Como sumamente grave y alarmante definió FundaRedes la situación de vulnerabilidad e indefensión en que se encuentran las mujeres, niñas y adolescentes de las comunidades indígenas y zonas rurales de la frontera venezolana ante la exposición por parte de grupos armados irregulares y organizaciones delincuenciales a actividades de esclavitud moderna y el evidente desinterés por parte del Estado venezolano en garantizar sus derechos fundamentales.
Según el más reciente boletín publicado por la organización titulado: «Mujeres indígenas y de zonas rurales son víctimas de violencia por grupos armados irregulares en territorio venezolano», la vida de las mujeres en las zonas agrarias de la frontera y comunidades indígenas es de marginación constante, sumado a la inseguridad física y alimentaria, la falta de transporte, las fallas o ausencia de servicios públicos, el escaso acceso a recursos sanitarios aunado a la violencia y la opresión.
“El Estado venezolano es responsable de la violencia sistematizada en contra de la mujer campesina al no impedir la explotación sexual y laboral que alcanza escenarios de esclavitud, así como otras formas de violencia que se han instaurado en las zonas rurales de los estados fronterizos ante la mirada pasiva de funcionarios y agentes de seguridad del Estado que incluso en ocasiones actúan en connivencia con los grupos que ejercen control sobre ellas”, asegura el estudio.
De igual manera destaca FundaRedes que la minería ilegal ha hecho que la mujer sea utilizada como esclava sexual y laboral.
“La zona minera que abarca el Arco Minero del Orinoco se ha constituido en caldo de cultivo para actividades delictivas como la trata de personas y la explotación laboral y sexual de niñas, adolescentes y mujeres adultas que son víctimas de todo tipo de vejaciones en medio de sus precariedades por responsabilidad del Estado”.
De acuerdo al testimonio de activistas de FundaRedes en el estado Bolívar citado en la investigación, en las cercanías de la desembocadura del rio Aro al Orinoco ocurren todo tipo de desmanes: “tienen niñas ejerciendo la prostitución, eso lo controla la guerrilla. Existen tres grupos que controlan distintas comunidades que las reclutan ofreciéndoles mejor vida, que se van a casar, que les van a dar tierras a los padres para que hagan conucos, y que están (trabajan) con el ELN (Ejército de Liberación Nacional). Tienen muchachas obligadas, algunas se han escapado, pero es duro la gente tiene miedo porque los pueden matar».
El estado Bolívar- afirman diversas organizaciones de DDHH- se ha convertido en lugar de tránsito y destino de mujeres y niñas víctimas de delitos como trata y explotación sexual, servidumbre, trabajo forzado, mutilaciones, desapariciones y hasta asesinatos de mujeres y niñas en torno al Arco Minero del Orinoco, bajo la mirada cómplice de funcionarios apostados en -al menos- 17 alcabalas de control y seguridad.
Mujeres totalmente desprotegidas por el Estado
La situación de vulnerabilidad de las mujeres – asegura FundaRedes- tanto en el Arco Minero del Orinoco como en la frontera occidental colombo-venezolana es realmente preocupante, pero es aún más alarmante la indiferencia del Estado.
“Cada día mueren mujeres y niñas a manos de las mafias de trata, de los grupos armados irregulares y de las bandas criminales compuestas en muchos casos por policías y militares venezolanos que están llamados a ser los organismos encargados de proteger y dar garantía a los derechos humanos”.
Ante estas situaciones de violencia, maltrato e indefensión FundaRedes considera que el Estado venezolano no garantiza las condiciones de vida adecuadas a las mujeres venezolanas que habitan y laboran en las zonas mineras y rurales de la frontera y por ende incumple lo previsto en la Constitución, la Ley Orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.
