El PSOE está desmantelando la ley de ciudadanía para los sefardíes, traicionando su promesa de redimirse por el Decreto de la Alhambra y los horrores de la Inquisición”. El regreso a Sefarad es tortuoso
El camino hacia la ciudadanía española por la vía sefardí, es decir, la vía de la ley que las cortes aprobaron en 2015 para hacer españoles a los descendientes de los judíos expulsados por los reyes católicos en 1492, se ha transformado para muchos en tortuoso viaje. Desde abril de este año, el Ministerio de Justicia de Madrid ha rechazado miles de solicitudes e incluso ha revocado en algunos casos la nacionalidad que ya había concedido. Un cambio en la Dirección de Seguridad Pública y Fe Pública, encargada de aprobar las solicitudes, implicó una modificación de los criterios de admisibilidad de los requisitos que prueban el linaje sefardí de las personas que hacen la solicitud.
La American Sephardi Federation (la Federación Sefardí de Estados Unidos) ha iniciado una campaña para denunciar lo que ellos califican como el incumplimiento de la promesa del gobierno español de otorgar la ciudadanía a los “descendientes de la Inquisición”. La realidad es que más de 30.000 certificados de ciudadanía ya fueron otorgados por el Ministerio de Justicia español a quienes se identificaron como descendientes de sefardíes. Pero la adopción de nuevos criterios por parte de la dirección que se ocupa de procesar las solicitudes cerró las puertas de la nacionalidad española para miles de personas, la mayoría de ellas venezolanas.
Conocedores del tema, como el abogado español César Ciriano, argumentan que el cambio de criterios en medio del proceso es discriminatorio y va contra los principios del derecho administrativo y de protección de derechos humanos establecidos en la legislación española.
En un foro por Zoom organizado por la American Sephardi Federation, el abogado Ciriano explicó que ya introdujo un recurso legal ante la administración del gobierno en el que argumenta que el despacho de Justicia tendrá que aprobar las solicitudes pendientes que ya fueron certificadas por los notarios y que tendrá que restituir la ciudadanía española a quienes se les revocó. Si el gobierno insiste en su proceder, que Ciriano califica como “ilegal”, entonces acudirá a los tribunales para que se cumpla el espíritu y la letra de la ley aprobada en 2015 que dio hasta octubre 2019 para que los interesados introdujeran la solicitud de la nacionalidad española como descendientes de sefardíes.
¿Quién tiene linaje sefardí?
La ley de 2015 dice que el solicitante tiene que presentar pruebas de su linaje sefardí, que son evaluadas por el notario, quien las certifica o no. Muchos solicitantes presentaron un estudio de su apellido, que probaba que históricamente ese apellido fue usado por sefardíes descendientes de los expulsados de España, y un certificado de linaje expedido por una organización judía. No hay que confundir el estudio de apellido con un estudio genealógico, el cual establece la relación familiar de la persona con un antepasado sefardí.
Antes de que se produjera el cambio de criterios en el Ministerio de Justicia español, el mismo despacho había otorgado la ciudadanía a miles de personas que habían presentado estudios de apellidos, certificados por los notarios como documentos válidos que probaban el linaje sefardí. Con los nuevos criterios, se han rechazado los estudios de apellidos como prueba suficiente, e incluso se han tomado decisiones retroactivas, revocando la nacionalidad a personas que la habían recibido.
Esto sería problemático desde el punto de vista jurídico ya que implicaría discriminación ante la ley; se habrían aplicado criterios distintos para personas que sí recibieron la ciudadanía anteriormente. Además, como explicó el abogado Ciriano, un funcionario no puede emitir circulares que cambien los procedimientos administrativos. Esa es una decisión que debe aprobar el Consejo de Ministros. De otro modo, estos cambios de criterios no son legales.
Las personas cuyas solicitudes fueron rechazadas tienen derecho a apelar la decisión del Ministerio de Justicia, y el despacho tiene la obligación de darle una respuesta sobre el estado de su solicitud (muchos solicitantes han dicho que son víctimas de un “silencio administrativo”, de falta de respuesta, lo que tampoco es legal). El abogado Ciriano confía en que el Ministerio de Justicia tendrá que aprobar todas las solicitudes que ya pasaron la certificación de los notarios. Si no fuera así, explicó el jurista, acudirá a los tribunales.
¿Motivación política?
En la petición pública de la American Sephardi Federation se afirma que el “partido gobernante, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), está desmantelando la ley de ciudadanía para los sefardíes, traicionando su promesa de redimirse por el Decreto de la Alhambra y los horrores de la Inquisición”.
Algunos han querido ver en este cambio de orientación administrativa una motivación política e incluso ideológica, incluso se han preguntado si sería una expresión de antisemitismo. En el foro de la Federación Sefardí de Estados Unidos se dijo que la presencia de Podemos en el gobierno de Pedro Sánchez probablemente ha tenido alguna influencia, por su cercanía con regímenes como el iraní y sus posiciones antiisraelíes.
Un reportaje del New York Times publicado el pasado julio titulaba España les prometió la ciudadanía a los judíos sefardíes. Ahora se sienten traicionados. Las organizaciones judías en los Estados Unidos se están movilizando para ejercer presión de opinión pública y pedir cuentas al gobierno de Sánchez. También han contactado al grupo hispano de representantes en el Congreso de Estados Unidos para que se pronuncie sobre el cambio de orientación del gobierno español. La representante de Nuevo México, Teresa Lager Fernández, dijo en el foro que, si bien los legisladores de Estados Unidos no pueden incidir en las decisiones del gobierno español, sí pueden hacer preguntas y pedir aclaratorias sobre los criterios que se están aplicando ahora para aprobar o rechazar las solicitudes de ciudadanía por linaje sefardí.
¿La vía portuguesa?
Portugal aprobó también una ley de ciudadanía para los descendientes de sefardíes expulsados por decreto del rey Manuel I en 1497. En el caso portugués la ley no tiene fecha de expiración (recordemos que la española daba como plazo octubre de 2019 para hacer la solicitud), no exige el conocimiento de la lengua portuguesa, pero es mucho más exigente a la hora de probar el linaje sefardí del solicitante. El Ministerio de Justicia portugués es más riguroso a la hora de revisar los antecedentes genealógicos de las personas, analizados a detalle por expertos genealogistas.
El abogado César Ciriano insistió en el foro por Zoom que quienes no han recibido respuesta todavía, fueron rechazados o incluso han visto su ciudadanía española revocada no deben perder la esperanza. Él está seguro de que por vía administrativa o judicial, al final el gobierno español tendrá que otorgar la nacionalidad a las personas que ya habían firmado ante el notario. Muchos venezolanos que se encuentran en este limbo administrativo esperan que el abogado tenga razón.
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