La población civil no solo continúa afectada por las acciones violentas de los grupos armados irregulares y las bandas delincuenciales que actúan en esta zona, sino que además sufre una serie de desmanes y abusos por parte de la Fuerza Armada Bolivariana (FANB) y otros cuerpos policiales en el marco de las operaciones de seguridad y defensa desplegadas en la entidad
La violencia y las subsecuentes vulneraciones de DDHH monitoreadas y registradas por FundaRedes en abril de 2022, en las regiones fronterizas de Amazonas, Apure, Bolívar, Falcón, Táchira, Zulia y otras entidades del país, se siguen relacionando con la extorsión, homicidios, narcotráfico, desapariciones forzadas, desplazamientos, detenciones arbitrarias, atentados contra la propiedad, esclavitud moderna, entre otros, las cuales evidencian el estado de indefensión en que se encuentra la ciudadanía ante las actuaciones de los Grupos Armados Irregulares (GAI) y bandas criminales.
Es en el Informe de Contexto Fronterizo emitido por FundaRedes, donde se refleja la cruda realidad a la que permanece encadenada Venezuela, luego de que el Estado venezolano pretende incrementar un clima de “tranquilidad” y “cambio” en el país, a fin de reflejar que la grave emergencia humanitaria compleja ha desaparecido, tergiversando la visión de sus habitantes y observadores fuera de las fronteras venezolanas.
Para muestra de lo anterior, los habitantes de Apure continúan desplazándose hacia Arauca, generando un movimiento “pendular”, pues los afectados regresan a inspeccionar sus pertenencias, cultivos y animales de pastoreo, aunque sus enseres y familias continúen resguardados en territorio colombiano, pues las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y homicidios, no cesan en este sector.
Los denominados Terroristas Armados Narcotraficantes Colombianos (TANCOL) mantienen su presencia en este estado a través de campamentos, los cuales, han sido desarticulados y desmantelados, puesto que eran utilizados para el narcotráfico, elaboración de explosivos y resguardo de material estratégico, investigaciones de esta ONG demuestran que han sido detenidos ciudadanos colombianos.
En el estado Bolívar los habitantes se mantienen en un “toque de queda” no declarado, debido a las ambiciones por tener el control de la minería ilegal, generando una serie de enfrentamientos desde el 11 de abril de 2022 entre el Tren de Guayana y la banda de “El Perú” en el municipio minero El Callao; también en Tumeremo, El Dorado y los demás pueblos que hacen vida a lo largo de la Troncal 10, se ven casos de violencia frecuentemente.
Así mismo, el extractivismo no sólo genera violencia, sino que además acarrea graves daños a los parques nacionales como Canaima y Yapacana, vulnerados por cientos de mineros ilegales en búsqueda de oro y otros minerales de alto valor, de igual forma las minas son controladas por organizaciones armadas que obligan a las etnias indígenas a abandonar sus territorios ancestrales, mientras sus integrantes son forzados a trabajar en condiciones infrahumanas que rayan en la esclavitud.
La criminalidad y los hechos sangrientos siguen en aumento en el estado Zulia, convirtiéndolo en la segunda entidad con alto índice de violencia registrado para este mes, en el cual la Federación de Ganaderos de Venezuela denunció una vez más la grave crisis que están viviendo desde hace muchos años, siendo víctimas de extorsión, amenazas y robo de sus propiedades y productos, especialmente en La Cañada de Urdaneta, Machiques y Santa Rita, donde imperan las normas impuestas por organizaciones criminales que actúan con total impunidad, debido a la inacción del Estado venezolano.
El narcotráfico continúa arremetiendo contra la tranquilidad en el estado Falcón, pues además de ser un territorio ideal para la construcción de pistas clandestinas, por su cercanía con las islas del caribe, su posición geográfica es aprovechada para el envío y recepción de sustancias ilícitas. Mientras que en Guárico, las acciones delincuenciales de la banda conocida como el Tren del Llano han tomado gran auge especialmente en Altagracia de Orituco, Tucupido y Zaraza, siendo afectados los productores agropecuarios, quienes han sido víctimas de extorsiones, secuestros, asesinatos, abigeato y otros hechos criminales que atentan contra la vida y la seguridad personal.
La realidad en las “trochas” o caminos ilegales, continúa viéndose distorsionada entre Táchira y Norte de Santander, puesto que sus habitantes denuncian las ejecuciones que se vienen cometiendo en estos sectores a manos de grupos armados, que trasladan a las víctimas a territorio colombiano para posteriormente quitarles la vida y huir por los pasos ilícitos hacia Venezuela, estas amenazas alcanzan a líderes sociales e incluso a autoridades locales.
Lo antes mencionado posiciona al estado Táchira como la entidad de mayor índice en desapariciones, debido a que en la zona de frontera colombo venezolana, se siguen efectuando homicidios en los pasos ilegales o trochas, en donde se encuentran apostados miembros del ELN y de la banda del Tren de Aragua responsables de homicidios, desapariciones, secuestros, extorsiones, narcotráfico, contrabando de combustibles y productos de todo tipo, hurto y comercialización de automóviles de alta gama.
Un saldo de tres indígenas heridos se contabilizó en Amazonas, quienes intentaban impedir el avance de una embarcación procedente de Colombia perteneciente a las FARC, por el río Orinoco hacia las minas del Yapacana, la cual buscaba esquivar uno de los puntos de control que existe en la zona, en vista de la negativa del grupo irregular para cancelar el monto establecido para poder transitar, se suscitó este enfrentamiento.
En los estados Anzoátegui, Nueva Esparta y Sucre los índices delictivos se han disparado de manera alarmante destacándose los secuestros, extorsiones, homicidios, atracos y enfrentamientos así como también actividades relacionadas con el narcotráfico.
Estos sucesos acaecidos en los territorios de frontera y otros estados al interior de Venezuela, confirman una vez más las denuncias e incidencias hechas desde FundaRedes desde hace más de 10 años, en relación a la presencia, permanencia y actuación de los GAI en buena parte del territorio nacional y requieren una mirada detallada por parte del Estado venezolano, quien trabaja en sostener una parsimonia que ha traído como consecuencia la vulneración de los derechos fundamentales en Venezuela.
