Por: Eduardo Martínez
En todos los chats y grupos de discusión la Carta de los “Abajo Firmantes”, ha sido el tema de los debates post Semana Santa. Ningún grupo, reunido virtualmente o en persona, ha escapado de la discusión de este tema.
En general, es negativa la percepción que se tiene de esta carta. Aunque algunos firmantes, relacionados con la actividad de las encuestas, han aludido en su defensa que más del 70% de los venezolanos se pronuncia en contra de las sanciones, a las que están sometidos los jerarcas y enchufados del régimen, y un importante número de empresas estadales e instituciones venezolanas.
En la Venezuela que recorremos cada día, no es imposible que existan personas que estén en desacuerdo con las sanciones, pero resulta dificilísimo encontrarlas.
En cuanto a las sanciones, si bien fueron establecidas políticamente, no es menos verdad que los jerarcas del régimen son presuntamente responsables de la Comisión de delitos de diverso tipo, tanto nacionales como internacionales. Algunos de esos delitos no prescriben y están tipificados en el Estatuto de Roma.
En algunos analistas, prevalece la opinión, de que eso es un hecho que pueda ser utilizado en una negociación, en la búsqueda de una transición o salida a la actual crisis.
La pregunta es que si ¿Eso es negociable? ¿Podemos ignorar y tachar los delitos de lesa humanidad y violaciones de derechos humanos?
En segundo lugar, y no menos importante, es que la carta no se origina de manera espontánea por la bondad e inocencia de unos «afamados» venezolanos.
Considerando todo el panorama y variables, la carta es más una pieza de una estrategia del régimen para construir una realidad que no existe.
Esa construcción de una realidad inexistente, lavado de cara, o de negación de los desmanes o presuntos delitos de Estado, contempla la siembra de la idea de una recuperación económica, un ambiente de paz política en el país, la existencia de instituciones que funcionan, con separación de poderes y de justicia, y el retorno de los que emigraron, entre otros.
La carta, como pieza de esta estrategia, no es otra cosa que un intento de chantaje. Se pretende culpar a las sanciones de la miseria y empobrecimiento del país. Es apelar al buen sentimiento de los venezolanos mostrando los niños desnutridos y enfermos, la falta de medicinas, la escasez de alimentos, etc. Todas situaciones que ya existían antes de que se aplicaran las sanciones.
El chantaje coloca en los lectores de la carta ante una pregunta con sentido de culpa: ¿cómo podemos negarnos a que regresen las operadoras petroleras para que esos pobres niños y la población en general mejore?
Además, la carta oculta otro objetivo en sus palabras: cambiar los negociadores de la oposición, y así lograr unos negociadores adhoc, alineados con su estrategia de regularización, de lo que no está regularizado y de recuperación económica, de una economía que está lejos de recuperarse.
No creemos que los negociadores, que se han sentado a oír al régimen, sean lo mejor. Pero esas audiciones no han avanzado porque es el régimen el que no está dispuesto a ceder en uno solo de los puntos. Pretenden que sea la oposición la que la que ceda.
La carta abona un terreno, sobre el cual no existe, la más mínima posibilidad de una “salida negociada”. Eso no existe en los términos de esta estrategia adelantada por el régimen. Los jerarcas están conscientes, en la poca conciencia que puedan tener, que al salir del poder serán reos de los tribunales por delitos que no prescriben, aquí, en La Haya, en los tribunales federales de la Florida, o en las cortes de aquellos países en los cuales han actuado. Esa es la piedra de tranca.
