Los adultos mayores siguen siendo los más afectados por la pandemia y la crisis económica en Venezuela, así lo asegura Edgar Silva, Coordinador Nacional del Comité de Derechos Humanos para la Defensa de Pensionados, Jubilados, Adultos Mayores y Personas con Discapacidad.
En declaraciones dadas en exclusiva a Que Pasa En Venezuela, Silva manifestó que el gobierno nacional representado por Nicolás Maduro, ha mantenido una política de exterminio en contra de los adultos mayores del país, ya que los mantiene con un salario inferior a tres dólares mensuales lo que les imposibilita adquirir los productos y servicios básicos requeridos para vivir.
«La situación de los adultos mayores en Venezuela ha pasado de una emergencia humanitaria compleja a una tragedia humanitaria compleja» señaló, a la par de que indicó que esta situación se viene dando desde el año 2013 y que progresivamente ha aumentado.
Silva recordó que el monto mensual que perciben todos los jubilados y pensionados no llega siquiera a dos dólares mensuales. «Una pensión en estos momentos es de siete millones de bolívares que representa 1,87 dólares al mes. Significa estar en un estado de extrema pobreza para nuestros adultos mayores» refiriéndose a lo señalado por el Banco Mundial que «dice que el ingreso diario de una persona por debajo de 1.90 dólares significa un estado de pobreza extrema, bueno nuestros adultos mayores están viviendo muy por debajo de ese ingreso diario».
Ratificó que se la situación se ha agudizado porque el país está «dentro de un sistema económico que ha generado una inflación terrible agudizada con una hiperinflación a partir de 2017» y lamentó que «dentro de este contexto de la hiperinflación los sectores vulnerables son los más afectados, los adultos mayores, los sectores de mayor pobreza y los niños provenientes de estos sectores».
Insiste Silva que existe un proceso de exterminio en contra del sector que representa «esto está calificado de esta manera por el Estatuto de Roma en su artículo 7: el ataque sistemático e intencional hacia una población determinada que busca la desaparición de esa población. Eso es lo que está viviendo el adulto mayor en Venezuela, un proceso de exterminio porque es una política periódica, reiterada, sistemática del gobierno nacional desde el 2013 en adelante».
Expuso que según el Cendas para el mes de junio se necesitaban 299.46 dólares para cubrir la canasta básica familiar y «el pensionado recibe un salario mínimo al mes y el jubilado y pensionado recibe dos salarios mínimos al mes (…) para poder adquirir esta canasta alimentaria familiar se requieren 132.61 salarios mínimos»
«El gobierno sabe el estado de hiperinflación que está viviendo el país, el desastre de la economía que ha quebrantado el poder adquisitivo de los salarios y de las pensiones y jubilaciones y que estamos viviendo un estado de pobreza atroz, extrema porque los ingresos no permiten adquirir los bienes necesarios para tener una subsistencia digna y con bienestar» enfatizó.
Aseguró que el Comité que representa ha acudido a diferentes organismos internacionales como las oficinas de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, el Secretario General de la OEA, también a la Comunidad Europea, así como también a la Organización Internacional del Trabajo para denunciar esta situación.
También dijo que acudirán a la Corte Penal Internacional para reforzar las denuncias que existen y lograr «que las organizaciones internacionales de los derechos humanos tomen cartas en el asunto e impidan de alguna manera que estas muertes por falta de alimentos y medicinas sigan ocurriendo en el país (…) situación que se ha agudizado con el tema de la pandemia producida por el Covid-19, por una red hospitalaria inexistente prácticamente, con un proceso de vacunación lento, discriminatorio para aquellos que no estén inscritos en el sistema Patria»
«Quisiéramos ver más adultos mayores vacunados que más adultos mayores muertos por la pandemia», culminó.
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