El expresidente de la Cruz Roja Venezolana Mario Villarroel, cuyas funciones cesaron por orden del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) hace una semana, rechazó este viernes «categóricamente» la «ilegal» intervención de esta organización y las acusaciones en su contra, las cuales tildó de «deshonestas».
«Rechazo categóricamente la ilegal intervención, en la cual ha sido víctima nuestra institución, basada en falsas imputaciones de las que se hicieron eco órganos de nuestro sistema judicial, logrando eliminar los mecanismos internos establecidos para estos casos en la normativa que rige nuestra federación internacional», dijo Villarroel en un video publicado en su cuenta en Twitter.
La declaración pública de Villarroel se produce dos semanas después de que el fiscal general, Tarek William Saab, informara de la apertura de una investigación sobre el «presunto acoso y maltrato» que habría cometido contra voluntarios y trabajadores de la Cruz Roja nacional, y de la decisión del TSJ de intervenir y designar una junta «ad hoc» para la reestructuración del organismo.
Al respecto, el expresidente de la Cruz Roja nacional aseguró que, en los más de 40 años al frente de esta institución, «nunca» fue denunciado por maltratar a su personal u otras razones, y que, en su gestión, «se cumplieron a cabalidad los procesos electorales en los períodos estipulados» en la normativa interna.
«Jamás me he valido del cargo de presidente de dicha institución para promover o participar en presuntas conspiraciones políticas o judiciales, eso es falso. Las noticias difamatorias generadas para justificar la intervención de la Cruz Roja Venezolana son deshonestas y reprochables», aseveró.
Sobre las donaciones financieras de carácter internacional que ha recibido la institución, señaló que «han sido administradas en su totalidad por la federación internacional».
Además, informó que se encuentra fuera de Venezuela por tratamientos médicos a los que debe someterse, pero que seguirá el desarrollo del proceso judicial en su contra.
El pasado lunes, la nueva junta directiva anunció que se tomará un plazo máximo de un año para convocar elecciones dentro del organismo.
EFE
