Entre el 8 y 9 de enero de 2021 fueron asesinadas 14 personas, según registros del Monitor de Víctimas, en un operativo policial en la parroquia. Durante la presentación del informe “25 años de ejecuciones extrajudiciales en Venezuela”, Marino Alvarado, coordinador de investigación de Provea, expresó que los asesinatos siguen impunes
Caracas. En un año Miyanllela Fernández no ha olvidado ningún detalle del asesinato de su hijo mayor, Richard de Jesús Briceño Fernández. A las 9:00 a. m. del viernes 8 de enero de 2021, el joven recibió dos disparos, que ella escuchó mientras unos funcionarios la retenían dentro de su casa.
“Lo arrodillaron frente a la casa de mi vecina y yo gritaba que no se arrodillara. Le supliqué a los funcionarios, les decía que él era sano y no quería que se muriera desangrado. Lo mataron en mi cara”.
Una comisión de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) entró a la casa de Miyanllela, donde había dos menores de edad, entre ellas la hija de Richard, de un año y medio. Sacaron al joven, aunque él les explicó que trabajaba en una cauchera y no era delincuente. A las cuatro mujeres que estaban dentro de la casa las retuvieron los efectivos.
Cuando Miyanllela volvió a ver a su hijo los funcionarios lo trasladaban al hospital Pérez Carreño. Y en la escena del suceso vio cómo ponían un arma y casquillos para simular que él se enfrentó a las autoridades. Al día siguiente confirmó que el cadáver de su hijo estaba en la morgue del centro asistencial. “Entré de nuevo a mi casa, lloré, grité, maldije, me volví loca. Luego salí a buscar a mi hijo al hospital. No me importaba que en todo el barrio hubiesen tiros por todos lados y pudiera recibir una bala perdida. Ya me habían quitado la vida, todo”.
Richard tenía 23 años. Su nombre figuró en la lista de personas asesinadas, e identificadas por sus familiares, en una masacre durante un operativo policial en La Vega, entre el 8 y 9 de enero de 2021. El Monitor de Víctimas confirmó la muerte de 14 personas, mientras que la organización Provea aseguró que se trató de 23 víctimas.
El Manual de clasificación de delitos del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) define a las masacres como homicidios masivos, las muertes de cuatro o más personas ocasionadas por las acciones ilegales de terceros.
La incursión de comisiones mixtas en la comunidad se efectuó para capturar a miembros de grupos criminales que operaban en la zona. Crónica.Uno conoció, a través de testimonios anónimos de vecinos, que desde diciembre de 2020 presuntos miembros de la megabanda del Coqui estaban en la zona.
La megabanda liderada por Carlos Luis Revette, apodado el Coqui, junto con Garbis Ochoa y Carlos Alfredo Calderón, conocido como el Vampi, operaba en la Cota 905, El Cementerio, El Valle y, según expertos en criminología, tenían aliados en los estados Miranda y Aragua.
En los meses posteriores a la muerte de Richard, Miyanllela se topó en varias ocasiones con el funcionario que, presuntamente, le disparó a su hijo y con otros dos efectivos que estaban en el lugar. Su nietas, de cinco y dos años, se ponen nerviosas cuando ven a hombres identificados con uniforme policial.
Tiene rabia. Habla con indignación cuando se refiere al caso de su hijo mayor. “Si yo hubiese sabido que a mi hijo lo iban a matar, la primera que lo hubiese sacado de ahí hubiese sido yo. Si él fuese delincuente, no se quedaba en la casa esperando que llegaran ellos (las FAES) a matarlo”.
La madre esperó seis días para enterrar a Richard. Los trámites en la medicatura forense de Bello Monte se demoraron. Una comisión policial escoltó el cadáver del joven hasta el cementerio de El Junquito, donde Miyanllela consiguió una fosa prestada. No hubo oportunidad de velorio.
“El cuerpo de mi hijo salió de la morgue al cementerio escoltado como si fuese el Chapo Guzmán”.
