VOA
El lunes 7 de agosto se cumple un año de la llegada al poder por primera vez de un gobierno de izquierda en la historia de Colombia. Gustavo Petro asumió la presidencia con la promesa de cambios, alcanzar la “paz total” y más justicia social.
BOGOTÁ —
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, cumple el lunes 7 de agosto un año de gobierno intentando avanzar en su amplio plan de reformas y el objetivo de alcanzar la “paz total”, pero el panorama se torna «complejo» en un contexto de «inestabilidad» debido a escándalos y crisis ministeriales, dicen expertos.
A 12 meses de gestión, analistas consultados por la Voz de América sostienen que si bien el primer gobierno de izquierda en Colombia «ha avanzado en su dirección de propuesta de cambio», no son pocos los desafíos.
La reanudación de los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el acercamiento a las disidencias de las FARC son parte de su agenda pacificadora sustentada en el logro de un eventual acuerdo para el cese de hostilidades.
En el Congreso, gracias a las alianzas, pudo concretar con varios partidos tradicionales de diferentes espectros políticos la aprobación de la reforma tributaria, que prevé la recaudación de unos 20 billones de pesos (unos 4.000 millones de dólares) para destinarlos a los gastos sociales.
En esa instancia de poder también logró que ambas cámaras aprobaran su Plan Nacional de Desarrollo (PND) que plantea inversiones en diferentes programas por unos 250.000 millones de dólares en los próximos cuatro años.
También consiguió la ratificación del Acuerdo de Escazú por parte del Congreso en octubre del año pasado, un paso de avance en su agenda dado que se trata del tratado internacional que busca proteger a los defensores del medioambiente y garantizar derechos ambientales.
Petro también avanzó en retomar las relaciones diplomáticas con Venezuela con la apertura de la frontera y la recuperación del comercio, cerrado desde 2019, cuando el expresidente Iván Duque rompió relaciones con el vecino país y reconoció la legitimidad del opositor Juan Guaidó como presidente venezolano encargado, en lugar del presidente Nicolás Maduro.
Sin embargo, a un año de su mandato, perdió la mayoría en el legislativo y ahora espera sin esas mayorías lograr la aprobación de las reformas al sistema de salud, pensiones y trabajo, según expertos.
A esto se suman los escándalos por el presunto abuso de poder e interceptaciones telefónicas ilegales de su exjefa de gabinete, Laura Sarabia, y Armando Benedetti, exembajador de Colombia en Venezuela. Incluido el más reciente que involucra a su hijo Nicolás Petro, que fue arrestado por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
Paz total
Desde que asumió el cargo hace un año, Petro puso en marcha su más ambiciosa propuesta de paz con la que busca negociar con los diferentes actores armados, en la esperanza de poner fin a décadas de un conflicto armado interno que ha dejado más de 450.000 muertos y alrededor de ocho millones de desplazados. Colombia tiene una población de 50 millones de habitantes.
Con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el gobierno de Petro alcanzó hasta ahora el mayor avance en la negociación con ese grupo rebelde con la entrada en vigor el 3 de agosto de un cese al fuego bilateral por 180 días.
El proceso de negociación con las disidencias de las FARC lideradas por Iván Mordisco había llegado también un acuerdo de cese de hostilidades, pero se interrumpieron tras el anuncio del asesinato de cuatro menores de edad en el departamento sureño de Caquetá.
En ese contexto, el ejecutivo puso fin a la tregua pactada con el Clan del Golfo, la mayor banda criminal del país, sobre quien cayó la reponsabilidad de una protesta informal del sector minero en el noroeste de Colombia en marzo.
Mauricio Jaramillo, profesor en ciencias políticas de la Universidad del Rosario, dijo a la VOA que el resultado de la gestión de este año “es inestable y difícil para el gobierno, que ha decidido abrir varios frentes de negociación con el ELN, disidencias de las FARC y grupos paramilitares (…) lo que ha complicado este esfuerzo».
«En ese punto, el principal avance ha sido con el ELN, donde se acordó un cese al fuego bilateral de 180 días, es un gran avance, es un avance muy significativo, luego con las disidencias de las FARC y con los grupos paramilitares hay un mayor rezago porque no hay mucha claridad pero tengo la impresión que el gobierno se la quiere jugar la paz y prueba de ello es que todavía están abiertos todos los frentes de negociación con todos los grupos armados”, advirtió.
Sobre la Paz Total, el decano de Ciencias Políticas de la Universidad Javeriana, Sebastián Líppez-De Castro, destacó esta política bandera del ejecutivo y remarcó que la “complejidad” de estos procesos obedecen a los “múltiples” actores armados con los que se busca poner fin al conflicto.
“Parte de lo complejo del asunto de la paz total es la multiplicidad de actores con los que se quieren llegar a acuerdos en diferentes regiones del país, por las realidades que son distintas en estos lugares donde cada grupo tiene diferentes intenciones y capacidades organizativas. Entonces, posiblemente la paz total ha sido el tema más nebuloso de la gestión del gobierno y que, por tanto, que generan muchas más dudas y preocupaciones”, señaló.
