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Carlos Salazar Lárez, ingeniero y activista civil venezolano que hace pocos días grabó a distancia al empresario Alex Saab, cercano a Nicolás Maduro, de compras en la Isla de Margarita, fue detenido por las autoridades antes de subir el video a las redes sociales. De Salazar Lárez, hasta el momento, no se ha sabido nada más. Sus familiares esperan respuesta de las autoridades para que sea presentado en los tribunales. Su caso se asemeja parcialmente al de Víctor Venegas, dirigente magisterial que organizaba protestas en demanda de mejoras salariales en la ciudad de Barinas, llevado a prisión bajo acusaciones de terrorismo. También al de John Álvarez, estudiante de Antropología, detenido por la policía política, que denunció torturas en los interrogatorios. O al de los de los seis sindicalistas que organizaban protestas en el sector de los trabajadores de la salud en demanda de mejoras salariales, sentenciados a 16 años de prisión bajo acusaciones se traición a la patria, liberados todos a posteriori, junto a Álvarez, en el marco de la puerta giratoria de Barbados. O el de Nelson Piñero, militante político judicializado, acusado de violar la Ley contra el Odio en las redes sociales.
Por Alonso Moleiro / elpais.com
A todos estos casos se suma la detención en la cárcel de El Helicoide de Rocío San Miguel, una activista muy respetada en Venezuela, experta en asuntos militares. La captura ha expuesto la cara más represiva del chavismo en un momento clave para la definición del calendario electoral. San Miguel fue detenida en el aeropuerto de Maiquetía a las cinco de la mañana, cuando se disponía a salir de viaje a Miami, acompañada de su hija Miranda, también detenida. Las autoridades alegaron que su nombre salió en el interrogatorio de oficiales detenidos en una operación para desarticular una supuesta trama golpista que tenía como propósito el magnicidio de Nicolás Maduro.
El pasado 22 de enero, la Fiscalía General de la República había anunciado el arresto de 32 personas, “civiles y militares”, acusados de organizar una conspiración para deponer o asesinar al presidente. Las órdenes de captura incluían a personas como la periodista Sabastiana Barráez, especializada en la fuente militar, y la abogada y defensora de derechos humanos, Tamara Sujú, ambas en el exilio.
El fiscal general del régimen chavista, Tarek William Saab, anunció que fue celebrada finalmente la audiencia preliminar en contra de los seis ciudadanos presuntamente involucrados en la operación Brazalete Blanco, que incluyen a San Miguel y sus familiares. Esta trama fue denunciada por el chavismo hace dos semanas, poco después de firmados los Acuerdos de Barbados y de la liberación del empresario Alex Saab.
“En dicha audiencia, los fiscales del Ministerio Público solicitaron una medida de privación de libertad contra la ciudadana Rocío San Miguel por la presunta comisión de los delitos de Traición a la Patria, Conspiración, Asociación para Delinquir y Terrorismo”, informó Saab a través de un comunicado. La Fiscalía también solicitó privación preventiva de libertad para el militar retirado Alejandro Gonzales De Canales, expareja de San Miguel, por la “presunta comisión de los delitos de revelación de secretos políticos y militares concernientes a la seguridad de la nación, obstrucción a la administración de Justicia y asociación”.
Saab informó de que la Fiscalía solicitó a los tribunales “medidas cautelares, consistentes en presentación periódica a los tribunales”, a los otros cuatro detenidos, familiares de San Miguel, incluyendo a su hija y dos de sus hermanos, todos los cuales, de acuerdos a la defensa de San Miguel, fueron desaparecidos de manera forzada, sin saberse de su paradero en un lapso de 72 horas.
“Pronóstico en Venezuela: de castaño a oscuro”, comenta en un afilado tuit el historiador, escritor y académico Elías Pinto Iturrieta, una influyente voz el país, al calibrar la situación política actual. La judicialización de los hermanos y familiares de San Miguel ha expandido el miedo en el cuerpo social nacional, y la prevención, cuando no la mimesis, de muchos actores sociales del campo democrático. Conforme pierde popularidad, el Gobierno venezolano ha terminado por considerar hostil cualquier procedimiento cívico para llegar al poder por parte de sus adversarios.
El éxito político de la consulta primaria de la oposición, el pasado 22 de octubre, no sólo fue desconocido, sino que fue acusado judicialmente uno de sus organizadores, Roberto Abdul, de Súmate. Hace pocos días, en la localidad de Charallave, a media hora de Caracas, escuadrones de militantes chavistas agredieron nuevamente a comandos proselitistas de María Corina Machado, hiriendo seriamente a seis de ellos. Tal proceder está amparado en la Furia Bolivariana, una consigna que grafica el máximo estado de alerta en los tiempos de Nicolás Maduro, invocada cuando la presencia en el poder está en peligro. Además, el Estado revolucionario chavista ha empezado a explorar normas judiciales hostiles, como judicializar familiares de adversarios políticos.
Por su parte, el Foro Cívico, una ONG de derechos civiles y políticos, también manifestó “su repudio por la desaparición forzada y la detención arbitraria de Rocío San Miguel, referente en el campo de la defensa de los derechos humanos en Venezuela.” Al denunciar, “una feroz campaña desde el exterior contra el sistema de justicia y el estado venezolano”, y ponderar que la investigación a San Miguel se ha hecho “dentro de los lapsos legales correspondientes y en estricto apego al respeto de los derechos humanos y garantías constitucionales”, el fiscal general, Tarek William Saab, señaló que “aquellas voces que pretenden avalar los crímenes y los atentados contra el pueblo y la nación venezolana han sido y serán nuevamente derrotados por las convicciones pacíficas y democráticas de la mayoría del país”.
