Un grave peligro amenaza a las etnias indígenas asentadas en territorio venezolano, especialmente en el denominado Arco Minero del Orinoco, a consecuencia de las actuaciones perversas y criminales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y los denominados sindicatos, que operan en la zona con el aval y permisividad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
La más reciente investigación de FundaRedes titulada «Grupos armados irregulares someten a etnias indígenas en la frontera venezolana», afirma que en la minería ilegal al sur de Venezuela participan activamente grupos armados irregulares que han penetrado en las comunidades indígenas y se imponen por medio de hostigamientos, persecuciones, desapariciones, torturas, abuso sexual, reclutamiento forzado, esclavitud moderna, además de causar un severo daño ecológico y cultural.
“Los 44 pueblos originarios que habitan en Venezuela, además de algunas etnias seminómadas que deambulan de un lado a otro de la frontera con Colombia y Brasil, están expuestos a las violentas acciones de grupos armados irregulares que controlan el paso de personas y mercancías, así como de productos de tráfico ilícito como el combustible, los minerales derivados de la explotación irracional del suelo y cualquier tipo de sustancia estupefaciente”.
El informe revela que en agosto de 2021 comunidades autóctonas ubicadas en el estado Amazonas, en frontera con Brasil, denunciaron el ingreso de garimpeiros armados a su territorio, “la comunidad Simoda Wicho está a 7km del sitio de explotación donde está asentado un grupo de garimpeiros, en el municipio Manapiare, muy cerca del límite con Brasil”.
Según explica FundaRedes, las coordenadas de ubicación de estos mineros ilegales entre otros datos, fueron entregados por parte de la organización a las autoridades venezolanas.
“En esa zona hay dos helicópteros y una pista de aterrizaje para transportar entre 40 y 100 kilos de oro a diario, de acuerdo con la información recabada por nuestros activistas en la zona, que han contabilizado cerca de 400 de estos garimpeiros armados y 30 máquinas haciendo minería ilegal”.
En relación a este caso, habitantes de los pueblos yekuana y sánema aseguraron que se cometieron asesinatos de líderes indígenas que promovieron la denuncia sobre la irregularidad.
Ocupando territorio
Para la ONG defensora de los DDHH, lo que inicialmente comenzó con incursiones de miembros del ELN y de las disidencias de las FARC en estas zonas geográficas, se ha ido extendiendo hasta permitirles controlar vastas áreas a lo largo del rio Orinoco y de sus importantes afluentes que aportan el agua necesaria para la extracción del oro y funcionan como carreteras expresas para la rápida movilización de recursos.
“Esa ubicación estratégica permite a los grupos armados irregulares (GAI) consolidar operaciones transfronterizas, especialmente hacia Colombia, las cuales constituyen un riesgo para la estabilidad de la región”, advierte.
FundaRedes ha documentado desde hace varios años cómo las poblaciones indígenas de Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, Zulia y Apure han sido despojadas de sus territorios y han caído en el absoluto abandono por parte del Estado venezolano.
Estas situaciones – sostiene- han sido denunciadas ante instancias locales, nacionales e internacionales debido a la vulneración sistemática a los derechos humanos de los pueblos indígenas ante la ocupación violenta de sus territorios y ante la desatención del Estado venezolano, que incide directamente sobre su derecho a la vida, alimentación, salud, educación, cultura, acceso a servicios públicos, entre otros.
“Lamentablemente el Estado venezolano no ha dado respuesta a estas denuncias, lo que ha llevado a los pueblos indígena a convertirse en grupos vulnerables con un mayor impacto a consecuencia de la Emergencia Humanitaria Compleja que aqueja a Venezuela”, asegura la organización.
Las leyes – concluye la publicación- son letra muerta para el Estado venezolano que por acción u omisión ha consentido las actuaciones de grupos al margen de la ley que vulneran los derechos que la Constitución le otorga a los pueblos indígenas, tales como el derecho a desarrollarse y a permanecer en las zonas consideradas ancestrales
