Los bajos salarios en Venezuela dificultan la contratación de mano de obra especializada para la producción de bienes o servicios no tradicionales con cierta capacidad exportadora, concluyó la ONG Provea en un informe publicado sobre la “destrucción del salario y de los derechos de la población trabajadora”.
El análisis, elaborado por el economista Manuel Sutherland, señaló que la “devastación del salario” y la “destrucción” del bolívar, producto de una hiperinflación que comenzó en 2017 y terminó el año pasado, “han sido el directo resultado de políticas gubernamentales que han hundido a millones de personas”.
El salario mínimo está en 130 bolívares -a 15,13 dólares a la tasa oficial-, pese a que la ley establece que el sueldo más bajo debe ser suficiente para satisfacer las necesidades principales.
Según estimaciones independientes, la canasta básica, calculada para una familia de cinco personas, está en unos 445 dólares.
“La aniquilación del sistema de seguridad social venezolano forma parte (…) de la tremenda incertidumbre social e indefensión económica en la que millones de trabajadores se encuentran hundidos”, aseguró el informe, que sostiene que las sanciones internacionales agravaron la crisis.
Agregó que la recuperación de los derechos económicos, sociales y culturales “amerita cambios políticos, democráticos y electorales profundos, aunado a transformaciones en la matriz productiva que entiendan la necesidad de respetar el medioambiente, la dignidad del trabajo, la equidad y la sostenibilidad”.
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