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La Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales, ONG, una temida iniciativa que podría malograr el desempeño de las asociaciones civiles en Venezuela, y que ha sido criticada en comunicados conjuntos hasta por 400 organizaciones nacionales e internacionales, ha entrado a segunda discusión en el Parlamento venezolano, controlado por el chavismo desde 2020 en unas elecciones donde no participó la oposición venezolana.
Por El País
Recién entrando el año, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, colocó el orden de prioridades del momento y pidió a los diputados que inicien el proceso de consultas públicas para enriquecer el proyecto de ley, que fue presentado por Diosdado Cabello en 2023, y que ya fue aprobado en primera discusión.
La ley podría entrar en vigor este año, que es electoral en Venezuela. “Es deber de la Asamblea Nacional consultar con todo el pueblo de Venezuela y las organizaciones que están involucradas en los alcances de esa ley, a los efectos de dar una fructífera segunda discusión”, afirmó Rodríguez en la sesión de debates.
Desde los tiempos de Hugo Chávez, en 2005, el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) ha estado debatiendo públicamente sobre algún instrumento de ley que le ponga coto o vacíe de contenido a las ONGs venezolanas, particularmente las que cuestionan el desempeño del Gobierno.
La Ley de Fiscalización de las ONGs que se discute en la Asamblea Nacional, advierten expertos consultados, va mucho más allá en materia de controles y sobre reglamentaciones que las anteriores iniciativas de Cooperación Internacional promovidas por la diputada chavista Eva Golinger hace más de una década.
Con un voluntariado amplio, el universo de las asociaciones civiles y las ONG todavía tiene vigor en el tejido social del país, y han ejercido una efectiva contraloría en torno a los desafueros y excesos del chavismo en materias como derechos humanos, transparencia administrativa, corrupción, gestión ambiental, libertad de expresión o información sobre la violencia social.
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