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Numerosos los motivos razonables más destacados que tiene la Misión de Determinación de los Hechos sobre lo que ocurre en Venezuela, en materia de la violación de los Derechos Humanos, luego de entrevistar, en persona o a distancia, a 256 personas. Tiene elementos la Misión “para creer que, desde 2020, hubo al menos 58 casos de personas detenidas arbitrariamente”, de las cuales 53 fueron en el marco de la represio?n selectiva de opositores del Gobierno, y cinco en las protestas. La mayori?a fueron detenidas por la Direccio?n General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) o el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
SEBASTIANA BARRÁEZ // INFOBAE
La Misio?n “recibio? informacio?n sobre el uso de tortura psicolo?gica, incluyendo amenazas de hacer dan?o a las parejas e hijos de los detenidos, imponerles mayores periodos o peores condiciones de detencio?n, o someterlos a torturas o violacio?n”.
“Las autoridades venezolanas no investigaron ni sancionaron las torturas y malos tratos, pese a existir denuncias. Ni el sistema de justicia ni la Defensori?a del Pueblo han actuado con la diligencia debida. De esta manera, la impunidad por estos actos en casos que involucran a personas opositoras, o percibidas como tales, sigue siendo la norma”.
Es muy revelador que “los hechos reportados por la misio?n son consistentes con el uso de la tortura y los malos tratos por parte de las autoridades del Estado para generar y perpetuar un clima de temor en la sociedad civil venezolana, y mostrar las consecuencias que podri?an sufrir aquí”.
Algunas personas entrevistadas afirmaron que el impacto de los casos de tortura y malos tratos servi?an para aterrorizar a la sociedad civil e inhibir la disidencia, en particular el mantenimiento de salas de tortura en El Helicoide, asi? como de la “Casa de los Suen?os”, ubicada en Bolei?ta”.
Por otra parte, “las autoridades venezolanas lejos de desmantelar las estructuras involucradas en patrones previos de violaciones de derechos humanos y delitos a través de reformas institucionales genuinas y de la rendición de cuentas, han mantenido o incluso ascendido a algunos de los individuos responsables”.
Aunque el informe no lo dice expresamente hay casos muy sonados de militares señalados de ser ascendidos, aunque han sido identificados como violadores de DDHH, tal es el caso del jefe de la Dirección de Asuntos Especiales (DAE) de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), Tcnel. Alexander Enrique Granko Aretaga, GB Rafael Antonio Franco Quintero, GD Rafael Ramón Blanco Marrero.
Incluso en junio 2023 el capitán (GNB) Juan Carlos Nieto Quintero señaló nuevamente al Vicepresidente del INEA, Capitán de Navío Germán Eduardo Gómez Lárez, como uno de sus torturadores, tal y como lo ratificó ante el Tribunal.
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