Le informó al Estado que no iniciará una examen preliminar contra el mandatario tras evaluar “todos los antecedentes disponibles” de los hechos acontecidos durante las protestas en Chile.
Por infobae.com
La Corte Penal Internacional (CPI) informó al Estado de Chile que no iniciará una examen preliminar de las demandas contra el presidente, Sebastián Piñera, por delitos de lesa humanidad presuntamente cometidos en el marco de las protestas que comenzaron el 18 de octubre de 2019.
En un comunicado, el Ministerio de Exteriores chileno detalló que, después de evaluar “todos los antecedentes disponibles”, la CPI ha descartado “fundadamente” que “existan antecedentes sobre situaciones que puedan ser consideradas delitos sobre los que tenga jurisdicción”.
Así, concluyó que “las situaciones que le han sido comunicadas carecen del mérito necesario para abrir un examen preliminar”.
“Sin perjuicio de lo anterior, el Estado de Chile reafirma su compromiso con la búsqueda de la justicia y con el trabajo que realizan la oficina del fiscal (Karim Khan) y la CPI y seguirá cooperando en todo lo que sea necesario y le sea requerido”, concluyó la cartera de Exteriores chilena.
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Imagen de las violentes protestas en Chile (EFE/Alberto Valdés/Archivo)
Varias organizaciones denunciaron a Piñera y otras autoridades políticas y policiales por crímenes de lesa humanidad en abril. El recurso fue presentado a la Corte Penal Internacional por el ex juez español Baltasar Garzón y estaba impulsado por la Comisión Chilena de Derechos Humanos, la Asociación Americana de Juristas y el Centro di Ricerca ed Elaborazione per la Democrazia.
El 18 de octubre de 2019, el pueblo de Chile salió masivamente a las calles para protestar por el alza del precio del transporte público, iniciando movilizaciones que se mantuvieron constantes durante varios meses y que canalizaron el descontento de la sociedad por la apabullante desigualdad.
Las demandas escalaron rápidamente y una de las principales era la redacción de una nueva Carta Magna, ya que la vigente en aquel momento databa de la dictadura de Augusto Pinochet, que cayó en 1990.
El Gobierno de Sebastián Piñera, que declaró el estado de emergencia y un toque de queda para aplacar las movilizaciones, no escuchó las demandas de los ciudadanos en un primer momento, mientras el papel de las fuerzas de seguridad, especialmente los Carabineros, ha sido criticado por posibles excesos cometidos en sus intervenciones.
