Por una buena razón, el Amazonas está bajo el foco de atención mundial. Pero esta atención, centrada en Brasil, Colombia y Bolivia, trata la acelerada destrucción de la Amazonia venezolana como algo secundario. Las principales organizaciones internacionales, los ecologistas y los científicos tienden a no abordar esta región vital en sus debates o programas. Si quieren evitar el temido “punto de inflexión” en la destrucción del Amazonas, deben reconocer lo que está ocurriendo en Venezuela.
Traducción libre del inglés por lapatilla.com
Alrededor del 60% del territorio de Venezuela -50.000 kilómetros cuadrados- pertenece al bioma amazónico, lo que supone el 8% de la extensión del bioma. Y lo que es más importante, Venezuela representa casi el 20% del Escudo Guayanés, una formación geológica única en el mundo con una antigüedad de unos 1.700 millones de años. Está muy poblado de bosques y es una de las joyas del bioma amazónico. Pero Venezuela tiene la tasa de deforestación más rápida del Neotrópico (las regiones tropicales del hemisferio occidental) y la quinta más rápida del mundo, con un total de 1,4 millones de hectáreas perdidas entre 2016 y 2021.
Uno de los principales motores de esta deforestación es el marco político que rodea al Arco Minero de Orinoco (AMO). En 2016, el régimen de Nicolás Maduro estableció ilegalmente el AMO sin la aprobación de la Asamblea Nacional, asignándole el 12% del territorio del país, un área más grande que Portugal.
La medida fue diseñada para dar a la actividad minera una apariencia de legitimidad y regulación. Sin embargo, el AMO ha llevado las actividades mineras a un territorio que va mucho más allá de sus supuestos límites. Esto incluye áreas protegidas prístinas, como el Parque Nacional Canaima, Patrimonio de la Humanidad, donde se encuentra el Salto Ángel -la cascada más alta del planeta- y los territorios ancestrales de varios pueblos indígenas, como los pemones, los yanomamis y los yek’wana, entre otros.
Ahora, una caótica carrera de extracción de recursos naturales como el oro, los diamantes, el coltán y las tierras raras está devastando la Amazonia venezolana y, especialmente, su región del Escudo Guayanés. El AMO ha fomentado la minería informal, facilitando los procesos de autorización e inspección y permitiendo que las minas se salten la normativa medioambiental. En este marco, los grupos armados ilegales aliados con el chavismo siguen llevando a cabo operaciones mineras especialmente destructivas, entregando gran parte de la riqueza que extraen a los altos mandos del ejército y del chavismoo. Las autoridades civiles y militares que responden a Maduro y a su camarilla controlan el acceso al combustible, al mercurio, a las motobombas y a las zonas mineras, y se benefician de este control.
The Economist observó recientemente que el mundo está entrando en una era de recopilación de información de fuentes abiertas. El régimen de Maduro ya no tiene el monopolio de la información sobre esta región, por muy remota que sea, y el impacto de sus políticas sobre la gente y el medio ambiente. SOSOrinoco y otras organizaciones como Bellingcat han revelado la dimensión criminal de las políticas mineras del régimen de Maduro al mapear la expansión de la minería ilegal en la Amazonía venezolana. SOSOrinoco puso al descubierto, por ejemplo, un enorme complejo de minería ilegal dentro del Parque Nacional Yapacana, que se ha convertido en un bastión de la guerrilla colombiana. Yapacana es la mayor zona de minería ilegal de todo el bioma amazónico.
En septiembre, una misión de investigación del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDH) publicó un informe largamente esperado que detalla los horrores humanos y ambientales que ocurren en la Amazonía venezolana. Sus conclusiones, junto con los informes de la OCDE, Transparencia Venezuela y SOSOrinoco, entre otros, muestran que los abusos generalizados de los derechos humanos y medioambientales no se deben a una simple negligencia por parte del régimen de Maduro. Más bien, son el resultado de sus acciones y políticas. En septiembre, un informe de la OCDE afirmaba que “las investigaciones indican que todo el oro que se origina en Venezuela debe considerarse de alto riesgo.” Venezuela se ha negado a firmar el Acuerdo de Escazú o a ratificar el Convenio de Minamata, que restringe el uso global del mercurio.
