El enviado especial del Departamento de Estado para el Triángulo Norte, Ricardo Zúñiga, dijo el jueves que la lista Engel, presentada al Congreso de Estados Unidos, no era definitiva y que retirar las visas estadounidenses de los funcionarios y exfuncionarios sospechosos de corrupción no excluye la posibilidad de otras sanciones.
Zúñiga explicó que, para elaborar la lista, con más de 50 nombres, se utilizó información clasificada y no clasificada y se prestó más atención a los casos que involucran a personas que actualmente están en el gobierno o en posiciones cercanas al poder en lugar de delitos más antiguos.
El lanzamiento del documento se da en un momento en que la Administración del presidente Joe Biden centra su atención en las causas y combate a la corrupción endémica en la región, ya que es uno de los factores que impulsa a los centroamericanos a migrar a Estados Unidos.
“La corrupción y los ataques a la democracia se consideran algunas de las causas fundamentales más importantes de la migración irregular desde Centroamérica”, señaló Zúñiga.
El funcionario además agregó que la corrupción pone “obstáculos a los gobiernos, distorsionan los mercados, socavan los esfuerzos de desarrollo y en última instancia, desmoralizan a una población que decide embarcarse en una migración irregular muy peligrosa a México y Estados Unidos porque no creen que podamos construir su futuro en casa».
Según el designado especial para el Triángulo Norte, Engel es una herramienta que no solo actúa en favor de “la seguridad de Estados Unidos”, sino que además forma parte del apoyo que esta nación da a Centroamérica.
Aunque la ley requiere que el Departamento de Estado proporcione una lista al Congreso al menos una vez al año, Zúñiga aclaró que no tiene que necesariamente ser así o que se excluya de aplicar otras medidas de presión que se consideren pertinentes a cualquier persona que está en esta lista.
Reacciones encontradas
Entre los nombres de la lista destaca el de Ricardo Méndez Ruiz, fundador de la ONG Fundación contra el terrorismo en Guatemala. Ruiz reaccionó a través de un video publicado en su cuenta de Twitter a su inclusión, afirmando que estar dentro de ella le genera «satisfacción».
De acuerdo con Méndez el Departamento de Estado lo ha mencionado por defender a los veteranos de guerra. «Para mí significa un enorme honor el haber sido incluido en esa lista debido a mi lucha a favor de nuestros veteranos de guerra, por hechos relacionados al enfrentamiento armado interno», citó.
Mi inclusión en el listado del @StateDept y la @usembassyguate por defender a nuestros veteranos de guerra y señalar a operadores de justicia corruptos, es el más alto honor que he recibido. pic.twitter.com/8oCAv0AFTk
— Ricardo Mendez Ruiz (@RMendezRuiz) July 1, 2021
Contrario a lo que mencionó Méndez, afirmando que su inclusión era debido a su trabajo, la congresista demócrata y de origen guatemalteco Norma Torres, publicó en su cuenta de Twitter que EE. UU. ha mandado un mensaje a los que componen la lista Engel.
«El mundo está mirando» citó la congresista, quien también escribió: «Han alimentado la inestabilidad, han socavado la #RuleOfLaw y han trabajado contra la gente. La democracia en la región requiere que rindan cuentas».
Otros señalados como el político salvadoreño y expresidente del Congreso de ese país, Walter Araujo, que abandonó el partido conservador ARENA para convertirse en un líder del partido Nuevas Ideas, restó importancia a su inclusión.
Mientras que por su parte el analista hondureño Raúl Pineda Alvarado, quien fue citado por AP, dijo que había muchas expectativas por la lista, pero que «en general no incluye a los perpetradores principales», algo que lo decepcionó.
En lugar de nombrar a quienes dan las órdenes y controlan los recursos, la mayoría de los nombres eran de “autores secundarios”, apuntó.
La Lista Engel, fue entregada al Congreso en cumplimiento de una ley de diciembre pasado patrocinada por el entonces legislador Eliot Engel, que le daba 180 días al Departamento de Estado para identificar a quienes en esos tres países centroamericanos estuvieran involucrados en «corrupción significativa», obstruyeran la justicia o socavaran la democracia.
En total, 55 personas fueron incluidas: 21 de Honduras, 20 de Guatemala y 14 de El Salvador.
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