El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó este viernes la resolución por medio de la cual renueva por dos años más los mandatos de la Oficina del Alto Comisionado y de la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos que investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.
El proyecto de resolución, identificado como L.41, fue presentado con el patrocinio de 48 países, y contó con con 19 votos a favor, 23 abstenciones y 5 votos en contra.
La resolución expresa una “condena enérgicamente todas las vulneraciones y transgresiones del derecho internacional de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela, algunas de las cuales, según la misión internacional independiente de determinación de los hechos, pueden constituir crímenes de lesa humanidad”.
El documento también insta al régimen de Nicolás Maduro a que aplique “de forma plena e inmediata” las recomendaciones recogidas en los recientes informes de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de la misión internacional independiente de determinación de los hechos, y lamenta que la mayoría de las recomendaciones formuladas en sus informes anteriores no se hayan aplicado.
El Consejo manifestó su “profunda preocupación porque la continua erosión del estado de derecho, la inseguridad de la permanencia en los cargos, la falta de transparencia en el proceso de nombramiento de jueces y fiscales, la precariedad de las condiciones de trabajo y las injerencias políticas, incluido el reciente nombramiento de magistrados del Tribunal Supremo”.
Advierten que estos magistrados “carecen de independencia, siguen socavando la independencia del sistema de justicia, contribuyen a la impunidad y a la persistencia de las violaciones y transgresiones de los derechos humanos, inciden en el acceso de las víctimas a la justicia y obstaculizan la celebración de elecciones libres y limpias”.
