El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) Karim Khan se reunió este lunes en Caracas con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y otros altos funcionarios de su gobierno, informaron medios oficiales.
A inicios de marzo, la Sala de Apelaciones de la CPI desestimó por unanimidad la apelación del Estado venezolano contra la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares que autorizó continuar con la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.
La investigación abarca, entre otros, casos de asesinatos, torturas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, persecución y uso excesivo de fuerza en el contexto de manifestaciones antigubernamentales desde abril de 2017.
El año pasado el gobierno de Maduro apeló la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI que autorizó Khan reanudar la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela, argumentando que el Estado “no está investigando o no ha investigado hechos delictivos que puedan constituir delitos” referidos en el artículo 5 del Estatuto de Roma.
En 2023, durante su tercera visita a Venezuela, el fiscal Khan y Maduro firmaron un memorando de entendimiento de cooperación y trabajo conjunto para concretar la conformación de una oficina de cooperación técnica de la fiscalía de la CPI en el país.
En 2021 la fiscalía de la CPI anunció su decisión de abrir una investigación formal a Venezuela por presuntos crímenes de lesa humanidad y firmó con el Estado un memorando de entendimiento basado en el principio de la complementariedad positiva establecido en el Estatuto de Roma.
En varias ocasiones el gobierno venezolano ha asegurado que se pretende utilizar la institucionalidad de la CPI para “atacar políticamente a Venezuela sobre la base de una acusación por crímenes de lesa humanidad que nunca han ocurrido”.
Aunque han admitido que pudieron haber ocurrido “incidentes aislados de excesos por partes del Estado” ante la “magnitud de las acciones de violencia contra la institucionalidad en Venezuela”, descartan que puedan ser considerados crímenes de lesa humanidad.
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