Según el resultado de un estudio realizado por la A.C. Espacio Público, el mes de Julio en Venezuela fue protagonizado por el histigamiento y la censura.
Periodistas y medios de comunicación fueron las principales víctimas de las violaciones a la libertad de expresión en julio, mes marcado por el hostigamiento y los actos de censura por parte de funcionarios y organismos del Estado.
En el último mes contabilizamos seis casos y 10 violaciones al derecho a la libertad de expresión. En todo 2023, suman 114 casos en los que hemos registrado la vulneración del derecho de la ciudadanía a informar y mantenerse informada.
Entre las víctimas de julio se cuentan tres medios de comunicación, dos periodistas/reporteros y un particular. Las violaciones fueron perpetradas por tres instituciones del Estado, dos funcionarios y un directivo de medios.
Denuncias silenciadas
El 3 de julio, la ciudadana indígena Nancy Herrera fue intimidada por un funcionario militar y obligada a pedirle disculpas, en compañía de un fiscal del Ministerio Público y personas armadas, por una denuncia que hizo sobre la quema de unos equipos que hacen minería ilegal en el estado Amazonas (sur).
El hecho ocurrió luego de que Herrera increpara a un funcionario de apellido “Maita” en un video que se transmitió por redes sociales. Posteriormente, el efectivo llegó con funcionarios armados al lugar donde estaba la ciudadana y la intimidó para que se “disculpara” mientras grababa. Herrera dijo en otro video que la obligaron a disculparse y que la podían meter presa si no hacía lo que le indicaron.
En el municipio Libertador del Distrito Capital, funcionarios policiales fotografiaron e intimidaron a activistas que protestaban frente a la sede principal de la Fiscalía General, en Parque Carabobo, por la la detención arbitraria, persecución judicial y exposición de 33 hombres detenidos mientras ejercían legalmente su derecho a la asociación.
En el lugar estuvieron presentes activistas de la comunidad LGTBIQ+ diciendo consignas y con pancartas que exigían la libertad plena de los 33 hombres. Aisak Ovalles, activista de la ONG País Plural, denunció que efectivos de Policaracas empezaron a grabar y tomar fotos conforme pasaba el tiempo de la protesta.
Durante la tarde del 11 de julio, personal de Protección Civil del municipio Píritu, en el estado Anzoátegui (noreste), y funcionarios de Polianzoátegui amenazaron con privar de libertad al periodista Jesús Vásquez, lo ofendieron y lo intimidaron por una nota que publicó en Noticostas Venezuela sobre los riesgos que hay en una quebrada del sector La Paz.
Censura y ataques a medios
A través de su cuenta en Twitter, el empresario y dueño del canal privado Globovisión, Raúl Gorrín, hostigó, insultó y amenazó al medio digital El Pitazo por una nota que publicaron reseñando las críticas que le hicieron usuarios de redes sociales por una publicación en Twitter. Gorrín tildó al personal del medio de “cobardes del periodismo”, “tarifados” y “reptiles de la comunicación”.
En otra publicación, Gorrín también atacó al periodista de Armando.Info, Roberto Deniz. El empresario acusó a Deniz de “tarifado”, luego de que el comunicador criticara su postura sobre los candidatos de la oposición.
El mismo 12 de julio, luego de que terminara el debate entre candidatos opositores en la UCAB (Caracas), Gorrín dijo que las plataformas de Globovisión “no serán utilizadas” para lo que asegura son “causas antinacionalistas”, en referencia a las posturas políticas de los opositores.
San Cristóbal, estado Táchira (suroeste), la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) En ordenó el cese de transmisiones y el apagado de los equipos de la emisora local Éxtasis 97.7 FM, luego de 29 años de transmisión desde la capital tachirense.
También en el estado Táchira, el 20 de julio, la Alcaldía del municipio Jáuregui atacó y hostigó al medio digital La Grita 7 Diario, a través de su cuenta institucional en Instagram, por una nota que publicó sobre la presunta paralización de una unidad de hemodiálisis en un Centro de Diagnóstico Integral (CDI) de La Grita.
