Ramón Martínez y Teresa Figueroa de 62 y 75 años, respectivamente, sobreviven en un precario rancho levantado con viejas y oxidadas láminas de zinc. La humilde vivienda está ubicada en el sector 19 de Abril en plena avenida Bella Vista de Maturín, estado Monagas. No cabe la menor duda el grado de pobreza en el que viven.
El estado Monagas es una región ubicada en la parte nororiental de Venezuela, con una superficie de 28.900 kilómetros cuadrados. De acuerdo al censo realizado en el año 2016, esa entidad federal posee una población de 1 millón 216 mil 159 habitantes (31,33 habitantes por kilómetro cuadrado.
Se trata de una zona que cuenta yacimientos de petróleo debido a que parte de la Faja del Orinoco (uno de los ríos más importantes de América del Sur) se encuentra al sur de esta región. La actividad petrolera ha impulsado no solo la construcción, la actividad financiera y el sector servicios, sobre todo en la capital, es decir, en Maturín, donde Ramón y Teresa tratan de sobrevivir.
Esta pareja de abuelos no la ha tenido fácil en los últimos meses, ya que el pasado 4 de febrero de 2023 lo perdieron todo en un incendio que acabó con su vivienda y quedaron solo con lo que tenían puesto. Cuentan que el siniestro se produjo mientras hacían unas diligencias en el centro de la ciudad. Se presume que un corto circuito inició las llamas y fueron unos vecinos quienes los llamaron para darles la terrible noticia.
Tras el incendio, los mencionados adultos mayores fueron llevados a un refugio, pues a pesar de tener hijos, ninguno se ofreció a ayudarlos o por lo menos ofrecerles estadía temporalmente. No obstante, el tiempo de permanencia en dicho refugio fue de apenas un mes, ya que según afirmaron, las condiciones en ese lugar no eran las más óptimas, por lo que decidieron volver a lo que quedó de su vivienda.
Prácticamente con las uñas, Ramón fue levantando el rancho con los desechos que conseguía así como con desvencijadas láminas de zinc. Aseguran que durante varios días, les tocó dormir en la calle o a la intemperie mientras construían la improvisada “vivienda”.
Ambos aseguran que meses atrás el gobierno regional les ofreció ayuda con electrodomésticos, colchones y hasta una casa, pero hasta los momentos nada de eso se ha cumplido. “Todo quedó en promesas”, indican entristecidos.
“Hace tiempo nos ofrecieron una cocina y un colchón, pero cuando fuimos a buscarlos, nos notificaron que ya habían sido entregados a otras personas”, dijo Martínez.
La pareja de abuelos prosiguió contando lo siguiente: “Nosotros no tenemos nada, ni lavadora, nevera o cocina, Para colmo el ventilador que teníamos se quemó y en el día no podemos estar dentro del rancho porque el calor es sofocante. Mi esposa sufre de la tensión y de problemas respiratorios y por eso no puede estar cocinando en el fogón porque el humo le hace daño, además, cuando llueve vivimos atemorizados porque en la parte de afuera se acumula el agua y hasta se mete dentro de la casa”, relató Martínez.
Narran los afectados que tratan de sobrevivir con el llamado “Bono de Guerra Económica”, un subsidio mensual que otorga la administración de Nicolás Maduro y la pensión de vejez, de apenas 130 bolívares, equivalentes a 4,4 dólares mensuales para el momento de redactar este trabajo especial.
La precariedad llega a tal punto que al no contar con una nevera para refrigerar sus alimentos, no pueden guardar comida porque se descompone fácilmente por el intenso calor que hace en la zona. Apenas pueden comer dos veces al día. Monagas es un estado que limita, al Norte, con el estado Sucre, al sur con Anzoátegui y Bolívar y al Este con Delta Amacuro, regiones de climas de elevados promedios de temperatura.
Teresa Figueroa, una paciente hipertensa y con afecciones respiratorias, debe tomar medicamentos a diario, pero dice que solo los compra “cuando puede”. Lamenta que no ayuda a su esposo cuando toca cocinar los alimentos debido a que solo poseen un fogón (cocina rústica de leña) que improvisaron en la parte externa de la casa.
“Mi esposo Ramón es el que siempre cocina, yo no puedo acercarme al humo porque me ahogo”, indicó la septuagenaria.
Figueroa confiesa que no es fácil vivir en esas condiciones, por el contrario, califica como “deprimente” su actual situación de extrema pobreza.
“El mayor temor que tenemos es cuando llueve, ya que las goteras son abundantes y en la entrada de la vivienda se acumula gran cantidad de agua e incluso amenaza con anegar esos precarios espacios. Cuando llueve hasta las esperanzas y las ganas de vivir se nos humedecen”, aseguró la mujer.
