Los educadores han tomado las calles de regiones principales de Venezuela, enfurecidos por la falta de pagos de sus sueldos y bonos vacacionales, y exigiendo la anulación de un instructivo del gobierno de Nicolás Maduro que les ha reducido sus salarios hasta la mitad en los últimos meses, según denuncian.
Esa normativa para cálculos salariales, un reglamento conocido como el “Instructivo ONAPRE”, es el epicentro de sus protestas. ¿En qué consiste? La Voz de América te explica:
Es una norma creada en marzo pasado por la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE), adscrita al Ministerio de Economía, Finanzas y Comercio Exterior, que especifica criterios para aplicar el incremento salarial decretado por el presidente Nicolás Maduro en el primer trimestre de 2022.
Los sindicalistas y gremios de educación denuncian que el instructivo viola acuerdos de las convenciones colectivas vigentes y disminuye los montos de las bonificaciones. Por ejemplo, no toma en cuenta la antigüedad del personal.
Según los reclamos, el gobierno fijó rebajas salariales, recortó las primas e hizo cálculos errados al momento de determinar los pagos periódicos para el personal de los distintos sectores educativos. Esa norma contravino los acuerdos de las convenciones colectivas en materias como bonos para uniformes y días festivos de los empleados del Estado, insisten.
De acuerdo con las autoridades de las universidades de Los Andes y la Central de Venezuela, el gobierno modificó el criterio de las “interescalas” salariales, ignorando los distintos porcentajes de cálculos para salarios según el tipo de personal, grado y nivel.
El gobierno bautizó oficialmente la polémica y discutida norma como el “Proceso de Ajuste del Sistema de Remuneración de la Administración Pública, Convenciones Colectivas, Tablas Especiales y Empresas Estratégicas”.
En el caso de los docentes, empleados y obreros universitarios, su ejecución compete al Ministerio para la Educación Universitaria, a cargo de la expresidenta del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, Tibisay Lucena.
Voceros universitarios dicen que el instructivo también desapareció de un plumazo algunos conceptos de pago, como las primas de titularidad y la de por hijos con discapacidad.
La reconversión monetaria de 2018 en Venezuela trajo consigo la implementación de un instructivo técnico por parte del gobierno madurista para regular los tabuladores salariales de los empleados de instituciones del Estado.
Fue esa norma la piedra fundacional del llamado “Instructivo ONAPRE” creado en marzo pasado, llamado así por las siglas del organismo que la creó.
Desde entonces y a pesar de las limitaciones de movilización por la pandemia de COVID-19, los gremialistas de los sectores afectados reclamaron su derogación alegando que atentaba contra muchas de sus reivindicaciones laborales, especialmente en los cálculos de primas y bonos que, histórica y progresivamente, mejoraban sus tablas salariales.
David Gómez Gamboa, director de la ONG venezolana Aula Abierta, que defiende los derechos de las universidades de Latinoamérica, explica a la VOA que el instructivo “es una violación al derecho de libertad de asociación de los profesores” de esas casas de estudio.
“Se incumplen con acuerdos gremiales establecidos anteriormente y se ha excluido de estas decisiones a grupos gremiales legitimados para participar, representar y defender los derechos e intereses al menos de los profesores universitarios”, dice, subrayando cómo el gobierno excluyó a la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (FAPUV) de esos espacios de discusiones y decisiones colectivas.
Los empleados públicos de Venezuela han denunciado desde marzo de 2022 que el “Instructivo ONAPRE” redujo sus salarios a la mitad y que las primas se redujeron contraviniendo las convenciones colectivas pactadas entre gobierno y sindicatos.
Un docente con estudios culminados de licenciatura ganaba una prima equivalente a 30% de su sueldo, pero la normativa de marzo pasado se la redujo a 25%. Quienes tenían maestría ya no ganan una asignación mensual equivalente a 50% de su salario, sino de 35%. Igual ocurre con sus doctorados: la prima disminuyó de 60% a 40% de sus ingresos base.
Lo mismo ocurre en sectores como la salud. Por ejemplo, la prima máxima para las enfermeras con mayor rango y tiempo de labores pasó de 80% a 50%, mientras que sus primas de profesionalización se redujo de 30% a 25%, a la luz del instructivo.
Solo en los primeros cinco días de agosto se realizaron al menos 96 manifestaciones en nueve estados del país, según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social.
Las manifestaciones se exacerbaron luego del miércoles, cuando gremios universitarios denunciaron la aprobación oficial del pago fraccionado del bono vacacional de profesores, empleados y obreros: el monto equivalente a 10 días de sueldo base en agosto; otros 10 en septiembre; 10 más en octubre; el resto entre enero y julio del año próximo.
Ese plan de pagos exacerbó las protestas, al suprimir el disfrute de un bono vacacional que, de hecho, se honrará luego del período de descanso de clases en las universidades, advierte Gómez Gamboa, de Aula Abierta. “Desvirtúa el fin del bono, pues este es para ser disfrutado en el periodo vacacional y no posterior al mismo”, apunta.
El chavismo ha tratado de minimizar el impacto de las protestas recientes de docentes y gremios de empleados públicos. Según el exministro y diputado oficialista Jesús Faría, las manifestaciones contra el Instructivo ONAPRE son “muy reducidas”.
El vocero negó en una entrevista la semana pasada que haya “una escalada de protesta” contra el gobierno de Maduro. Faría afirmó que el poder ejecutivo de Estados Unidos era el culpable del deterioro de los salarios en Venezuela, por culpa del “bloqueo”, dijo, en referencia a las sanciones económicas aplicadas hace cinco años.
Hace dos meses, específicamente el 2 de junio, un grupo de universidades venezolanas introdujeron una demanda contra el llamado Instructivo ONAPRE ante el Tribunal Supremo de Justicia, cuyas decisiones suelen favorecer al gobierno de Maduro.
Rectores y abogados de la Universidad Central de Venezuela (UCV), la Universidad de Carabobo (UC), Universidad Nacional Experimental Politécnica “Antonio José de Sucre” (Unexpo), Universidad Pedagógica Nacional Experimental Libertador (UPEL) y Universidad de Los Andes (ULA) exigen la nulidad de ese instrumento normativo.
La Sala Político Administrativa del TSJ venezolano admitió a mediados de julio la petición contra el instrumento, que irá a juicio, pero se negó a dejarlo sin efecto temporalmente.
