En enero se incrementaron los ataques a la libertad de expresión. Documentamos 16 casos y 34 violaciones al derecho a la libertad de expresión de trabajadores, activistas, periodistas y la ciudadanía en general, 166 % más casos que en el mes anterior.
En el último mes registramos 15 hostigamientos entre las 34 violaciones: 11 fueron de orden judicial y cuatro verbales. La intimidación también fue frecuente, con nueve registros durante enero, seguida de cuatro actos de censura.
15 periodistas resultaron víctimas de violaciones a la libertad de expresión, bien sea por ataques verbales, acoso e impedimento de cobertura, junto con cinco trabajadores públicos que atacaron u hostigaron por protestar o criticar la gestión gubernamental. Otros cuatro trabajadores los detuvieron en enero por expresarse libremente.
El Estado venezolano sigue siendo el principal victimario. Al menos 14 de los 19 victimarios que registramos se relacionan directamente con el Estado: siete instituciones, cinco funcionarios y dos cuerpos de seguridad.
Las víctimas fueron Jean Carlos Sagaray (comisionado jefe), Rhommer Ramón Aponte (supervisor jefe), Jorge Luis Pérez Ugas (oficial agregado) y José Alexander Muñoz (oficial agregado). El mismo director general de la PEB los puso a la orden del Ministerio Público y los presentaron por el delito de “incitación al odio”, contemplado en la ilegal normativa “contra el odio” que emitió la ilegítima asamblea nacional constituyente.
En un video que se hizo viral en redes sociales, la docente se dirigió directamente a Maduro y reclamó la precariedad económica en la que vive el gremio educativo. El hecho ocurrió apenas cuatro días después de que empezaran las manifestaciones de los/as educadores/as en todo el país.
El coordinador del Frente Amplio Unido en Defensa de los Pensionados y Jubilados, Luis Cano, denunció que los civiles armados estaban amedrentando y mostrando sus armas a los manifestantes, quienes pedían mejoras salariales y laborales.
El día 20, funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) asediaron la residencia del presidente del Colegio de Enfermería del estado Carabobo, Julio García; el 22, la Central Sindical Únete denunció que el Sebin hostigó cerca de su casa al secretario general del Sindicato de Trabajadores de Corpoelec, Starling Bracho, y durante ese fin de semana también hubo presencia de funcionarios cerca de la casa de una dirigente del Sindicato Venezolano de Maestros en el estado Apure.
Los reporteros, luego de sortear al menos dos alcabalas previas, fueron obligados por la Policía del municipio Caroní a desviarse al impedirles el paso. En una quinta alcabala, luego de negociar con los efectivos, la Guardia Nacional Bolivariana los dejó avanzar, pero en la última alcabala los funcionarios de la GNB les indicaron que la orden era no dejar pasar a nadie.
El corresponsal de La Patilla en Guárico, Pedro Izzo, y la corresponsal de Radio Fe y Alegría, Xiomara López, explicaron que el personal de seguridad del hospital abordó a los reporteros presentes luego de que tomaran declaraciones de voceros y trabajadores que explicaban la situación del gremio.
“(…) Nos pidió que la acompañáramos a un cuarto de seguridad donde nos iban a tomar nuestros datos, situación que ha ocurrido en otros momentos en este centro hospitalario, pero esta vez nos negamos”, dijo Izzo.
