Human Rights Watch (HRW) y organizaciones colombianas de derechos humanos mostraron este jueves su discrepancia al anuncio de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) de cerrar el examen preliminar del caso por supuestos crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado en Colombia.
“La decisión del Fiscal de la Corte Penal Internacional de cerrar su examen preliminar en Colombia con un acuerdo de cooperación es prematura, equivocada y contraproducente”, consideró el director ejecutivo de HRW para las Américas, José Miguel Vivanco.
El fiscal general de la CPI, Karim Khan, aseguró este jueves, tras firmar en Bogotá un acuerdo de cooperación con el Gobierno colombiano, que se iba a “retirar de la etapa de examen preliminar” para iniciar una “nueva relación”.
Ello no implicaba que la CPI se vaya a alejar de Colombia o pueda volver a investigarla en el futuro, sino una forma de apoyo y validación a las instituciones judiciales del país andino, sobre todo a la Jurisdicción Especial para la Paz, surgida del acuerdo de paz de 2016, para rendir cuentas y esclarecer crímenes de guerra y lesa humanidad.
Sin embargo, Vivanco estimó que “la decisión puede dejar a la JEP más expuesta ante ataques contra su independencia”.
En la misma línea se pronunciaron organismos de derechos humanos como el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, quien cree que son “nulas las probabilidades de que en el ámbito interno se realicen investigaciones serias, imparciales e independientes”, sobre todo en los casos que involucran a crímenes cometidos por agentes del Estado.
“Los graves crímenes internacionales cometidos en Colombia y su impunidad estructural necesitan de la justicia internacional”, aseguró este colectivo desde la Campaña “Nadie por encima de la Justicia”.
Desde el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) también consideran el cierre del caso como “una lectura errada del contexto político y social que atraviesa el país”.
“En Colombia no han existido tribunales que permitan a las víctimas acceder al derecho a la justicia, mucho menos a una verdad que permita esclarecer la participación de múltiples sectores de la sociedad en la profundización del conflicto armado”, aseguró el Movice.
VALIDACIÓN DE LA JEP
El acuerdo conlleva el compromiso del Gobierno para apoyar “los procesos pertinentes ante las diferentes instancias judiciales interconectadas” y en particular para su financiación, salvaguardar su marco constitucional y prevenir cualquier interferencia con sus funciones.
En caso de que eso no se produzca, la Fiscalía de La Haya podría volver a intervenir y reabrir el examen preliminar para tomar cartas sobre el asunto.
La JEP ve el movimiento de la CPI como “un voto de confianza”, según calificó el presidente de este tribunal ad hoc creado para juzgar crímenes de guerra y lesa humanidad, Eduardo Cifuentes.
“En 3 años de trabajo incesante de la Jurisdicción a partir de las imputaciones que ha realizado permitió convencer a la CPI en cabeza del señor fiscal que debería entonces ponerle término a esta investigación para confiar única y exclusivamente en la JEP”, aseguró Cifuentes a los medios de comunicación tras la firma del acuerdo.
EFE
