Por: Karla Ávila
Tras una investigación exhaustiva, independiente e imparcial, la Oficina ha llegado a la conclusión de que hay motivos razonables para creer que el General de Alto Rango y Presidente interino Min Aung Hlaing, Comandante en Jefe de los Servicios de Defensa de Myanmar, tiene responsabilidad penal por los crímenes de lesa humanidad de deportación y persecución de los rohingya, cometidos en Myanmar y, en parte, en Bangladesh.
Su oficina sostiene que estos crímenes fueron cometidos entre el 25 de agosto de 2017 y el 31 de diciembre de 2017 por las fuerzas armadas de Myanmar, el Tatmadaw, apoyadas por la policía nacional, la policía de guardia de fronteras y civiles no rohingya.
Esta es la primera solicitud de orden de arresto que presenta contra un alto funcionario del gobierno de Myanmar y afirma que seguirán presentándose más.
La solicitud de hoy se basa en una amplia variedad de pruebas procedentes de numerosas fuentes, como testimonios de testigos, incluidos varios testigos internos, pruebas documentales y materiales científicos, fotográficos y de videos autenticados.
Para reunir estas pruebas, la Fiscalía ha contado con el apoyo crucial de los Estados, los asociados de la sociedad civil y las organizaciones internacionales. En particular, la cooperación, la confianza y el firme compromiso de la comunidad rohingya, el apoyo del Gobierno de Bangladesh y la excelente cooperación del Mecanismo de Investigación Independiente de las Naciones Unidas para Myanmar han sido esenciales para avanzar en esta investigación.
Agregó lo siguiente: «Deseo expresar en particular mi profunda gratitud a los rohingya. Más de un millón de miembros de su comunidad se han visto obligados a huir de la violencia en Myanmar. Estamos agradecidos a todos aquellos que han brindado testimonio y apoyo a mi Oficina, a quienes han compartido sus historias y a quienes nos han proporcionado información y material».
Comenta que sus visitas al campo de refugiados de Kutupalong, en Cox’s Bazar , durante los últimos tres años, incluida la de ayer, se reunió con mujeres rohingya que hablaron con claridad y determinación sobre la necesidad de rendición de cuentas. También indica que habló con activistas jóvenes que querían desempeñar su propio papel en la búsqueda de justicia, asimismo con hombres de todas las edades, incluidos ancianos y enfermos, que estaban unidos en la exigencia de ser vistos y rendir cuentas por lo que les sucedió, por lo tanto, el trabajo de la Corte Penal Internacional, busca reivindicar su resiliencia y su esperanza en el poder de la ley.
Ahora corresponde a los jueces de la Corte Penal Internacional determinar si esta solicitud cumple con los requisitos necesarios para expedir una orden de arresto. En caso de que los jueces independientes de la CPI expidan la orden solicitada, por lo que coordinarán estrechamente con el Secretario de la Corte todos los esfuerzos para detener a la persona mencionada.
