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La extorsión de las guerrillas colombianas Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se ha convertido en el negocio más lucrativo y naturalizado en la frontera colombo-venezolana de El Amparo-Arauca.
lapatilla.com
No es un hecho aislado que ocurre sólo con los productores ganaderos a ambos lados del río Arauca, que atraviesa esta frontera colombo-venezolana. Entre enero y julio de 2023, un equipo de reporteros investigó el delito de la extorsión en la frontera binacional de El Amparo y Arauca, y logró cuantificar los ingresos estimados que obtienen el ELN y las disidencias de las FARC a través de este delito.
La renta se traduce en, al menos, 51 millones de dólares al año solamente en cuatro sectores productivos: ganadería, producción agrícola de arroz, empresas contratistas del Estado y sector comercio. En estas áreas se tuvo acceso a datos oficiales, extraoficiales y testimonios que permitieron hacer los cálculos estimados. En todos los casos fue posible obtener detalles de cómo se ejecuta este delito.
Hablar del tema produce miedo y desconfianza. No es fácil. Antes de comenzar la conversación con un grupo de reporteros, el entrevistado escanea el restaurante donde decidió encontrarse con ellos. Están en Arauca, capital del departamento homónimo colombiano, fronterizo con el estado venezolano de Apure. Él, ganadero del sector, es uno de los objetivos del Ejército de Liberación Nacional de Colombia (ELN) para cobrar el llamado “impuesto de guerra”, un eufemismo para no usar la palabra extorsión, el delito que cometen.
Cada año este ganadero, uno de los 2.500 que tiene Arauca, debe entregar al ELN 12 vacas. Le cuesta contar el episodio que todavía recuerda, pero lo dice con voz baja y casi entre los dientes. Las vacas no las debe montar en un camión y enviarlas hasta un lugar en particular. “Me las llevo, pero en el bolsillo”, le dijo el representante del ELN con el que debió transar la extorsión.
En Arauca, ciudad y departamento colombiano que limita con el municipio José Antonio Páez del estado Apure, Venezuela, cuya localidad fronteriza inmediata es El Amparo, tres de cada ocho productores ganaderos -agremiados- son extorsionados por los grupos armados irregulares de la zona: el ELN y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
La misma situación se registra en los pueblos venezolanos El Amparo y Guasdualito, donde ambos grupos irregulares colombianos operan sin restricciones. Incluso, del lado venezolano, las prácticas extorsivas también son aplicadas por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), Policía Bolivariana de Apure (PBA), Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat).
Un conflicto de por medio
En esta zona fronteriza de Apure y Arauca, específicamente entre las poblaciones de El Amparo y Arauca, la extorsión tiene varios sobrenombres. En el lado colombiano es conocida como “impuesto de guerra”, y se asocia con el dinero que deben recabar los grupos irregulares (ELN y disidencias de las FARC) para mantener la lucha contra el “Estado opresor”.
En territorio venezolano, en cambio, se le dice “vacuna”, como si se tratara de una inmunización que evitará ser víctima de la delincuencia común. La realidad en ambos países es que la extorsión es la entrega fija de dinero, calculado con base en la producción mensual, semestral o anual de cada área productiva según los parámetros que fija cada grupo irregular colombiano. La coacción siempre está presente.
En ocasiones, las extorsiones también son llamadas “colaboraciones”, cuando se trata de pagos eventuales en dinero, especie (productos o mercancía) o apoyos logísticos, que no tienen vinculación alguna con la producción de cada sector. Las aplican estos mismos grupos tanto en El Amparo como en Arauca.
Cuando la extorsión ocurre del lado venezolano, y es protagonizada por militares o funcionarios de los organismos del Estado, la bautizan como “matraca”, pero es igualmente una extorsión, pues se pide dinero o productos a cambio de permitir el libre tránsito, el desarrollo de alguna actividad productiva o incluso para obviar algún procedimiento legal que corresponda ante una irregularidad.
Con estos tres conceptos diferentes deben lidiar los ganaderos en esta frontera binacional. Del lado venezolano, la extorsión a los ganaderos es mayor. “Aquí nos extorsionan todos: la guerrilla, la PNB, el Sebin, los guardias nacionales”, relata un hacendado de Guasdualito, capital del municipio José Antonio Páez, ubicada a 25 kilómetros de El Amparo.
