Yira Yoyotte. Fuente: Codehciu
Foto: William Urdaneta
La Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu) sigue un incansable trabajo en pro de visibilizar, entre otros temas, la violencia de género y las desapariciones forzadas en el marco de la puesta en marcha del Arco Minero del Orinoco (AMO).
Recientemente Codehciu ha realizado y difundido un Informe a través del cual se cuentan historias de vida que humanizan las penurias que enfrentan los familiares de quienes han desaparecidos a la luz del trabajo que se realiza en las minas del estado Bolívar, al este de Venezuela, al límite con Brasil y Guyana.
En el mencionado documento se relata la historia de tres familias que tienen algo en común: la desaparición de un ser querido. “Un padre, una madre y una esposa que comparten el mismo sentimiento y, por ende, la misma incertidumbre”, se lee en dicho informe.
¿Cómo se siente con la desaparición de su hijo?
“Sin poder hacer nada, es como sentirse con las manos atadas”, comenta el padre de uno de los desaparecidos.
Las desapariciones siguen. No hay eco de información sobre los casos denunciados. Algunos pensarían que no hay desaparecidos en el Arco Minero del Orinoco. Otros asegurarían que es el miedo traducido en silencio y en ausencia. Conocer la verdad de estas historias tiene su riesgo y no todos están dispuestos a asumirlo.
Ernesto concedió una entrevista a la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu) para hablar sobre la desaparición de su hijo. A pesar de ser oriundo del estado Táchira, hace mucho que vive en el estado Bolívar. Padre de tres hijos, entre ellos: Sebastián, joven de 22 años, que está desaparecido desde octubre del año 2022.
Ernesto cuenta que su hijo se encontraba estudiando para ser escolta. Uno de sus sueños era “montar una academia de escoltas”. Unas personas que conoció en unos cursos, le sugirieron irse a trabajar a las minas de El Callao hasta que ahorrara el dinero para hacer su sueño realidad. Le pareció una buena alternativa, así que el 28 de septiembre del 2022 decide irse. Sebastián tenía menos de una semana en el sur del estado Bolívar cuando habló con sus padres por última vez.
“Estoy bien. No se preocupen”, les dijo.
Casi tres semanas más tarde y muchas llamadas sin contestar, Ernesto denunció la desaparición de su hijo el 20 de octubre del 2022. Se dirigió al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y realizó la denuncia. Sin embargo, no han dado con su paradero. Las autoridades “supuestamente están investigando”, pero no han podido hacer nada al respecto. Cuenta que “muchas personas se han puesto a la orden”. Ha recibido ayuda de grupos, iglesias y organizaciones. Pero nada ha conseguido traerlo de vuelta.
Así como muchos otros piensan, ir a la zona minera no es una opción para el padre de Sebastián, no se quiere arriesgar a aparecerse por allá, indagar, hacer las preguntas equivocadas o a las personas erradas y disminuir las posibilidades de que su hijo salga con vida. Está bastante seguro de que lo tienen secuestrado “trabajando como un esclavo”. Se siente de manos atadas. No ha podido hacer nada más que rezar por él.
“Siempre estamos en oración, orando a Dios para que él haga su obra y lo devuelva sano y salvo y que tenga misericordia de las personas que lo tienen retenido”, explica el padre.
Los momentos más difíciles hasta ahora para su familia han sido la Navidad, Año Nuevo, los cumpleaños de sus seres queridos y todas las celebraciones en las que él solía estar. No pueden evitar que la vida siga, pero el recuerdo de Sebastián y la esperanza de que vuelva a casa sigue estando presente, es una esperanza que no muere, pero encuentra muy poco de qué alimentarse, solo el amor y el deseo inquebrantable hace que esa esperanza no se desvanezca.
Carolina Rodríguez, psicóloga de Codehciu, destaca la importancia del apoyo psicosocial para los familiares de personas desaparecidas ya que este ofrecería “contención emocional y proporcionaría estrategias psicosociales que le permitirá mitigar la sintomatología que puedan estar presentando.” Rodríguez afirma que los familiares “deben de llevar un acompañamiento psicológico que pueda disminuir los niveles de estrés, ansiedad y depresión que suelen presentar después del hecho y durante la búsqueda de su ser querido”.
Personas viajan al sur de Bolívar para buscar mejores oportunidades económicas para sus familias. Foto de Williams Urdaneta.
