“Hace falta en nuestro país una revolución que estremezca, que sacuda, que transforme el sistema de justicia del país”, indicó
Nicolás Maduro anunció la creación de una comisión, presidida por el diputado Diosdado Cabello, para hacer una “revolución judicial” en un lapso de 60 días.
“Anuncio la creación de una comisión especial para la conducción de la revolución judicial en todo el sistema de justicia venezolano presidida por el compañero Diosdado Cabello Rondón”, indicó Maduro al encabezar un Consejo de Estado.
Como vicepresidenta de la comisión nombró a su esposa, la también diputada Cilia Flores, y como secretaria ejecutiva a la magistrada Lourdes Suárez Anderson.
Hizo este nombramiento luego de señalar que en Venezuela “hace falta” la construcción de una “revolución profunda y acelerada del sistema de justicia nacional”.
“Hace falta en nuestro país una revolución que estremezca, que sacuda, que transforme el sistema de justicia del país”, indicó al tiempo que informó que ya Cabello tiene preparada una “documentación” para ejecutar el plan con el que busca transformar el sistema judicial.
La comisión, explicó Maduro, deberá solucionar en un plazo de 60 días el hacinamiento en los centros de detención preventiva y garantizar el paso de los de reclusos de estos centros a las cárceles.
Para ello, continuó el mandatario, tienen que presentar un plan en un “breve lapso” que permita los “cambios estructurales” a través de reformas y creación de nuevas las leyes.
Por su parte, el diputado Cabello, vicepresidente del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), indicó que la comisión se ha puesto como plazo un mes para visitar todos los centros penitenciarios del país y revisar las causas judiciales
Esto, dijo Cabello, “nos va a permitir que, 30 días después, nosotros tengamos desocupados los centros de reclusión preventiva”.
El Gobierno venezolano viene poniendo atención a los centros penitenciarios desde hace más de un mes.
El 12 de mayo publicó en la Gaceta Oficial un decreto en el que establece que las autoridades de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) debían “transferir al Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario el ejercicio de las funciones de custodia de personas privadas de libertad, en el plazo de treinta (30) días”.
La situación ocasionó el rechazo de la oposición pues señaló que esto implicaba el traslado de los “presos políticos” a cárceles comunes.
