer el mencionado asunto, lo que acarrea la paralización indefinida…”.
Por la detención, tortura y muerte del funcionario del CICPC Juan Ángel Pantoja Carreño están detenidos seis funcionarios de la DGCIM: el comisario Juan Bautista García Arocha alias Gavilán, Luis Alberto Uzcátegui Guerrero, Alvis Omar León Núñez, Edgar Luis Almandoz Márquez, Nixon Ricardo Mirabal Rodríguez y Yarumy Rafael Figueroa Löpez.
Esos funcionarios, pertenecientes a Base N° 32 San Fernando Apure, están imputados por Homicidio Intencional Calificado por Motivos Fútiles e Innobles por Sumersión, y Tortura, según proceso penal 2U-1663-23, llevado por el Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Apure.
Los defensores de esos DGCIM son los abogados Iván Enrique Gómez Villapol y Henry Rafael Landaeta Solórzano, quienes solicitaron la radicación del juicio, que fue dada a conocer a la Sala de Casación Penal el 26 de mayo de 2023.
Juan Pantoja, el funcionario del CICPC torturado y muerto
Desde el jefe mayor
El 2 de junio se le dio entrada, con el Nr. AA30-P-2023-000204, cuya ponencia correspondió al magistrado Maikel José Moreno Pérez, quien la dio a conocer el 14 de julio 2023.
Los abogados dicen que los detenidos “realizaron una labor de investigación, donde se logró la aprehensión de Carlos Alberto Jaime Gómez, quien era el Juez Primero de Control del estado Apure, Juan Carlos Guillen Rosales (abogado defensor de Reyes Gabriel Hernández González, El Finquero) y del hoy occiso Juan Ángel Pantoja Carreño”.
Lo interesante es que revelan que la DGCIM solicitó también, ante la Fiscalía Cuarta Nacional MP-247105-22, Orden de Aprehensión a Edwin Manuel Blanco Lima, Juez Rector, Presidente del Circuito Judicial y Presidente de la Corte de Apelaciones del estado Apure; a José Antonio Méndez Laprea, Juez Tercero de Control del estado Apure; y a Pedro Rafael Solórzano Martínez, Presidente de la Corte de Apelaciones del estado Aragua.
La orden para detenerlos era “por la presunta comisión de los delitos Corrupción Propia Agravada, Agavillamiento y Evasión Favorecida al prófugo Reyes Gabriel Hernández González, lo que se demuestra en Dictamen Pericial Informático Forense № DGCIM-UC-A1F-0Q61-2O22 de fecha 04 de marzo del 2022, descritos en las Actas de Investigación Penal Nros. RCIM-03-BCIM-32-003-22. RCIM-03-BCIM-32-004-22 y RCIM-03-BCIM-32-006-22″.
Los jueces
La causa penal fue recibida, el 21/11/22, por el Tribunal Primero de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Apure.
Los abogados de los funcionarios de la DGCIM consignaron escritos el 17/01/23, 14/02/23, 22/02/23 y 02/03/23, solicitando que se fijara la Audiencia de Juicio.
El 05/03/23 se inhibe la Juez Jessica González Ojeda.
El 09/03/23 remite la causa al Tribunal Segundo de Juicio asignándole la nomenclatura 2U-1663-23. La inhibición fue admitida por la Corte de Apelaciones. El 11/04/23 recusaron a Atamayca del Carmen Quevedo Marin.
El 27/04/23 la Causa Penal fue remitida a Presidencia del Circuito Judicial Penal.
El 10/05/2023 el juez Rector solicita a la Sala de Casación Penal la Radicación de la causa, visto que los jueces provisorios se inhibieron y los jueces suplentes presentaron excusa de conocer el asunto.
La defensa de los funcionarios de la DGCIM presentaron como pruebas reseñas periodísticas de medios digitales: notiveraz, cronicauno, elpitazo, VTV, radiofeyalegrianoticias, diariosenderosdeapure, eluniversal, elnacional, novavenezuela, lapatilla, monitoreamos, Infobae, aporrea, así como redes sociales.
El ponente deja establecido que “no se evidencia la existencia de un estado permanente de alarma, sensación o escándalo público en el estado Apure, atribuible a este proceso penal en el cual se solicita la radicación”, a la vez consideró “que los artículos de prensa consignados y sus links de prensa digital, reflejan la noticia referente al caso y a otros aspectos que no pueden incidir en el normal desarrollo de las actividades jurisdiccionales”.
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