Migración indígena, otra cruda realidad ignorada por el chavismo

La falta de empleo principalmente, pero también de atención médica y desnutrición infantil, son algunas de las causas por las que familias del Bajo Delta han decidido migrar a la población de Barrancas del Orinoco, capital del municipio Sotillo al sur del estado Monagas, y apostarse a orillas del río Orinoco.

Aseguran que en esta zona del oriente ha mejorado un poco su situación, ya que son atendidos en jornadas médicas, vacunación, pruebas de VIH y la venta de las bolsas de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (Clap).

Nelson Báez, quien hace más de tres meses tuvo que migrar con su pareja y sus siete hijos a Monagas, cuenta que vivía en la comunidad Volcán de Arawao, parroquia Manuel Renaud del municipio Antonio Díaz al este del estado Delta Amacuro, debido a la falta de atención gubernamental. Afirman que aun cuando el alcalde chavista, Amado Heredia, es de origen warao, poco o nada ha hecho para mejorar las condiciones de las comunidades indígenas.

Báez explica que el principal motivo por el que muchas familias se van a otros estados, es el alto índice de desempleo que existe, por lo que deciden irse con sus parientes navegando en pequeñas embarcaciones hasta Barrancas del Orinoco, en un viaje que demora varios días. Aunque por la propia zona de El Volcán de Arawao puede resultar más corto el trayecto, asegura que evitan esa ruta debido a los ladrones que pueden conseguirse en el camino.

“Con 40 años, tengo siete hijos y me gradué de bachiller en el 2008, todavía estoy desempleado. Lo que hago es trabajo de caletero (cargar bultos pesados en una carretilla o carrucha) en el mercado. Con la pesca es que también uno se ayuda, tanto a su familia como para vender. Aquí (en Barrancas) estamos un poco mejor, ya que el alcalde José Maldonado nos ha atendido con jornadas médicas, la venta de las bolsas del Clap, vacunación para niños y adultos, así como pruebas de VIH”, narró Nelson Báez.

Solo en esa población de Monagas, se estima que unas 60 familias provenientes del Bajo Delta se han establecido en Barrancas en busca de mejor calidad de vida. Unos han improvisado sus chozas cerca del malecón a orillas del río y otros decidieron establecerse en la llamada “islita”, ubicada al otro extremo del río.

Pueblos desasistidos

Para el investigador y docente del Centro de Estudios y Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela, Emiliano Terán, es muy importante resaltar las causas del problema de migración interna de los pueblos indígenas para mirar el problema desde una justa dimensión y poder implementar políticas que sirvan para esta población indígena, específicamente la etnia warao en el Delta Amacuro. Una de las razones de esta movilización son las históricas condiciones de impacto socioambiental, étnico, territorial y cultural desde el siglo XX.

Por ser una comunidad mayormente de agua, los waraos se enfrentan a graves problemas de contaminación en los ríos como derrames petroleros, desechos industriales y de mercurio, que traen como consecuencia una gran proliferación de enfermedades. Esta situación ha venido generando grandes impactos en las condiciones de vida de los indígenas, y por la lejanía territorial, hay poca presencia del Estado, por lo que se podría decir que el pueblo warao ha sido históricamente uno de los más abandonados y afectados, explica el sociólogo.

“El Gobierno Nacional carece básica y fundamentalmente de una política sobre pueblos indígenas, partiendo inclusive de deudas históricas, como la demarcación y titulación de tierras indígenas que está consagrado en la Constitución que ha quedado bastante incompleta. Menos del 50 % de estas tierras se encuentran demarcadas y tituladas. La demarcación hace muchos años que se detuvo y allí hay una deuda que seguramente podría dar cuenta de otro tipo de alternativas en las cuales haya más autonomía en la gestión de los territorios por parte de las comunidades indígenas”, detalla Terán.

El investigador, quien además forma parte del Observatorio de Ecología Política, señala que la propia situación de crisis humanitaria que vive el país y la carencia de políticas indígenas, hace que estos desplazamientos internos no sean abordados por el Estado.

Mayor desplazamiento

Omar González, quien también se vio forzado junto con su familia a migrar de la comunidad El Volcán de Arawao, al sur de Monagas, detalla que históricamente los waraos se desplazaban de una comunidad a otra, pero que volvían a su lugar de origen.

Sin embargo, el fenómeno actual ocurre en mayor cantidad por falta de oportunidades y también el impacto negativo en el ambiente que afecta la calidad de vida de los pueblos indígenas.

