(EFE).- España dedicará este año más de 8 millones de euros a garantizar la correcta atención sanitaria a personas de nacionalidad española residentes en el exterior, cuantía que irá destinada, en su mayoría, a emigrantes que viven en Venezuela.
Según informó el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España, actualmente el Gobierno cuenta con 19 convenios en vigor o en fase de renovación con los sistemas públicos o aseguradoras privadas de 14 países.
Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Marruecos, México, Paraguay, Perú, República Dominicana, Rusia, Uruguay y Venezuela son los países con los que se firmaron estos acuerdos.
En 2023, se beneficiaron de estas ayudas 6.307 españoles gracias a un desembolso de 6.409.344 euros y para este ejercicio, el gasto se incrementará hasta más de 8 millones de euros, principalmente por la ampliación de un convenio firmado entre el Gobierno español y la Fundación España Salud en Venezuela.
Dedicado a garantizar la asistencia sanitaria de ciudadanos españoles residentes en este país que no pueden recibir una correcta prestación por escasez de recursos económicos, este convenio es el más importante en cuanto a número de beneficiados, 4.092, e inversión, con casi cinco millones de euros.
El pasado 3 de abril, España se comprometió a incrementar el importe que se destinará a cada pensionista beneficiario de esta ayuda, que pasará de 960 a los 1.200 euros por persona contemplados en el nuevo convenio.
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Fundación España Salud presta atención a emigrantes
La Fundación España Salud se constituyó en 2006 con el objetivo de prestar “atención sanitaria médico-quirúrgica y farmacéutica” a emigrantes españoles beneficiarios de pensiones del sistema español de protección social y de ayudas por incapacidad, aunque su acción se puede extender a todos los ciudadanos españoles, y su principal soporte económico es el Gobierno de España.
Estas ayudas del Ejecutivo a ciudadanos residentes en el exterior se enmarcan en el Real Decreto 8/2008, de 11 de enero, que reconoce el derecho a la asistencia sanitaria cuando esta sea insuficiente a españoles que residen en el exterior y no tienen medios propios para acceder a ella.
También en la ley 3/2005, de 18 de marzo, que reconoce una prestación a los ciudadanos de origen español desplazados en su minoría de edad durante la Guerra Civil y que pasaron la mayor parte de su vida fuera de España, para que puedan recibir una correcta asistencia en los países en los que viven.
