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En el corazón de la desembocadura del río Orinoco, que se extiende a través unas 3.000 ramificaciones fluviales y que conforman al estado Delta Amacuro, vive una población mayoritariamente indígena que no es ajena a la emergencia humanitaria compleja que se padece en otras entidades venezolanas.
Por Corresponsalía lapatilla.com
Ante la desidia y el abandono del Estado, organizaciones de la sociedad civil asumen la responsabilidad de ayudar a los sectores más vulnerables de la región deltana. Eulises Sanguino, miembro de la Congregación Misioneros de la Consolata, la misma donde colaboraba el sacerdote de origen nigeriano, Josiah K’Okal, que apareció muerto en la carretera nacional Tucupita-Barrancas, relata la labor que realizan en las diferentes comunidades waraos.
El trabajo central de los misioneros se enfoca en la parte religiosa, es decir, la educación católica, pero también apoyan en el ámbito social. En este aspecto, menciona que apoyan el área médica con ayudas hospitalarias, quirúrgicas, emergencias.
También organizan cursos y talleres de panadería, costura, computación, idiomas, barbería, entre otros, para formarlos en el área laboral. Su empeño es que los más jóvenes no abandonen sus estudios, desde que comienzan el preescolar hasta el bachillerato.
“Como misioneros atendemos diferentes comunidades indígenas del Delta Amacuro. Ayudamos con entrega de arepas dos veces por semana, en la comunidad donde está el vertedero (Guasina) se hacen comidas para unas 300 personas entre adultos y niños. En diciembre se hizo entrega de ropas que se consigue por medio de donaciones. Contamos con el apoyo de Cáritas de Venezuela con jornadas médicas de forma gratuita con profesionales que lo hacen voluntariamente”, narró Sanguino.
Poblaciones arrasadas
El colaborador de la Congregación de Misioneros afirmó que de las comunidades que atienden, la más desasistida es la de Guasina y para esta organización, incluso, se le complica atenderlos a todos, porque la población es muy grande. Quienes habitan en esa zona, no solo viven de la basura, sino también haciendo favores como botar basura o limpiar alguna maleza.
Aunque parezca contradictorio, algunas de las comunidades más alejadas en los caños, donde el acceso solamente es en lancha y el trayecto es de hasta seis horas, las condiciones de vida son menos precarias, pues pescan, cazan y siembran. Estos sectores cuentan, además, con atención médica que no solo brindan los misioneros, sino otras organizaciones.
“Los misioneros también ayudan de forma gratuita con las medicinas que el Estado debe llevar. Nosotros prestamos las embarcaciones para trasladar los medicamentos hasta los ambulatorios de esas comunidades de una manera desinteresada. Lo que más tratan de atacar los misioneros es la desnutrición, que a simple vista la hay, es decir, parásitos en los niños principalmente, enfermedades en la piel y tuberculosis. La muerte está a cada momento, pueden morir por algo grave o alguna cuestión sencilla, todo por la desatención de parte de las autoridades”, precisó.
Alta migración
La situación en esta región es tan desoladora, que caseríos han desaparecido completamente, debido a que los indígenas migran a Brasil, Guyana y otros estados de Venezuela.
Una fuente, que pidió mantener su identidad en reserva, reveló que otra de las enfermedades que ha hecho estragos en la población warao es el Sida. De hecho, comunidades enteras se han extinguido, lo que evidencia la gravedad de la situación sanitaria de los nativos.
“La tuberculosis no es otra cosa más que el hambre, algo que mata más al indígena, la mala alimentación. Quienes viven en zonas más alejadas, hacen una travesía para realizar trámites como una cédula o partida de nacimiento: cuatro horas para venir y otras cuatro para regresar. Muchos se han muerto en la misma embarcación por la falta de comida o porque vienen enfermos. En algunos casos, se ha visto que personas han tenido que echarle sal al cuerpo para no se descomponga”, cuenta la fuente.
