El Gobierno de Venezuela ha incluido en el presupuesto estatal de 2024 una partida inédita para la Guayana Esequiba, el territorio de casi 160.000 kilómetros cuadrados que el país pretende anexionarse unilateralmente luego de una disputa de más de un siglo con Guyana, que controla la zona.
La vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, presentó este miércoles ante la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), controlada por el chavismo, la propuesta de gastos e inversiones del próximo año, que contempla recursos, en una cantidad que no precisó, para esta área rica en petróleo.
«Por primera vez, estamos incluyendo en el presupuesto formalmente la defensa de la Guayana Esequiba, en ejecución de los mandatos que el pueblo venezolano han dado al Estado y a sus instituciones el día 3 de diciembre», sostuvo.
Rodríguez se refirió al referendo celebrado en esa fecha, cuando la mayoría de votantes que participaron en la contienda aprobaron la anexión de este territorio a través de la creación de un nuevo estado llamado Guayana Esequiba, lo que ha disparado la tensión diplomática desde entonces.
Dos días después de la consulta, el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, designó a una autoridad única para esta región, quien ejercerá su cargo desde una ciudad próxima a la frontera con el área en litigio, en el mismo punto en que se desplegará una división militar, sin incursiones de momento.
Maduro también ha dicho que otorgará licencias para la explotación petrolera en el Esequibo, donde Guyana ya ha autorizado a otras compañías, y ordenó la entrega de nacionalidad a quienes residen en este territorio, habitado mayoritariamente por comunidades indígenas.
Las acciones unilaterales de Venezuela dispararon la tensión en la región, por lo que la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac) y el Gobierno de Brasil promovieron una reunión entre Maduro y su homólogo guyanés, Irfaan Ali, quienes se encontrarán mañana en San Vicente y las Granadinas para abordar la controversia, actualmente en manos de la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
El Ejecutivo de Venezuela insiste en que el referendo es vinculante, apoyándose en que la Constitución del país recoge que cualquier consulta popular será válida, pero ha obviado que la Carta Magna no tiene efecto ni poder alguno sobre territorios más allá del propio, como es el caso de la Guayana Esequiba, que continúa en disputa, y Guyana, el rival en la contienda.