Teresa Figueroa mostró su humilde vivienda y dijo que es evidente que tienen necesidades extremas. Explicó que le gustaría que alguien les tienda una mano amiga.
“El mismo día que la casa se quemó hablamos con el gobernador, Ernesto Luna, pero no nos ayudó. Somos unos abuelos enfermos y lo único que queremos es tener una casa digna donde vivir y pasar nuestros últimos años”, precisó Teresa visiblemente afectada.
Al ser consultada sobre sus hijos Figueroa se limitó a decir que ellos pensaron que le iban a ofrecer un espacio, pero no fue así.
“Al quedar en la calle nos llevaron a un albergue, pero allí no estábamos cómodos y es por esa razón que tuvimos que regresar a nuestra casa que es algo propio. Todo esto lo hemos hecho con nuestras propias manos”, informaron ambos.
Aseguran ser “valientes” para vivir en medio de tantas precariedades y debido a estas condiciones se han enfermado con afecciones respiratorias y de infecciones en la orina, en consecuencia, se han visto en la obligación de buscar farmacias donde venden medicamentos mucho más económicos.
“Acá nadie ha venido a brindarnos una ayuda de absolutamente nada, ni el gobernador ni la alcaldesa. Estamos olvidados por completo, solo nos ofrecieron unas cosas pero quedó en promesa. En mi caso uso un conocido medicamento para la hipertension, pero lo compro cuando puedo. En el mejor de los casos comemos dos veces al día”, acentuó con nostalgia Teresa.
El artículo 80 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece, entre otras cosas, lo siguiente: “El Estado garantizará a los ancianos y ancianas el pleno ejercicio de sus derechos y garantías. El Estado, con la participación solidaria de las familias y la sociedad, está obligado a respetar su dignidad humana, su autonomía y les garantizara atención integral y los beneficios de la seguridad social que eleven y aseguren su calidad de vida”.
No obstante, el artículo 82 de la Carta Magna indica: “Toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada, segura, cómoda, higiénica, con servicios básicos esenciales que incluyan un hábitat que humanice las relaciones familiares, vecinales y comunitarias”.
Teresa y Ramón lamentan que deben seguir sobreviviendo con algún bono que “les cae” a veces (se refieren al depósito que les hacen en su cuenta bancaria). Sienten mucha preocupación porque no tienen nevera y eso no les permite conservar los pocos alimentos que logran adquirir.
“La poca comida que conseguimos se nos daña muy rápido, lo que preparamos en la mañana no lo podemos guardar para la tarde”, expresó Teresa Figueroa.
Insistió en varias oportunidades que el único ventilador que tenían se dañó hace pocos días y ahora no pueden estar durante el día dentro del rancho debido al intenso calor que hace. Manifiestan que el gobierno debió tenderles la mano ya que allí ocurrió un siniestro donde pudieron haber perdido la vida ambos.
“Todo lo que prometieron quedó en eso, en simples promesas”, expresó.
En Venezuela existen unos 45 mil Consejos Comunales, grupos sociales que permiten ejercer directamente la gestión de las politicas públicas y proyectos orientados a responder a las necesidades y aspiraciones de las comunidades.
A petición del fallecido presidente Hugo Chávez Frías, desde el año 2006, esta forma de organización comunitaria contó con un instrumento legal denominado Ley de los Consejos Comunales.
Teresa Figueroa relató que los voceros del Consejo Comunal de la zona donde viven les ofrecieron ayudarlos entregándole una casa o apartamento de esos que se construyen a través de la “Gran Misión Vivienda Venezuela”, pero esa promesa tampoco se ha hecho realidad.
Los infortunados abuelos no dejaron pasar la oportunidad para reiterar su llamado al gobernador oficialista, Ernesto Luna, y a la alcaldesa de Maturín, Ana Fuentes, para que se aboquen en brindarles apoyo en lo que necesitan: una vivienda digna donde puedan pasar los ultimos años de sus vidas.
Teresa y Ramón, no han recibido el trato digno que merecen los adultos mayores y que se encuentra establecido en la Carta Magna de Venezuela. Su situación actual es de total indefensión, de hecho, en el caso de estas personas de avanzada edad, se violan los derechos humanos, según lo contemplado en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, promulgada el 10 de diciembre de 1948, y que indica lo siguiente:
“Todos nosotros y nuestras familias tenemos derecho a contar con las condiciones adecuadas de vida para gozar del bienestar y de la salud, incluyendo la alimentación, el vestido, la vivienda, la educación, los cuidados médicos en caso de enfermedad y los servicios sociales necesarios”.
Agrega: “Si no podemos obtener sustento porque no encontramos un puesto de trabajo, estamos enfermos, somos demasiado mayores, por viudez, o por cualquier otra causa que no hemos deseado, tenemos derecho a que nos brinden protección social”.
Este es un trabajo especial realizado para el portal de noticias: Qué pasa en Venezuela.
