La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) lamentó el uso de demandas judiciales civiles y criminales contra dos periodistas del medio digital colombiano Volcánicas, con la supuesta intención de poner freno a investigaciones periodísticas de interés público.
Las periodistas fundadoras de Volcánicas, Catalina Ruiz-Navarro y Matilde de los Milagros Londoño Jaramillo, publicaron en junio de 2020 una investigación que recogió las denuncias anónimas de nueve mujeres contra un conocido director de cine colombiano, Ciro Guerra, a quien acusan por presunto acoso y abuso sexual ocurridos entre 2013 y 2019, según informes de prensa.
Guerra presentó varias acciones de tutela, una demanda civil y otra penal, en las cuales solicitó una cuantiosa reparación por parte de las periodistas, que ascendía a un millón de dólares por presuntos daños y perjuicios causados a su nombre e imagen pública, informó la prensa colombiana.
Entre noviembre de 2020 y 2022, la acción de tutela pasó por distintas instancias y fallos –a favor o en contra de las periodistas o el denunciante–, pero a finales de 2022 la sentencia T-452 de la Corte Constitucional reconoció que las comunicadoras cumplieron con los estándares constitucionales de veracidad, imparcialidad y debida diligencia periodística, no violaron los derechos del cineasta, sino que presentaron un «reportaje de interés público» que diferenció «entre los relatos de las víctimas y su opinión».
El presidente de la SIP, Roberto Rock, expresó que «el acoso judicial es un recurso utilizado para afectar la tarea periodística y desalentar las investigaciones incómodas».
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Carlos Jornet, agregó que «los dilatados procesos judiciales contra las periodistas por parte de una figura pública, aún no resueltos, requieren de una fuerte inversión económica por parte de las demandadas, además de una evidente carga psicológica». A su turno, Martha Ramos, titular de la Comisión de Equidad de Género y Diversidad de la SIP afirmó que «Volcánicas dio voz a las mujeres que carecen de un espacio para denunciar y defenderse y eso es, sin dudas, el ADN del periodismo».
Contra Ruiz-Navarro y Londoño Jaramillo continúa también una demanda por responsabilidad civil presentada por Guerra el 26 de enero de 2021, en la que pide una indemnización millonaria, la eliminación del reportaje y que las periodistas se abstengan de realizar cualquier otro tipo de publicación sobre él en el futuro.
Dentro de este mismo proceso, las periodistas contrademandaron a Guerra y solicitaron una reparación por daños y perjuicios causados a su salud mental y física por el acoso litigioso. La audiencia inicial por el caso está programada para el próximo 4 de marzo.
También se encuentra en fase de indagación otra acción judicial por el presunto delito de calumnia presentada por Guerra en julio de 2020 contra las periodistas.
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