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Funcionarios de la Casa Blanca están trabajando para reanudar los vuelos de deportación a Venezuela después que el régimen de Nicolás Maduro en Caracas detuviera el programa en enero, lo que frustró los esfuerzos de la administración Biden por contener la inmigración ilegal y disuadir futuros cruces de la frontera.
Por Michael Wilner y Antonio María Delgado / El Nuevo Herald
La pausa de un mes de los vuelos es un revés en un programa que tuvo vaivenes desde que comenzó en octubre. Estaba previsto que los vuelos fueran realizados una vez por semana.
Maduro detuvo los vuelos después que la administración Biden dijera que permitiría que expiren ciertas licencias otorgadas que levantaron parcialmente las sanciones impuestas a Caracas. La decisión de Washington fue tomada tras concluir que el régimen socialista estaba incumpliendo con los compromisos que había adquirido con la oposición que permitiría la realización de elecciones libres y justas este año.
Si bien los cruces fronterizos han disminuido en las últimas semanas, la suspensión de los vuelos se produce en momentos en que los migrantes venezolanos han aparecido en los titulares del país con dos episodios criminales violentos, incluyendo el asesinato de una estudiante en Georgia y otro de un policía venezolano retirado en Miami.
El Departamento de Estado se negó a hacer comentarios. Un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dijo que la administración “continúa trabajando con países de todo el hemisferio para abordar las tendencias migratorias históricas que todos estamos experimentando, incluida la de Venezuela”.
“Los migrantes que no tienen una base legal para permanecer en Estados Unidos, incluyendo a los venezolanos, están siendo expulsados o devueltos diariamente a sus países de origen y, en algunos casos, a México”, dijo el funcionario del DHS.
“Si los migrantes venezolanos no aprovechan las vías legales, como los procesos de libertad condicional de CHNV, o no utilizan las citas de CBP One para presentarse en un puerto de entrada, están sujetos a expulsión”, dijo el funcionario, refiriéndose a un programa de libertad condicional implementado el año pasado para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos. “Si no logran establecer una base legal para permanecer, serán expulsados o devueltos a México o repatriados a Venezuela, y enfrentarán una prohibición de admisión de al menos cinco años”.
La Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, se negó a comentar en una rueda de prensa con periodistas el miércoles si el nuevo retroceso democrático tomando lugar en Venezuela conduciría a sanciones adicionales contra Caracas.
Pero comentó brevemente sobre el asesinato de Laken Riley, de 22 años, una estudiante de enfermería de la Universidad de Georgia que estaba haciendo jogging cuando supuestamente fue asesinada la semana pasada por Klinsman Torres, de 31 años, un migrante indocumentado de Venezuela.
“Es desgarrador, ni siquiera puedo imaginar lo que está pasando la familia”, dijo Karine Jean-Pierre a los periodistas en la Casa Blanca en una conferencia de prensa el miércoles, negándose a hacer más comentarios sobre lo que describió como un caso bajo investigación activa.
La suspensión de los vuelos de deportación se producen en un momento en que el régimen de Caracas está intentando presionar a la administración Biden para que acepte que Maduro celebre elecciones presidenciales a finales de este año sin competir contra la líder de la oposición María Corina Machado, quien según la mayoría de las encuestas derrotaría fácilmente al líder socialista en unas elecciones libres y justas.
Después de participar en una prolongada ronda de negociaciones con la administración Biden el año pasado, el gobierno venezolano firmó un acuerdo con la oposición democrática del país en octubre en Barbados, acordando emprender una serie de reformas electorales largamente esperadas, permitir que todos los aspirantes presidenciales de la oposición estén libres de competir y liberar a todos los presos políticos.
A cambio de esto, Washington acordó levantar parcialmente las sanciones impuestas contra Caracas.
Las conversaciones también llevaron a Caracas a liberar a todos los estadounidenses detenidos injustamente en Venezuela y a la liberación de un socio clave de Maduro, Alex Saab, quien estaba encarcelado en Miami enfrentando cargos de corrupción y lavado de dinero.
Como parte del acuerdo, Maduro también acordó recibir vuelos regulares de deportación, ayudando al gobierno a lidiar con el problema causado por una lista cada vez mayor de venezolanos dentro de Estados Unidos en proceso de deportación.
Sin embargo, las buenas relaciones entre los dos países quedaron paralizadas el mes pasado después que la Corte Suprema venezolana, controlada por el gobierno, dictaminara que Machado no podía competir en las elecciones presidenciales de este año, en lo que la mayoría de los analistas venezolanos creen que asestó un duro golpe a los términos del acuerdo de Barbados.
La administración Biden respondió rápidamente diciendo que Maduro, de hecho, no estaba cumpliendo con sus compromisos y que tiene hasta abril para cumplir su palabra si quiere evitar la restauración de las sanciones previamente levantadas.
La noticia no fue recibida con buenos ojos en Venezuela, donde funcionarios del régimen dijeron que Estados Unidos podría seguir adelante y reinstalar las sanciones desde ya porque no cedería a la presión extranjera.
Como manifestación de su descontento, el régimen de Caracas detuvo los vuelos de deportación, indicando que ya no estaría dispuesto a ayudar a Washington con el problema causado por miles de venezolanos que intentan cruzar ilegalmente su frontera sur.
