La mayoría de los inmigrantes que han llegado a Nueva York buscan solicitar asilo en EE.UU., pero una gran mayoría no pueden pagar a un abogado que los asesore, según los resultados de una encuesta presentados hoy por la ONG Se Hace Camino.
EFE
La encuesta «Desplazados y desconectados», la primera que se realiza a los recién llegados y realizada con entrevistas a 766 inmigrantes que están en refugios de la ciudad , reveló que un 93 % de ellos dijeron no poder pagar los servicios de un abogado que les asesorara en su proceso de regularización.
Además, un 97 % no cuenta aún con el permiso de trabajo que exigen las autoridades a los extranjeros, por lo que no han podido insertarse en el mercado de trabajo legalmente, algo que vienen criticando con insistencia el alcalde Eric Adams y la gobernadora Kathy Hochul, que atribuyen esa responsabilidad al Gobierno central.
Ambos han pedido al presidente Joe Biden que acelere los trámites para que los nuevos neoyorquinos puedan trabajar para aliviar la crisis humanitaria pero también financiera debido al flujo de inmigrantes a los que proveen albergue, comidas y educación para los niños, unos servicios que han costado 1.200 millones de dólares (1.122 millones de euros al cambio de hoy) a las arcas municipales, principalmente.
La encuesta -que reúne una gran muestra pero no tiene carácter científico- también indica que el 93 % de los consultados no pueden salir de los albergues porque no cuentan con suficiente dinero o un trabajo fijo y por su estatus legal no reúnen los requisitos para los bonos de vivienda.
El 58 % de los entrevistados -de los que 4 de cada diez es menor de 30 años- dijo que no puede pagar las cuentas médicas o tener acceso a servicios de salud gratis y el 63 % no tiene acceso a clases de inglés.
Un 65 % de los consultados es venezolano -como la mayoría de los que ha llegado con esta ola de inmigrantes- mientras que un 14 % provienen de Colombia, 9 % de Ecuador y 5 % de Perú, entre otros países con menores porcentajes.
El informe hace recomendaciones al Gobierno federal para acelerar los permisos de trabajo y ampliar el Estatus de Protección Temporal (TPS) que permite a los que reúnen los requisitos vivir y trabajar legalmente en el país sin temor a la deportación mientras dure el proceso, y permiso para viajar y regresar al país.
A la ciudad propone que se asignen 70 millones de dólares para servicios legales de inmigración, 100 millones por año para ampliar el NYC Care, un programa de salud sin coste o a bajo coste y que se amplíen los vales de vivienda sin importar el estatus migratorio del recipiente.
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