Gremios ganaderos de Apure sostienen que al menos 75 % de los 8.600 agremiados en ese municipio apureño (cifra del año 2011, última disponible), son extorsionados actualmente por el ELN, grupo que ejerce el control territorial y gobernanza criminal en la zona desde hace más de 40 años.
El escenario era peor en 2022. Al menos hasta mayo de ese año, además del ELN eran intimidados por las disidencias de las FARC y un grupo irregular venezolano conocido como Fuerzas Bolivarianas de Liberación (FBL) o Fuerzas Patrióticas de Liberación Nacional (FPLN), a cuyos miembros llaman “boliches”.
Ambos grupos fueron desplazados de la zona después de que se produjera la “guerra de guerrillas”, un enfrentamiento a sangre y fuego que comenzó el 31 de diciembre de 2021 entre el frente Domingo Laín del ELN y los frentes 10 y 28 de las disidencias de las FARC-EP (Ejército del Pueblo), en la población de El Nula, localidad apureña ubicada al oeste del municipio José Antonio Páez, en Venezuela. Este enfrentamiento se mantiene activo, y hasta junio de 2023, llevaba más de 200 asesinatos sólo del lado colombiano, según el Observatorio de Derechos Humanos de la Comisión de la Verdad de Colombia.
Al menos, 37 millones de dólares al año es la cantidad que recoge el ELN por las extorsiones a ganaderos que tienen sus fincas en el municipio José Antonio Páez de Apure.
La estimación fue calculada con base en la cantidad de productores ganaderos que hay en el municipio (no menos de 10.000 productores) y la estimación de que al menos 75 % de ellos son víctimas de extorsión. El pago que les exige el ELN oscila entre 200 y 400 dólares mensuales, a partir de un acuerdo previo entre ambas partes.
En Guasdualito, localidad venezolana donde están presentes los dos grupos colombianos, varias fuentes advirtieron que allí el ELN cobra menos que las disidencias de las FARC-EP, cerca de 2.000 dólares anuales. Allí la extorsión se aplica con la visita de un guerrillero vestido de civil, que las víctimas llaman “lavado” porque no porta uniforme.
Otra dinámica en Arauca
El enfrentamiento armado entre el ELN y las disidencias de las FARC-EP, aún activo, cambió la dinámica extorsiva con los ganaderos de Arauca, en el departamento homónimo colombiano, fronterizo con El Amparo de Apure.
La dispersión y movilidad de los grupos armados para huir de la justicia y de la zona de fuego, así como el trato directo entre el productor y el grupo irregular para acordar el monto y tipo de pago (dejaron de tener una tasa fija de “impuesto de guerra”), hacen incuantificables las extorsiones a ganaderos en esta localidad.
Actualmente, los cobros son constantes y aplican sobre la movilización de animales, uso de maquinarias, insumos o cualquier cosa que desee el grupo irregular, solicitados en moneda colombiana, reses u otras opciones. Los guerrilleros se presentan en las fincas o interceptan a los ganaderos en las carreteras de Arauca, armados. Incluso, la delincuencia común también aprovecha el clima de hostilidad actual, hacen llamadas extorsivas en las que amenazan con hacerle daño a un familiar si se niegan a entregar lo que piden.
Los ganaderos afirmaron que, aunque la extorsión actual pueda ser negociada de acuerdo a la disponibilidad de la víctima, igual representa una pérdida importante porque la aplican para todo, incluso cuando el productor vende una res sabe que deberá entregar un porcentaje de la transacción a los irregulares, y si la delincuencia común se entera, también a ellos.
Empresas contratistas: otro botín
La extorsión a estas empresas contratistas se realiza de acuerdo al método de rendición de cuentas al “financiero” del ELN. El incumplimiento del aporte acarrea sanciones que van desde retenciones, restricción de la movilidad de transporte de trabajadores e insumos para la producción, hasta consecuencias más extremas como la explosión del oleoducto Caño Limón Coveñas, que transporta el crudo araucano hasta la refinería de Puerto Coveñas, en la costa del caribe colombiano.
La detención de alias Bigote, responsable de las extorsiones del ELN en esta región llanera colombiana, da cuenta que este cobraba anualmente entre 5 % y 10 % de sus ingresos a las empresas contratistas del Estado. Los comerciantes y transportistas debían pagarle entre 500.000 pesos (122 dólares) y 3.000.000 de pesos (732 dólares), mientras que los integrantes del gremio de productores de arroz debían desembolsar un promedio de 2.500.000 pesos (610 dólares) por hectárea cultivada.