Territorio de guerrillas
Otro asunto no menos grave que viven las comunidades indígenas en el bajo delta, es que están siendo controladas por “Los pata e’ goma”, como llaman a la guerrilla del ELN. De acuerdo a testimonios de algunos habitantes de la región, este grupo irregular utiliza como ruta el océano Atlántico para traficar droga, el oro, la madera y el coltán. Denuncian que la guerrilla tiene varios campamentos de soldados en Piacoa, Santa Catalina, La Tortuga y otras zonas más, sin que los organismos del Estado se atrevan a ingresar a esos lugares.
Los mal llamados “Los pata e’ goma”, apodados así por las propias comunidades donde esta guerrilla tiene el control, opera en los municipios Antonio Díaz y Casacoima, y parte del municipio fluvial de Tucupita, pero también en los municipios Sotillo y Uracoa al sur del estado Monagas. El ELN tiene, además, asentamiento en una localidad llamada Piacoa, ya que descubrieron una mina a la que le cambiaron el nombre y la llamaron “Valle Dupal”, pero que es conocida como la “mina del terror”.
Explotan oro en este yacimiento, ubicado muy cerca del estado Bolívar en el Macizo Guayanés, pero que es jurisdicción de Delta Amacuro. Los guerrilleros mantienen el control de los municipios deltanos y los del sur de Monagas, a excepción del municipio Libertador.
El grupo guerrillero opera a través del cobro de vacuna a los ganaderos, a quienes le exigen cabezas de ganado y quesos para mantener el control. Cabe recordar que la guerrilla subsiste por el narcotráfico, que es su principal actividad.
La venta de armas y explosivos a Guyana es otro negocio que aprovechan “Los pata e’ goma”. Otros grupos irregulares, que conviven con la guerrilla, se dedican a delitos como la trata de personas, la pornografía infantil, tráfico de animales exóticos, secuestro de niños que envían a otras partes del mundo, venta de órganos, entre otros.
“Someten a las comunidades indígenas, por supuesto, y a la comunidad no indígena también. Asentamientos guerrilleros son los sitios donde ellos creen que deben tener el control, tienen obviamente dinero para llegar a distintas comunidades. En el municipio Antonio Díaz, por ejemplo, llegan a Santa Catalina, Guayo, y ellos son los que mandan en esta zona del municipio en el estado Delta Amacuro. Ahí no hay decisión de alcalde, de concejales, nada de eso, ni del mismo Gobierno. Ellos son los que controlan esta zona, verifican si hay comida, si hay medicina, ellos prácticamente son los Robin Hood. Le quitan a quienes tienen para dárselo a otras personas, que es el caso que hacen con los pequeños productores por el pago de vacunas, no solamente en el estado Delta Amacuro, sino también al sur del estado de Monagas, y si no les dan, obviamente ellos amenazan con robarles todo, y lo han hecho”, contó una fuente que, por su integridad física, pidió mantenerse en el anonimato.
Aunque es conocido que estas bandas trafican, se desconoce cuánto se puede traficar por esta zona. Las pequeñas bandas pueden mercadear de forma ilícita gasolina, gasoil y cualquier otra mercancía, siempre y cuando no se metan con el narcotráfico. La guerrilla del ELN hace, incluso, una “especie de inspecciones” a diferentes botes para verificar que lo que trafican no sea droga, y los dejan seguir navegando.
Tan ausente está el Gobierno Nacional en esta parte de Venezuela, que semanas atrás ocurrió un derrame petrolero en las costas de Trinidad y Tobago, que llegó a la parte deltana donde existen reservas de manglares afectadas por la contaminación. A pesar de la responsabilidad del gobierno caribeño en este hecho, el Estado venezolano no ha hecho ningún reclamo en contra de esa nación para seguir evitando que ocurran estos accidentes contra el ecosistema.
Mientras tanto, esta región alejadísima de los centros más poblados del país, continúa bajo el poder del ELN y otros grupos irregulares, que someten a la población en su mayoría indígena, para que sigan sus reglas, mientras que el Estado los ha dejado a su suerte sin ningún tipo de protección, a pesar que está establecido en los artículos del 119 al 126 de la Constitución Nacional que, entre otros aspectos, señala que el Estado está en el deber de salvaguardar la integridad y soberanía nacional de los pueblos ancestrales.