A veces el dolor puede más en los momentos de incertidumbre
En el año 2020 se reportó la desaparición de una pareja, Isabel de 29 años y Gerardo de 40, que salieron de Puerto Ordaz hacia El Dorado para ejecutar una venta. Un par de días después deciden retornar. Sin embargo, se quedaron accidentados.
De acuerdo a lo relatado por un medio de comunicación, Isabel le dijo a su suegra que estaban en la espera de otro vehículo para llegar a su destino. Esa fue la última vez que se supo de ellos.
Tres años después, Codehciu contactó a la madre de Gerardo a través de una llamada telefónica. Cristina respondió a la solicitud con un nudo en la garganta, provocado por la tristeza que siente al haber pasado tanto tiempo sin saber de su hijo y su nuera. Es un hecho que le duele mucho, que visiblemente la quiebra.
“Le agradezco a la organización por su interés, pero no quiero responder a sus preguntas. No tengo nada que aportar. Yo dejé eso en manos de Dios”, se lamenta la familiar. Sus familiares han buscado en la morgue, cementerios y en hospitales con la esperanza de poner fin a su incertidumbre.
De acuerdo con Rodríguez: “El no poder sepultar el cuerpo de su familiar (…) incide de manera significativa en el duelo, pudiendo instaurarse un duelo complicado o prolongado, siendo un estado de preocupación intensa o sentimientos extremos de añoranza de la persona desaparecida, además de un sufrimiento emocional profundo, generando dificultades notables para el desempeño cotidiano.”
Es una familia que ha sido herida, descompuesta por el dolor, la ausencia y la falta de información, agotada de buscar sin encontrar respuesta ni apoyo institucional. Las consecuencias del duelo suspendido, los ha roto. Porque la desaparición forzada, no solo afecta la individualidad de las personas, sino otros subsistemas de relaciones importantes como es la conyugal, parental, fraternal, entre otras; sus estragos rompen las paredes del hogar para perturbar y afligir a la comunidad y a la sociedad en general.
Migrar a las minas como método de supervivencia a la profunda crisis económica
Siempre hay una primera vez para todo. La primera vez de Juan Andrés en una mina fue aproximadamente en marzo de 2017 en Santa Elena de Uairén. Trabajó seis meses como minero. En todo ese tiempo experimentó cosas desagradables, cosas que ningún ser humano debería vivir.
Liz, quien era su esposa en ese momento, conversaba religiosamente con Juan Andrés por medio del teléfono celular. Él era muy constante con las llamadas. Por lo menos dos veces a la semana llamaba para hablar con ella y con sus hijos.
“Una vez me dijo que estaban picando a una persona viva delante de ellos porque se escondió unas gramas de oro”, recuerda Liz.
“Otra cosa que me dijo fue que los sindicatos ofrecían gramas de oro a hombres y mujeres para que tuvieran sexo delante de todo el mundo (…) Como si estuvieras viendo una película pornográfica, pero en vivo, delante de todo el mundo”, agregó ella.
De acuerdo con el estudio Arco Minero del Orinoco: diversificación, extractivista, vulneración de derechos constitucionales y resistencia de la Universidad del Zulia (2022) algunas de las medidas “disciplinarias” que ejercen los líderes de territorios mineros figuran palizas, mutilación de extremidades y hasta muertes por descuartizamiento. Violando claramente el artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos en el que se establece que “todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.”
+Al transcurrir los seis meses Juan Andrés regresó a su hogar en Nueva Esparta. “Se regresó de allá casi que escondido y huyendo porque un amigo en una mina le dijo que (…) lo estaban buscando para joderlo porque rechazó a una mujer allá…” especificó la esposa. Algunos amigos lo ayudaron a escapar. Después de ese acontecimiento, estuvo cuatro meses rodeado de su familia y compartiendo con sus hijos en Nueva Esparta. Hasta que decidió nuevamente emprender camino en enero del 2018 hasta Santa Elena de Uairén.
Francisco, amigo de la familia que ayudó en la crianza de Juan Andrés, cuenta que: “Lo quería mucho, casi como un hijo”. Antes de partir por segunda vez, le pidió que no se fuera a las minas, pero él hizo sus maletas y agarró rumbo a Santa Elena con el objetivo de mantener a su familia. Ya han pasado casi cinco años desde la última vez que hablaron. Tres hijos y su esposa lo siguen añorando.
“No apareció más nunca”, lamenta Francisco.
