Antes de que SOSOrinoco iniciara su monitoreo del Parque Nacional Yapacana en 2019, esta área protegida remota y relativamente desconocida era famosa por su excepcional biodiversidad dentro de la Amazonía venezolana. Sin embargo, se sabía de actividades mineras desde finales del siglo XX. La situación dio un giro drástico tras el anuncio del decreto ilegal del Arco Minero en 2016, lo que llevó a un aumento significativo de la minería ilegal en todo el Sur de Venezuela. En nuestro primer informe (2019) sobre Yapacana, que incluye imágenes de satélite que evidenciaban la minería en la cima de la montaña, concluimos que Yapacana representaba el área minera más grande y menos regulada en toda la región de la Orinoquía-Amazonía, que abarca tanto a Colombia como a Venezuela. Esta actividad minera desempeñó un papel fundamental en la economía de Colombia y sirvió como la principal fuente de apoyo financiero para el grupo guerrillero ELN.
Para 2020, la situación se había deteriorado aún más. En solo un año, la minería dentro del Parque Nacional de Yapacana se expandió de 2035 a 2227 hectáreas, con un aumento del número de sitios mineros de 36 a 69. Para agosto de 2023, la huella minera asciende a 3.316 hectáreas, de acuerdo a un monitoreo que acabamos de completar. El epicentro económico de Yapacana es Puerto Inírida, la capital vecina del Departamento de Guainía, Colombia, y la región se había convertido en un bastión de las fuerzas disidentes de las FARC y el ELN. Si bien el ejército colombiano ejecutaba ocasionalmente operaciones contra la guerrilla, el área está predominantemente bajo el control de estos grupos guerrilleros.
En 2022, la terrible situación en el parque se documentó meticulosamente a través de un esfuerzo de colaboración entre SOSOrinoco y MAAP, que culminó en un artículo en The Washington Post. Se emplearon imágenes de satélite y testimonios de testigos presenciales para comprobar la veracidad de las afirmaciones del gobierno venezolano, empeñado en afirmar que había reducido las actividades mineras ilegales en la región, encontrándose que no había evidencia de ello.
Los reportes, publicados en junio de 2022 (MAAP #156/169) y que se extendieron hasta enero de 2023 (MAAP #173/174) demostraron una situación desastrosa que el régimen de Maduro se había empeñado inicialmente en ignorar, y que trató de subestimar. La negación de esta realidad continuó hasta noviembre de 2022, después de la asistencia de Nicolás Maduro a la COP27, donde intentó sin éxito posicionarse como el “defensor de la Amazonía.”
En noviembre de 2022 y a lo largo de 2023, el general Domingo Hernández Larez, comandante del Comando Operativo Estratégico, por lo tanto, el jefe operativo de las Fuerzas Armadas venezolanas, lanzó la Operación Autana, una operación militar muy publicitada (principalmente a través de su cuenta X, anteriormente Twitter), con el objetivo de presumiblemente cerrar las minas ilegales en Yapacana. Durante meses, el General afirmó haber desplegado miles de soldados para desmantelar campos mineros, confiscar equipos y desalojar a más de 10 mil mineros, incluidos muchos mineros guerrilleros colombianos. A pesar de las numerosas solicitudes de SOSOrinoco, a través de X, el general Hernández no proporcionó ubicaciones georreferenciadas de las minas destruidas ni evidencia concluyente del cese de la minería en la cima del Yapacana hasta el 25 de agosto.
Los hechos no han cambiado: SOSOrinoco ha georeferenciado 3.316 hectáreas de minas ilegales dentro del Parque Nacional de Yapacana, y las imágenes de satélite confirman que todavía quedan áreas significativamente grandes en las que permanecen intactas estas minas. Miles de mineros continúan operando en Yapacana, ahora, según hemos conocido, bajo el control completo de las Fuerzas Armadas venezolanas, con algunos sectores donde las Fuerzas Armadas estarían permitiendo a los indígenas continuar con la minería ilegal. Aunque no ha habido ninguna reacción o respuesta por parte de los grupos armados ilegales, la destrucción de algunos campamentos y equipos levanta las sospechas de un posible pacto entre la guerrilla y el ejército venezolano para crear la ilusión de éxito mientras la minería persiste a través de medios alternativos.
A SOSOrinoco le gustaría hacer estas preguntas al general Hernández Larez:
¿Por qué las Fuerzas Armadas venezolanas, en particular la ZODI Amazonas, tardaron 15 años en abordar la minería ilegal en Yapacana?
¿No son las Fuerzas Armadas las responsables de prevenir la invasión de áreas protegidas por parte de mineros ilegales?
¿No se habían percatado las Fuerzas Armadas de que habían miles de mineros ilegales destruyendo un parque nacional con minería a cielo abierto, apenas a 100 millas de distancia del cuartel general de la ZODI Amazonas ?
¿Cómo llegaron miles de máquinas, mangueras, combustible y mercurio ilegal a la cima de la montaña dentro de un parque nacional que se supone está celosamente protegido?
Recordamos e informamos a nuestros lectores que en el estado Amazonas de Venezuela, todo el espacio aéreo está bajo control militar y ninguna aeronave puede despegar o aterrizar sin autorización previa.
El desalojo de mineros ilegales es insuficiente; se deben establecer responsabilidades administrativas y penales para todos los cómplices que permitieron esta situación por años, incluyendo la de autoridades civiles y militares que facilitaron este ecocidio y se enriquecieron a través de asociaciones con grupos armados organizados colombianos para explotar el Amazonas venezolano.
Acerca de SOSOrinoco:
Fundada en 2018 por un grupo de expertos dentro y fuera de Venezuela, SOSOrinoco opera de forma anónima, ocultando las identidades de los miembros de su equipo y testigos debido a los altos riesgos asociados con esta investigación en Venezuela. Nuestro compromiso es documentar y llevar a cabo una evaluación en profundidad de la región al sur del río Orinoco, creando conciencia sobre la tragedia que está en curso y proponiendo medidas urgentes para detener este desastre. Nuestro trabajo desde 2019, exponiendo la minería ilegal desenfrenada y ecocida en el Parque Nacional Yapacana, anteriormente conocido solo por un puñado de científicos y conservacionistas, demuestra el poder de la Inteligencia de Código Abierto y de cómo la sociedad civil puede impactar, incluso a los regímenes más criminales, al exponer sus delitos ambientales.
