Durante el año 2022 la administración de Nicolás Maduro ha ordenado el cierre de 95 emisoras de radio en todo el país. Bajo el pretexto de la extinción de la concesión o irregularidades en la titularidad, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) ha cortado de manera abrupta transmisiones e incluso confiscado equipos de radiodifusión, arreciando su patrón contra la prensa libre.
Ante un claro patrón de censura que atenta contra derechos fundamentales como la libertad de expresión e información y que está orientado a reducir al mínimo los espacios de los medios independientes, la Red de Documentación de Crímenes de Lesa Humanidad -una iniciativa de las ONG Un Mundo Sin Mordaza, Defiende Venezuela y el Observatorio de Crímenes de Lesa Humanidad para documentar las graves violaciones a los derechos humanos en el país- analizó la situación en un Twitter Space junto a Carlos Correa, director de Espacio Público, y Marco Ruiz, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP).
Correa advirtió con preocupación que más de 80% de las emisoras de radio en el país no tiene la titularidad al día, pero señaló que esta falla es responsabilidad del ente regulador, Conatel.
“No es una falla atribuible a las emisoras pero es lo que se ha utilizado para los cierres. En estos momentos estamos ante las órdenes de apagar las transmisiones y eso está orientado a reducir la posibilidad de debatir ciertos temas en la radio; 70% de los medios en Venezuela son radiales, por lo que es el medio de mayor penetración y número en el país, así que estamos ante un apagón y una censura brutal a la posibilidad de expresarse mediante la radio», afirmó.
El director de la ONG Espacio Público explicó que en los casos documentados hay todo tipo de emisoras afectadas, incluso religiosas o comunitarias castigadas por su línea editorial.
«Lo que está ocurriendo es una recomposición de la radiodifusión venezolana de acuerdo con los intereses del Estado venezolano. Conatel está en la obligación de realizar el mapa de frecuencia. No sabemos cuántas emisoras hay, quiénes son los propietarios ni cómo están siendo reasignadas, especialmente en las grandes ciudades, para apoderarse del negocio dos o tres grupos», detalló.
Por su parte Marco Ruiz, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela, precisó que en solo dos días en Coro, estado Falcón, fueron cerradas ocho emisoras comunitarias.
«Estamos hablando de casi 100 trabajadores afectados, lo que significa una vulneración del derecho al trabajo. Solo en 2022 han sido registrados 95 cierres de emisoras con mayor énfasis en octubre. No es un tema que solo esté afectando el ejercicio profesional del periodista venezolano, va más allá, la radio es un servicio público, estamos hablando de una afectación del derecho a la información, a la libertad de expresión, a la educación, al entretenimiento», afirmó.
Ruiz recordó que el Estado venezolano tiene la obligación de ofrecer garantías para que exista pluralidad en la oferta de medios de comunicación y coincidió con Correa en que Conatel no da respuesta a las emisoras que han procedido administrativamente para renovar sus concesiones.
«Estamos documentando, visibilizando y denunciando, pues hay mucha opacidad en torno a los cierres. Conatel, sin dar razones, dio la orden de cerrar después que durante muchos años obvió o nunca dio respuesta».
En los últimos 13 años la llamada Revolución Bolivariana ha cerrado un total de 171 emisoras de radio en Venezuela: 32 durante el año 2009, 3 en 2016, 41 en 2017 y 95 en lo que va de 2022. El cierre de medios de comunicación bajo la figura de extinción de concesión ha sido una política sistemática de las administraciones de Hugo Chávez y Nicolás Maduro para reducir los espacios informativos y de libertad de expresión.