“En el Bajo Delta hay muchos casos de niños con desnutrición, porque no hay fuentes de empleo, y la gobernación y la alcaldía no atienden a las comunidades indígenas. Aquí (en Barrancas) agradecemos que por lo menos el alcalde ha brindado atención a las familias warao. A las autoridades en Delta Amacuro le pedimos que atiendan a los pueblos aborígenes, porque la falta de atención es una de las causas por la que está ocurriendo la migración a otros estados”, expresa González.

Dificultad en asistencia humanitaria

El sociólogo Emiliano Terán destaca, además, las dificultades que desde hace muchos años han tenido organizaciones nacionales e internacionales para la asistencia humanitaria en alimentación y medicinas, porque el régimen ha sido muy celoso en este tema.

Recuerda que esto ocurrió durante la pandemia del covid-19, ya que hubo mucha dificultad en que otras organizaciones brindaran mayor asistencia en situaciones como la propia pandemia o casos de salud como deshidrataciones y diarreas en niños, malaria y otro tipo de enfermedades muy extendidas en la Amazonía venezolana, por lo que considera esta traba debería ser sorteada para mejorar las condiciones en los sectores que han migrado.

A su juicio, se debe retomar una política pública de atención a los pueblos indígenas, porque desde hace años se perdió y más en esta crisis humanitaria en la que el régimen prioriza la entrega de bienes públicos para una supuesta recuperación económica a costa de los derechos humanos e indígenas.

Territorios arrasados

El investigador de la UCV resalta que los waraos forman parte de las 29 comunidades indígenas del país. Precisa que son uno de los sectores más vulnerables de la población que se encuentran en la Amazonía venezolana, que comprende los estados Delta Amacuro, Monagas, Bolívar y Amazonas, territorios que están siendo arrasados por la minería ilegal.

Destaca el terrible impacto que no solo son ambientales, sino integrales, ya que tiene que ver también con la persistencia cultural y la seguridad de los pueblos indígenas que están siendo violentados por grupos armados irregulares, y es un problema que necesita ser abordado.

“Se necesita defender la Amazonía y al mismo tiempo garantizar la vida en un contexto de crisis humanitaria de los pueblos indígenas, en la cual se tiene que tomar medidas reales de fondo para vencer o desplazar el problema de la minería ilegal. La salud y alimentación son otros de los temas que deben ser atendidos con mayor interés”, recalca el investigador.

Y continúa relatando el drama de los indígenas: “Hace poco hubo una crisis en territorio yanomami detonado por el hambre y la minería ilegal, tanto del lado brasileño como del territorio venezolano. En tal sentido, es fundamental que se tome en cuenta el problema de la salud y se dedique mayor interés, apoyo internacional, mayor institucionalidad y minimizar los impactos con políticas más coherentes en relación a este tema”, precisa Terán.

El sociólogo considera que se debe permitir que las ayudas humanitarias en torno a la salud puedan realmente apoyar en todas las debilidades que siguen existiendo no solo en los territorios warao, sino con los yukpas, barí y japreria en la Sierra de Perijá, donde hay varios tipos de enfermedades bastante delicadas que ponen en juego la salud de los indígenas.

Señala que muchos de ellos han muerto por enfermedades que se podían prevenir teniendo un sistema de salud relativamente bueno y llevando a cabo operativos que pudieran estar dotando de medicinas a estos pueblos y así atenuar la grave situación que existe.

El problema del hambre es muy delicado, porque la economía de los pueblos indígenas está siendo desplazada por la minería ilegal. Los habitantes deben optar entre hacer minería ilegal o morir de hambre por falta de otras fuentes de trabajo.

El tema de la seguridad agrega que los territorios están siendo arrasados por economías ilícitas y no hay protección que garantice que puedan estar tranquilos en su ambiente, al punto que muchas comunidades indígenas han tenido que conformar guardias territoriales para crear defensas ante los grupos que los violentan.

Algunas familias indígenas no soportan esa violencia y huyen a las ciudades, donde sobreviven pidiendo dinero en los semáforos, calles y avenidas, una escena común en las entidades del oriente venezolano.

Aunque el régimen chavista se jacta en la atención de los pueblos indígenas y hasta de haber creado un ministerio exclusivo para atender asuntos de este sector de la población, la realidad desnuda una tragedia: los waraos y otras comunidades aborígenes en Venezuela viven en deplorables condiciones, que atentan contra su vida y su legado ancestral.