En 2022, los fondos invertidos por el Estado colombiano en las empresas contratistas de Arauca ascendieron a 63.715.814 dólares. Si se tiene en cuenta que el ELN cobraba entre 5 % a 10 % de los montos de los contratos, quiere decir que este grupo irregular recaudaba por estas extorsiones entre 3 millones y 6 millones de dólares al año.
El dinero que llueve como arroz
Según el censo del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) de Colombia, en el año 2022 se sembraron en el municipio Arauca 9.231 hectáreas de arroz. Tomando en consideración el tabulador del ELN para este sector, se estima que la renta de la extorsión obtenida por el grupo guerrillero, en ese año, pudo acercarse a los 5.628.658 dólares.
El comercio es otro de los sectores productivos que están dentro de los objetivos de extorsión en esta frontera binacional, aunque de formas diferenciadas en un lado y otro, de acuerdo con la información aportada por comerciantes formales e informales, algunos activos y otros retirados de la actividad, entrevistados para esta investigación.
En Arauca, los montos extorsivos aplicados por la guerrilla varían según la capacidad financiera del comercio. Las fuentes consultadas refirieron la existencia de un tabulador promedio mensual de entre 250 dólares y 500 dólares. Según datos publicados por la Cámara de Comercio de Arauca, la capital del departamento colombiano tiene más 7.000 empresarios afiliados; esto pudiera generar entre 1.750.000 dólares y 3.500.000 dólares mensuales. Al año, pudieran superar los 20 millones de dólares si llegasen a extorsionar al 100 % de los comerciantes araucanos.
En este sector productivo también tiene el control total el ELN. Este grupo autoriza desde la creación de un establecimiento, el monto a cobrar cada mes y hasta el monto de los intereses que solicitan por los préstamos que dan a algunos dueños de negocios. El ELN incluso se atribuye funciones de prestamista, ofreciendo “capital” para comenzar con un comercio o emprendimiento, o para mantenerlo a flote. Son préstamos al margen de cualquier dinámica bancaria, pero con los mismos principios.
Cuando otorgan este tipo de créditos irregulares cobran una tasa de interés de 10 %. El beneficiario debe entregar cuentas a la organización, en este caso al ELN, sobre el dinero recibido; de lo contrario, el deudor es asesinado en distintas zonas de frontera, especialmente escogen lugares del centro de la ciudad colombiana de Arauca, en el río que lleva el mismo nombre y que limita con Apure, o en zonas rurales de la frontera. Por lo general, los ejecutores del crimen se desplazan en motocicletas. Este es el riesgo de aceptar un préstamo y después no poder saldar esa deuda.
Extorsión mixta en el lado venezolano
En el municipio José Antonio Páez de Apure, la extorsión a los comerciantes la ejecutan los grupos armados irregulares colombianos y funcionarios del Estado venezolano, tanto civiles como militares, quienes además de imponer tasas fijas a la producción o ingresos por mes, exigen colaboraciones frecuentes.
De acuerdo con los agremiados del sector, hay 2.000 comercios formales en este municipio. Cada uno debe pagar a la guerrilla entre 5 % y 10 % de la producción neta mensual del local. Sin embargo, no es posible calcular a cuánto asciende la extorsión en este sector, del lado venezolano, por falta de datos sobre la producción mensual de los negocios y la variedad. En su lugar se describe la dinámica con base en la información aportada por los consultados.
En El Amparo y Arauca es imposible iniciar un negocio sin la autorización del ELN o mantenerlo sin los aportes a este grupo guerrillero. Si el comerciante no cumple, recibe la visita de los milicianos del ELN o una llamada telefónica para establecer acuerdos sobre el pago de la extorsión.
Hasta mayo de 2022, momento en que las disidencias de las FARC-EP compartía con el ELN y las FBL venezolanas el control territorial del municipio, la “vacuna” promedio mensual en algunos sectores no bajaba de 500 dólares y, en otras zonas, alcanzaba hasta los 3.000 dólares mensuales. Aunque la dinámica haya cambiado, la extorsión sigue siendo un delito que marca la vida de los habitantes de ambas localidades.
* Este reportaje es parte del proyecto transfronterizo “Apure-Arauca, Sociedad Anónima”, investigación periodística auspiciada por el Consorcio para Apoyar al Periodismo Independiente en la Región Latinoamericana (CAPIR)
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