El pasado jueves 26 de noviembre, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) y la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela (UCV) llevaron a cabo el foro presencial “Derechos humanos de las personas privadas de libertad: contexto penitenciario venezolano”, el cual contó con la asistencia de más de 80 estudiantes, ex presos políticos, familiares de presos políticos y sociales, profesores y autoridades académicas de esta casa de estudio.
Durante su ponencia, el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Juan Carlos Apitz, agradeció el compromiso del OVP en la promoción y defensa de los derechos humanos, recordando que Venezuela tiene una deuda con la población penitenciaria desde hace muchos años atrás, incluso desde antes de la Constitución del 99.
Asimismo, el decano señaló la importancia de visibilizar las deplorables condiciones en las que se encuentran las personas privadas de libertad, destacando la fundamental labor de los estudiantes y egresados de la UCV para lograr un verdadero cambio.
Por su parte, Joel García, especialista en derecho penal y defensor de derechos humanos, tocó distintos aspectos sobre la privación de libertad, dentro de los cuales destacó la inobservancia del principio de afirmación de libertad previsto en el Código Penal Venezolano, así como del artículo 272 de la Constitución, el cual prevé como finalidad última de la pena la reinserción social; y las condiciones inhumanas y degradantes en las que permanecen recluidas las personas que se encuentran privadas de libertad en centros de detención preventiva.
En ese sentido, señaló que la falta de cumplimiento en los lapsos previstos en el Código Orgánico Penitenciario, es la principal causa de los altos índices de retardo procesal que aqueja a nuestro sistema penal. Igualmente destacó la importancia de la labor de los abogados y defensores de derechos humanos en materia de documentación, lo cual es insumo indispensable para que los organismos y tribunales internacionales, como la CPI, puedan hacer justicia en nuestro país.
Seguidamente continuó la ponencia “Los 5 momentos del sistema penitenciario”, dirigida por el director y fundador del OVP, Humberto Prado, quien ofreció un contexto histórico sobre el nacimiento, desarrollo y consolidación del régimen penitenciario venezolano, el cual inició desde José Antonio Páez en 1830 y continuó hasta la actualidad.
Durante su ponencia, Prado destacó la labor y misión del OVP a los participantes, haciendo énfasis en que la población reclusa tiene derechos que deben ser garantizados por el Estado.
Asimismo, se contó con la ponencia de Karen Valera, coordinadora del OVP en el estado Miranda, quien ofreció un recuento sobre las 122 normas que conforman a las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los reclusos (Reglas Mandela) enfocándose en el alojamiento, la alimentación y acceso al agua potable, la salud y servicios médicos dentro de las cárceles, las sanciones y medidas disciplinarias, el contacto con el mundo exterior, las notificaciones y programas educativos.
Valera también evaluó lo previsto en el artículo 272 de la Constitución y en el Código Orgánico Penitenciario, a fin de constatar si en nuestra legislación se reconocen los estándares mínimos reconocidos por las Naciones Unidas con respecto al tratamiento de los reclusos y la administración penitenciaria.
Tras evaluar el marco teórico de los derechos de las personas privadas de libertad en la ponencia anterior, María Rincón, coordinadora de investigaciones del OVP, ofreció una visión actualizada sobre la situación carcelario del país, destacando que, a pesar de lo previsto en estándares internacionales y en nuestra propia normativa interna, la realidad del sistema penitenciario expone que todas las cárceles del país son aquejadas por un abanico de problemas que inician desde el hacinamiento crítico de 164.19%, la falta de políticas públicas orientadas a los derechos humanos, la falta de acceso a los servicios básicos (suministro de agua potable, electricidad), alimentación deficiente o inexistente y la carencia en los servicios médicos.
Además, puntualizó que la situación es crítica, pero el trabajo del OVP es siempre documentar y denunciar lo vivido dentro de las cárceles.
