El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, aseguró que en su visita por Venezuela buscará “escuchar y entablar” relaciones, lo que considera un paso importante en medio de la posible apertura de una investigación para determinar si se han ejecutado crímenes de lesa humanidad contra la población venezolana.
“Venezuela debería estar orgullosa de haber invitado al fiscal de la CPI. No asisto sin invitación. No los visitaré como un agente clandestino. Fui invitado a Colombia por su presidente y fui invitado a Venezuela por su presidente y como Estado Parte que se ha comprometido a mantener los valores del Estatuto de Roma, creo que es un paso muy positivo”, dijo Khan durante una entrevista concedida para El País.
Al ser consultado sobre la presión que existe para que la CPI dé inicio a la investigación en contra del gobierno venezolano, Khan enfatizó que el organismo espera cumplir con sus responsabilidades con la justicia.
“No hay ningún caso sencillo porque trabajamos con genocidios, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra o crímenes de agresión. Pero tenemos gente maravillosa con mucha experiencia, y juntos nos aseguraremos, si Dios quiere, de cumplir con nuestras responsabilidades con la justicia”, sostuvo.
El pasado lunes la CPI anunció una visita oficial de diez días del fiscal Khan a la región, la primera desde que asumió su cargo este año y que lo llevará a Colombia y Venezuela. El viaje, indican, busca explorar vías de cooperación “en consonancia con el principio de complementariedad”.
Entre tanto, la Fiscalía venezolana, al mando de Tarek William Saab, con quien la exfiscal de la CPI Fatou Bensouda se reunió el año pasado, aseguró que la ocasión servirá para “evaluar de primera mano la buena marcha de nuestras instituciones y mantener un diálogo honesto y sin restricciones con sus representantes”.
“El Estado venezolano siempre ha estado abierto a la cooperación positiva con la CPI”, concluye un comunicado publicado este mismo lunes.
Venezuela tiene dos exámenes preliminares pendientes en la Corte. El primero comenzó en 2018 y se centra en presuntos crímenes cometidos desde al menos abril de 2017 en el contexto de manifestaciones antigubernamentales.
El otro fue referido por el propio gobierno venezolano en 2020 argumentando que se “cometen crímenes de lesa humanidad” como consecuencia de la aplicación “de medidas coercitivas ilícitas adoptadas unilateralmente”.
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