Agenda de reformas
El presidente Petro arrancó su mandato con las mayorías legislativas tras llegar a alianzas con muchos partidos políticos del país; sin embargo, la coalición terminó en abril al no obtener apoyo necesario en el congreso para la aprobación de la ley que busca reformar el sistema de salud.
Esto llevó a la salida de varios de sus ministros, entre ellos Alejandro Gaviria, ministro de Educación; José Antonio Ocampo, ministro de Hacienda; Cecilia López, ministra de Agricultura, y Alfonso Prada, ministro del Interior.
El partido Conservador, uno de los más tradicionales del país, fue el primero en romper la coalición. Semanas después le siguió el partido de La U (Unión por la Gente), lo que dificultó su plan reformista estancando la aprobación de cambios propuestas en el sistema de salud, laboral y de pensiones.
Líppez-De Castro, señaló a la VOA que “todas las transformaciones que pretende el presidente con las reformas implica unos diálogos complejos con las diferentes fuerzas políticas y por supuestos estas reformas al sistema de pensiones, salud y laboral es lo que ha llevado a la ruptura de la coalición”.
“Las reformas de salud, pensional y laboral son fundamentales para Petro, sobre ellas se debe ir discutiendo paulatinamente, donde posiblemente la confluencia de temas tan profundos que se discuten al mismo tiempo han dificultado sus avances», dijo.
El politólogo destacó que «el gobierno debería priorizar alguna de ellas para que la agenda pueda avanzar más rápido”.
Por su parte, Jaramillo resaltó que hay un contraste entre la “voluntad” del gobierno de sacar adelante esas reformas y la poca “disposición” de algunos de los partidos que todavía hacen parte de la coalición de discutirlas.
“En el gobierno no ha habido pericia para negociar, entonces eso contrasta con la voluntad de cambios, con la falta de resultados y creo que la apuesta del gobierno es que esos partidos sientan que si no se aprueban las reformas, esos mismos partidos pierden, pero, pues hasta ahora vemos que es más la ambición en la agenda legislativa que la realidad. Aunque el gobierno logró avanzar en la reforma tributaria que era muy importante para garantizar recursos”, remarcó.
Escándalos en el entorno de Petro
En junio pasado, el presidente Gustavo Petro retiró de sus cargos a dos de sus funcionarios más cercanos como consecuencia de un escándalo que involucró a Laura Sarabia, su exjefa de gabinete, y Armando Benedetti, exembajador de Colombia en Caracas.
Sarabia fue señalada de abuso de poder por su exniñera, que la acusó de someterla a una prueba de polígrafo por un robo. Luego se conocieron unos audios que reveló la revista Semana en los que Benedetti en los que amenazaba a Sarabia con dar a conocer el ingreso de dinero ilícito a la campaña presidencial de Petro.
A estos hechos se suma otro incidente que pone en riesgo la legitimidad del presidente, de acuerdo a observadores y opositores. Nicolás Petro, el hijo mayor del mandatario, aceptó ante la fiscalía una acusación por la que fue detenido que apunta a que ingresó dinero ilegal a la campaña presidencial de su padre.
Líppez-De Castro sostiene que estos escándalos podrían dificultar la gobernabilidad del presidente, por la gravedad de los casos.
“Mediáticamente, hay un impacto importante por estos escándalos que claramente son muy graves, con implicaciones importantes para los implicados. Aunque la figura del presidente no creo que se vea afectada porque en ninguno de éstos la figura del presidente ha estado involucrada de manera directa”, destacó.
Para Jaramillo, con esta situación que involucra a su hijo, posiblemente habrá un “voto castigo” a la izquierda en Colombia, pues la atención estará enfocada en este caso.
“En las elecciones regionales de alcaldes y gobernadores muy seguramente habrá un voto castigo, ahí me parece que el gobierno tiene un reto enorme reto porque muy seguramente va a tener un revés grande por el panorama más adverso que el que ahora tiene por estos hechos”, aseguró el experto.
Lo significativo en su primer año y lo pendiente
Para los analistas, pese a las dificultades que ha afrontado el mandatario colombiano con el estancamiento de su plan reformista, así como por los altibajos que ha enfrentado en materia de política de paz, Petro ha “acertado” en su idea de poner en la “agenda nacional” el debate sobre las “transformaciones” que necesita el país.
“Hay un logro muy importante del presidente y de todo su gobierno en posicionar los temas de transformación profunda en el país que son consistentes con una visión de futuro distinta, entonces en ese orden de ideas ha llevado al ámbito nacional la discusión sobre las políticas. Entonces creo que hay avances muy grandes sobre lo planteado, especialmente en el plan de desarrollo que muestra esta visión. Además en el manejo económico el gobierno ha sido responsable, juicioso entonces es muy positivo”, explicó Jaramillo.
En ese sentido, el especialista destacó que el gran “acierto” de Petro fue la “instalación” de una agenda social en un país que “no piensa en temas sociales”.
“La instalación de la agenda social es un hecho muy positivo. Otro aspecto importante en su primer año es que volvió a poner a Colombia a los circuitos regionales con Venezuela y Cuba, además revalorizó la paz en un país que se acostumbró en el último tiempo a ver la paz como un asunto menor”, insistió.