Amnistía Internacional hizo una investigación a través de fuentes abiertas de la masacre en La Vega, entre el 6 y el 9 de enero de 2021, y concluyó que hay suficientes indicios para considerar que se cometieron presuntas ejecuciones extrajudiciales que podrían constituir crímenes de lesa humanidad.
De acuerdo con Marino Alvarado, director de investigación de Provea, un año después ningún funcionario policial que participó en el operativo, o de la cadena de mando, es investigado por la masacre de La Vega. “Reina la impunidad”, dijo durante la presentación del informe “25 años de ejecuciones extrajudiciales” de Provea.
El párroco de la parroquia La Vega, padre Alfredo Infante, añadió que luego de que los vecinos protestaron por el derecho al agua potable y otros servicios públicos fueron objeto de operativos policiales que ocasionaron los enfrentamientos entre bandas y fuerzas del Estado.
“Se constató que muchas de las personas fueron ejecutadas y no estaban involucradas en la confrontación ni pertenecían a las bandas. Hasta el día de hoy la masacre se mantiene en total impunidad”.
Familiares de otras víctimas relataron que, presuntamente, los funcionarios entraron a sus viviendas y sacaron a los jóvenes, luego simularon enfrentamiento. En el operativo también se registraron algunos robos de pertenencias de las viviendas a las que ingresaban los uniformados.
En enero de 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le insistió al Estado venezolano en su recomendación de disolver las FAES e investigar las muertes que ocurrieron en La Vega, así como a sancionar a los responsables.
Meses de balaceras en La Vega desplazaron a vecinos
Posterior a la masacre de La Vega, las bandas continuaron con el control de la zona e inició una serie de balaceras en el sector, aproximadamente desde abril, que se incrementaron con el paso de los días e hicieron que los vecinos vivieran una pesadilla.
Testigos consultados por Crónica.Uno contaron que los presuntos delincuentes habían construido garitas en la zona montañosa del sector El Carmen, en La Vega, así como trincheras, desde donde disparaban hacia la parte baja cuando veían a algún funcionario acercarse.
Los tiroteos cada vez fueron más frecuentes y los vecinos comenzaron a desplazarse a casa de familiares o amistades en otras zonas de Caracas, o fuera de la capital, por temor a que una bala perdida entrara a sus viviendas, como le sucedió previamente a varios habitantes.
El asesinato de Leonardo Polanco, apodado el Loco Leo, y líder de la banda homónima aliada de la megabanda de la Cota 905, que operaba en El Valle, desencadenó casi tres días de conflicto armado que paralizó al menos cinco parroquias de Caracas. Cifras oficiales indicaron que fallecieron 22 supuestos delincuentes en presuntos enfrentamientos, 12 de ellos estaban identificados.
Durante este conflicto armado de casi 72 horas, Crónica.Uno conoció de personas que se desplazaron de sectores de La Vega, la Cota 905, El Cementerio y Coche, pues los funcionarios habían tomado las comunidades y temían por la vida de los jóvenes de las familias.
Jóvenes de zonas populares víctimas de ejecuciones extrajudiciales
El párroco Alfredo Infante, director de Derechos Humanos del Centro Gumilla, sostuvo que un indicador de las ejecuciones extrajudiciales es que la mayoría de las víctimas son jóvenes, masculinos y de sectores populares. “Esa combinación de joven, más masculino, más origen popular es igual a criminal hasta que no se pruebe lo contrario, sumado a la idea de que el criminal en este país no tiene derechos humanos y por tanto el joven de origen popular, considerado criminal o potencial criminal, es enemigo público y merece la muerte”, sostuvo durante la presentación del informe “25 años de ejecuciones extrajudiciales en Venezuela”.
Lupa por la Vida, un proyecto del Centro Gumilla y Provea, arrojó que en el año 2020 los operativos policiales fueron más letales que la pandemia de COVID-19. Según el monitoreo nacional de ejecuciones extrajudiciales del proyecto, la violencia institucional y militar provocó el asesinato de 7180 personas, desde enero 2015 hasta junio de 2021.
Un año después de la masacre de La Vega, y seis meses después de las balaceras que paralizaron cinco parroquias de Caracas, los habitantes temen que las bandas criminales regresen a tomar el control.
