La graves crisis humanitaria, política, económica y social que atraviesa Venezuela fue otra vez un tema importante de la agenda en la 51 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, que se celebra en Guatemala y culmina este viernes. Los ministros de Exteriores y jefes delegados de Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Paraguay, Estados Unidos y Uruguay dejaron en claro su postura sobre el régimen de Nicolás Maduro, la cual contrastó con el poco o nulo apoyo de otros países de la región.
Por Infobae
En una declaración conjunta, expresaron su profunda preocupación por la continua alteración del orden democrático y el deterioro de las condiciones políticas, sociales, económicas, humanitarias y de seguridad en el país caribeño, todo esto además agravado por la pandemia del COVID-19.
“Exigen la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos, el cese de las persecuciones, el respeto a la independencia de los partidos, la libertad de expresión y de prensa, y el restablecimiento del pleno respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales”, dice la declaración conjunta sobre la situación del país caribeño.
Según la ONG de Venezuela Foro Penal, en Venezuela hay 252 presos políticos. Del total de reos, 237 son hombres y 15 son mujeres, de los que uno es menor de edad. Y 120 son civiles y 132 militares.
En el documento, anuncian que están atentos a la decisión anunciada por el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), quien el pasado 3 de noviembre decidió avanzar hacia una investigación formal sobre los supuestos crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen de Nicolás Maduro a partir del 2017.
“Toman nota del informe de la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos de las Naciones Unidas sobre la República Bolivariana de Venezuela, el mismo que basándose en documentación detallada, encontró motivos razonables para creer que se han cometido delitos de lesa humanidad”, dice el texto.
Sobre este punto, Luis Almagro pidió que “se permita trabajar” al fiscal de la CPI, Karim Khan, que indagará sobre los supuestos crímenes en Venezuela, pues, dijo, “queremos memoria, justicia, verdad y no repetición”.
En la declaración conjunta, los 13 países miran de cerca las negociaciones facilitadas por el Reino de Noruega, que tienen lugar en la ciudad de México, e instan al régimen de Maduro a retornar a la mesa de negociaciones sin demora.
“Confían en que, una vez reanudadas las negociaciones, resulten en la restauración de la democracia, en una solución integral a la grave crisis política, social, económica y humanitaria que afecta al pueblo venezolano, así como en la celebración de elecciones presidenciales y legislativas libres, justas y transparentes, bajo observación internacional creíble”, dice el texto.
“Recuerdan que los elementos esenciales de la democracia representativa incluyen el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos”, agrega el texto.
Por otra parte, durante la sesión de este jueves, la crisis en Nicaragua y los desafíos post pandemia fueron los temas centrales de la segunda, cuestiones que comenzaron a ser discutidas este miércoles en la apertura de sesiones.
En el inicio del segundo día de debate, en el punto de aprobación del temario, se quejó el representante del régimen de Daniel Ortega. “Rechazamos de la manera más categórica la inclusión (de la situación en Nicaragua) en el temario. Exigimos que todos los estados miembros respeten los principios de la soberanía nacional”, indicó Michael Campbell Hooker, delegado del país centroamericano.
Y siguió: “Las elecciones fueron libres, transparentes y soberanas. Nicaragua se respeta. Solicitamos que conste en acta nuestro rechazo a este punto del temario”. Pese a su intención, el tema estará en la agenda como estaba estipulado dado a que fue aprobado su tratamiento.
En el punto referido a las credenciales, la representante de México, Luz Elena Baños Rivas, protestó porque la oposición venezolana, liderada por Juan Guaidó, tiene representación en la OEA, ejercida por Gustavo Tarre Briceño. Pidió que se incluya una nota al pie de página en cada intervención de Julio Borges.
Por su parte, el delegado de Bolivia, Héctor Arce, se expresó en la misma línea e incluso fue más allá: “Bolivia no acepta las credenciales de una supuesta delegación de representantes de la República Bolivariana de Venezuela”.
En tanto, el enviado de Nicaragua manifestó lo mismo: “Rechazamos la inclusión de todo aquel que esté en lugar del gobierno de Nicolás Maduro”.
Argentina también fue en la misma dirección. Su vicecanciller, Pablo Anselmo Tettamanti, dijo: “Argentina entiende que existen normas claras. Deberían tomarse medidas necesarias para corregir estas distorsiones”, subrayó. Y acotó: “Consideramos que es necesario evaluar la situación (de que el gobierno de Venezuela no esté incluido en las sesiones del organismo)”.
El dictador venezolano, Nicolás Maduro, dijo en 2018 que su país se iba de la OEA. Sin embargo, antes de que se cumpliera el plazo para que se concretara la salida, asumió Guaidó y mandó una carta diciendo que Venezuela no se iba a retirar. Ese año, la Asamblea General de la OEA debatió el tema y decidió por mayoría que Venezuela seguía representada en la OEA por Gustavo Tarre.
Desde entonces, los países aliados de Maduro, empezando por México, siempre que hay una asamblea general dicen que no reconocen a Tarre y cuestionan sus credenciales. Pero Argentina nunca se había sumado a ese grupo de naciones que cuestionaban. Esta fue la primera vez.
