Un total de 176 homicidios en seis estados fronterizos del país durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2021 registró el informe Curva de la Violencia que desarrolla FundaRedes, cifras que evidencian un incremento en la violencia en estas regiones venezolanas, situación que fue denunciada ante el Ministerio Público en el Táchira.
Además de los 176 homicidios, ocurridos en este trimestre en los estados Amazonas, Apure, Bolívar, Falcón Táchira y Zulia, los datos recopilados por la red de activistas de FundaRedes dan cuenta de 53 enfrentamientos que se enmarcan en los patrones de presuntas ejecuciones extrajudiciales en los cuales 65 personas murieron a manos de funcionarios de seguridad del Estado; además de 94 personas desaparecidas y/ o secuestradas.
El estado Bolívar fue la entidad donde ocurrió la mayoría de los homicidios con un total de 68, seguido del estado Zulia con 62 Táchira con 24; Falcón con 16; Apure con 4 víctimas y Amazonas con solo 2 registrados, esta última cifra muy baja debido a las dificultades para acceder a los datos reales debido a la opacidad informativa que impera en ese estado.
Con respecto a los enfrentamientos armados documentados por esta investigación los organismos de seguridad implicados en estos hechos fueron el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), la Guardia Nacional Bolivariana, las policías regionales de Zulia y Bolívar y el DIE/FAES.
El trabajo desarrollado en el informe Curva de la Violencia que realiza la organización defensora de derechos humanos, permite conocer el índice de criminalidad en las entidades fronterizas de Venezuela azotadas por una cultura de violencia pese a los numerosos planes de seguridad aplicados en el país, que más bien han derivado en operativos al margen de las leyes contra jóvenes de sectores de escasos recursos en los cuales los órganos de seguridad violan los derechos fundamentales, contrario al mandato constitucional de ofrecer protección y seguridad a todos los ciudadanos.
Destaca entre las desapariciones, lo que ocurre en el estado Apure, donde las víctimas o sus familiares han relatado cómo grupos armados irregulares son los responsables, actuando en varios casos las Fuerzas Bolivarianas de Liberación y también grupos de origen colombiano asentados en el territorio venezolano.
Una vez más, FundaRedes acudió al Ministerio Público a presentar el informe detallado con cifras, nombres de las víctimas, y los datos recopilados de cada uno de los casos, a fin de solicitar a los organismos del Estado venezolano que se investigue, se detecte a los responsables y se apliquen las leyes para frenar la ola de violencia que afecta a los habitantes de la frontera de Venezuela.