Liz recuerda que la última vez que escuchó su voz fue la primera semana de diciembre en el año 2018. Juan Andrés tenía casi 12 meses en la mina. En esa llamada Liz lo percibió inquieto.}
“Se quería venir. Me dijo que estaba pasando mucho trabajo”, comenta ella.
Juan Andrés había quedado con enviarle los datos de la cuenta al día siguiente para proporcionarle el dinero suficiente para comprar el pasaje de vuelta. Estaba urgido de regresar a su tierra natal, de ver a su familia, de abrazar a sus hijos. Sin embargo, al día siguiente no volvió a comunicarse y desde entonces no saben nada de él.
Su pareja denunció el hecho al CICPC en el noreste del país, pero no quisieron tomar la denuncia.
“No podemos hacer nada. Él debe estar por allá con otra mujer”, alegaron los funcionarios.
“En el caso de que algo le haya pasado por allá, te recomendamos no buscarlo porque no se sabe si el sindicato pueda tomar represalias contigo”, dijeron otros.
Liz no se quedó de brazos cruzados. Trató de contactar a instancias del CICPC en Bolívar por Instagram, Facebook y Telegram. No recibió respuesta. Le envió un mensaje a una periodista en Primicia. A pesar de que se publicó la nota de prensa, nadie se contactó con ella para dar información del paradero de Juan Andrés.
El cuerpo de seguridad que tiene la responsabilidad de buscar e investigar los casos de desaparecidos en Venezuela corresponde a la Unidad de Víctimas Especiales del CICPC.
Los principios rectores para la búsqueda de personas desaparecidas establecen que “las autoridades tienen el deber de velar por que las víctimas, incluidos los familiares, no sean objeto de estigmatización y otros malos tratos morales o difamaciones que lesionen su dignidad, reputación o buen nombre como personas, así como los de su ser querido desaparecido.”
Los años siguen pasando y la preocupación de su familia, hijos y amigos no ha cesado.
“El no saber de él nos tiene mal. A todos”. Su pareja recuerda a Juan Andrés como una buena persona y amigo; lo caracteriza como alguien alegre, resiliente y “demasiado pila”.
“Personas como él, muy pocas”, confiesa.
A pesar de que sus hijos se encuentran tristes porque quieren verlo y saber de él, la fe sigue presente.
“No perdemos la esperanza de que aparezca por allí y nos diga: ¡Hola! ¿Cómo están?”, comenta.
La psicóloga de Codehciu que se especializa en materia de niños, niñas y adolescentes considera que el impacto que genera la desaparición de una figura parental a un hijo o hija es bastante significativo y a la larga, el proceso de duelo, puede desencadenar “trastornos depresivos de moderado a grave, conductas de riesgo (consumo de sustancias psicoactivas, ideas suicidas), entre otras.
¿Quiénes son los responsables?
De acuerdo al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (2022) en el informe Conclusiones detalladas de la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela: La situación de los derechos humanos en el Arco Minero del Orinoco y otras áreas del estado de Bolívar reconoce que la desaparición forzada existe cuando ocurre “la privación de libertad contra la voluntad de la o las personas; la participación de agentes del Estado o de personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado”.
De acuerdo con estándares internacionales: “Tan pronto como las autoridades encargadas de la búsqueda tengan conocimiento, por cualquier medio, o tengan indicios de que una persona haya sido sometida a desaparición, deben iniciar las acciones de búsqueda de forma inmediata, sin ninguna demora o dilación y de manera expedita”.
Según el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, la desaparición forzada de personas será considerada “crimen de lesa humanidad” cuando se cometa como parte de un ataque generalizado contra una población civil y con conocimiento de dicho evento.
Codehciu exhorta al Estado venezolano a cumplir con su obligación de la búsqueda de una persona desaparecida, sin dilación y lo exhorta a mantener esa búsqueda hasta que se determine con certeza la suerte y/o el paradero de la persona desaparecida.
De igual modo exhorta al Estado venezolano a reconocer la particular vulnerabilidad y el riesgo que enfrentan las personas que se trasladan a las minas del estado Bolívar en busca de unas mejores condiciones de vida propias y para su familia y garantizarles su vida, su seguridad y su integridad personal.
Así como también, garantizar el derecho que tiene la familia a conocer la verdad sobre las circunstancias de la desaparición de su ser querido y el derecho a la protección y a su asistencia.
*NOTA: La identidad de estas personas fue resguardada por seguridad.
