Daniel Ortega y Rosario Murillo, presidente y vicepresidenta de Nicaragua (REUTERS/Oswaldo Rivas)
El Grupo Idea, conformado por múltiples exmandatarios, se pronunció este sábado 5 de junio en contra de la violación sistemática del Poder Electoral en Nicaragua, ejercido por el régimen de Daniel Ortega en contra de sus opositores políticos.
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A continuación, lea el comunicado íntegro del Grupo Idea:
DECLARACIÓN SOBRE LA PRIVACIÓN DE LIBERTAD DE OPOSITORES
POR LA DICTADURA NICARAGUENSE
Los exjefes de Estado y de Gobierno participantes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), observamos con consternación como, en Nicaragua, bajo la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, se degradan a pasos acelerados las garantías básicas y el clima necesarios para la realización de elecciones libres, justas y competitivas que deberán tener lugar en el mes de noviembre próximo.
El régimen que gobierna ese país no sólo ha rechazado todas las recomendaciones que han sido emitidas por la Organización de los Estados Americanos, las Naciones Unidas, y la Unión Europea, además están impulsando acciones que alejan a Nicaragua de los estándares mínimos requeridos. Ante esta situación, la Secretaría General de la OEA expresó el pasado 2 de junio que “Nicaragua se encamina a las peores elecciones posibles…”. En las últimas semanas, se han elegido con criterios parcializados en favor del gobierno los altos magistrados que compondrán el Consejo Supremo Electoral (CSE); se han aprobado reformas electorales que van en contra de los principios y las recomendaciones realizadas por la comunidad internacional; se han impedido las fórmulas dirigidas a construir una alianza electoral de las fuerzas opositoras; se ha proscrito la participación de partidos políticos opositores al régimen; y se ha venido acosando e intimidando a dirigentes políticos.
No siendo suficiente lo anterior, a la erosión del pluralismo democrático que significa el control oficial absoluto del Poder Electoral, el Frente Sandinista de Liberación Nacional – partido de la dictadura – ha consolidado su captación de los cuatro poderes del Estado; lo que aparte de impedir los balances institucionales que permiten la tutela efectiva de los derechos humanos, impide al pueblo nicaragüense elegir libremente y con transparencia a sus gobernantes.
Todo lo anterior acontece en un clima de deterioro de la libertad de expresión, en tanto el régimen se ha dado a la tarea de perseguir y violar de manera sistemática derechos humanos y libertades fundamentales, que incluyen encarcelamientos por razones políticas y criminalización del periodismo independiente.
La más reciente medida que ordenan el Ministerio Público y el Poder Judicial, bajo instrucciones de la dictadura, ha sido la privación arbitraria e ilegítima de libertad a Cristiana María Chamorro Barrios, precandidata presidencial, bajo falsas acusaciones y con el único propósito de sacar forzosamente de la contienda electoral a quien, dado sus niveles de popularidad, puede llegar a constituir su principal amenaza.
De consiguiente, instamos de la OEA que despliegue, con la seriedad y gravedad que exige lo que ocurre en Nicaragua, las acciones necesarias que impone al efecto la Carta Democrática Interamericana; que se ordene la liberación de los presos políticos y de la precandidata Chamorro Barrios, facilitándosele su inscripción electoral; especialmente y al respecto hacemos un llamado al Grupo de Trabajo sobre Nicaragua del Consejo Permanente de la OEA, creado desde 2018. Asimismo, solicitamos la atención y consistencia con la defensa de la democracia a los gobiernos democráticos de las Américas y de otras regiones del mundo, a través de las medidas que permite el Derecho Internacional.
