El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador se manifestó el viernes en contra de la represión y los encarcelamientos en Nicaragua y Colombia, y planteó que se debe dar libertad al pueblo para que decida en elecciones.
López Obrador se pronunció por primera vez sobre la situación en Nicaragua y Colombia alegando que sobre la defensa de los derechos humanos “podemos opinar de manera muy respetuosa”.
Al ser preguntado durante su conferencia matutina sobre la detención en Nicaragua de 19 opositores, entre ellos aspirantes a la presidencia, empresarios, banqueros y periodistas, el mandatario mexicano afirmó que “se deben de garantizar las libertades y no debe haber represión en ninguna parte”.
“Ni en Nicaragua, ni en Colombia, ni en ningún país del mundo se debe optar por la fuerza. Nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho, y no encarcelar, que sea el pueblo el que de manera libre decida sobre las elecciones”, agregó.
López Obrador dijo que si se actúa garantizando la libertad plena “se impide a quienes están acostumbrados a intervenir en asuntos de otros países que tengan pretexto o excusas para entrometerse”.
El gobernante agregó que espera que en Nicaragua, Colombia y Perú “se resuelva todo por la vía pacífica y que se constituyan gobiernos democráticos, libres, con la legalidad y la legitimidad suficiente, sean de la tendencia que sean”.
La declaración del mandatario se da pocos días después de que México y Argentina no suscribieran un documento, respaldado por 59 países, de condena a la violación a los derechos humanos en Nicaragua y de llamado a elecciones libres y la “liberación inmediata” de los opositores detenidos que se presentó en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra.
La decisión de México de no apoyar la condena a las acciones del gobierno del presidente nicaragüense Daniel Ortega desató críticas de algunos opositores locales como la senadora Lilly Téllez, que señaló que México “es una vergüenza mundial”.
A inicios de semana, México y Argentina llamaron a consultas a sus embajadores en Managua al considerar “preocupantes acciones políticas-legales” las recientes medidas del gobierno sandinista. Ambos países se ofrecieron como facilitadores de un posible diálogo con el presidente Ortega y se abstuvieron de firmar la semana pasada una resolución de condena en la OEA.
Nicaragua por su parte emitió un documento en el que afirma que los arrestos de las últimas dos semanas obedecen a la necesidad de esclarecer si los detenidos violaron una ley aprobada el año pasado en la que se obliga a las oenegés a informar de los fondos extranjeros que reciban.
La justicia nicaraguense también investiga a la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, que se dedica a apoyar a los periodistas nicaragüenses y a la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo (Funides), un centro de investigación económica y social.
Según el gobierno de Ortega, los detenidos, incluyendo cinco candidatos presidenciales, son sospechosos de utilizar fondos extranjeros para socavar la estabilidad del país, y no los reconoce como políticos, sino como “criminales», según dijo Ortega el miércoles en Managua.
“Lo único que este grupo de usurpadores de la oposición tiene en común es su lealtad al gobierno de Estados Unidos de América y el hecho de que, directamente o a través de sus respectivas ONG’s, han recibido millones de dólares en dinero del pueblo estadounidense a través de USAID, NED, IRI y otras agencias, con el objetivo de derrocar al gobierno electo del presidente Comandante Daniel Ortega Saavedra”, lee el documento en que el gobierno nicaragüense plasma su postura ante las denuncias de violaciones a los derechos humanos.
Ls oposición nicaragüense ha calificado la versión del gobierno como una manipulación de los hechos, que claramente demuestran que Ortega busca atemorizar a sus opositores para no tener rivales en las elecciones del 7 de noviembre.
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