El exjefe de la Inteligencia venezolana Hugo ‘el Pollo’ Carvajal planea solicitar a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de España que le permita salir de la cárcel de Estremera hasta que se resuelva su proceso de extradición a Estados Unidos, que le reclama por presuntos delitos de tráfico de armas y drogas.
Según la defensa, el riesgo de fuga que justificaría su estancia en prisión no existe por cuanto se pueden acordar medidas cautelares que permitan tener al también exdiputado venezolano localizado en todo momento, tales como el control con medios telemáticos, la comparecencia periódica en sede judicial o policial y la retirada de pasaporte.
Además, recalca que Carvajal inció un “proceso de colaboración” con la Justicia española que propició la reapertura de una causa sobre la presunta financiación ilegal de Podemos gracias al testimonio que prestó y a la documentación que aportó, conforme a lo cual fundadores del partido ultraizquierdista como Juan Carlos Monedero y Carolina Bescansa habrían recibido dinero del Gobierno venezolano desde la época de Hugo Chávez.
Esta colaboración se extendió ahora a la Fiscalía italiana. Este mismo martes, los fiscales Maurizio Romanelli y Cristiana Roveda interrogaron durante poco más de una hora a Carvajal en la Audiencia Nacional de España por otra investigación secreta que se desarrolla en la nación alpina sobre la presunta financiación del Movimiento 5 Estrellas (M5S) a través de Venezuela.
El juez de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción Número 6 Joaquín Gadea dio luz verde a la petición de las autoridades italianas de desplazarse a Madrid para tomar declaración a ‘el Pollo’, cuyas revelaciones han suscitado interés mediático más allá de las fronteras europeas, particularmente en países de América Latina como Perú, Brasil, Colombia y Argentina sin que conste que también hayan solicitado hablar con Carvajal.
Estados Unidos debe entregar a la Audiencia Nacional de España garantías respecto al trato que se daría a Carvajal en caso de que fuese extraditado, para lo cual la Sala de lo Penal, a instancias de la defensa, le dio un plazo de 45 días a contar desde el 29 de octubre.
Una vez recibidas estas garantías, la Sala de lo Penal podría seguir adelante con la extradición, a pesar de que la Sala de lo Contencioso-Administrativo aún debe resolver las medidas cautelares solicitadas como parte de otro recurso presentado por la defensa para revocar la negativa del Ministerio de Interior a concederle el asilo.
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