La puesta en marcha de la investigación formal por crímenes de lesa humanidad ante el Tribunal Penal Internacional (TPI), una vez finalizado el examen preliminar, supone una de las grandes derrotas para el chavismo en sus casi 23 años de hegemonía en Venezuela. El gran interrogante ahora es si al final de las pesquisas, que se prolongarán durante años, Nicolás Maduro será imputado ante la Corte de La Haya como ya lo fueron el serbio Slobodan Milosevic, el libio Muamar el Gadafi y otros dictadores y asesinos africanos.
DANIEL LOZANO // EL MUNDO
La Fiscalía comenzará ahora a reunir de forma independiente las pruebas que ya organizaciones civiles, activistas de derechos humanos, familiares de las víctimas, periodistas y hasta policías y militares anónimos han aportado durante estos años con el “hijo de Chávez” al frente del país, sobre todo desde el estallido social y político de 2017. Fotografías, vídeos, testimonios, pruebas, declaraciones e incluso confesiones de antiguos colaboradores de los crímenes. “Las autoridades tienen la obligación de cooperar tras firmar Maduro un acuerdo de cooperación, pero está por verse si esa voluntad realmente se cumple”, sopesa el internacionalista Mariano de Alba.
De hecho, el fiscal Karim Khan se ha visto obligado a intervenir ante la violación sistemática de los derechos humanos y al considerar que las autoridades “no han tenido voluntad o son incapaces de investigar a presuntos responsables. El Estado se ha limitado a investigar sospechosos y crímenes que no son los adecuados. La fase de investigación no tiene plazo definido y probablemente será extensa”, añade De Alba, que además considera que el gobierno de Maduro puede retrasar seis meses más si así lo solicita y el tribunal le da la razón.
Mientras tanto, la montaña de pruebas para demostrar que en Venezuela se han producido vulneraciones sistemáticas de los derechos humanos no deja de crecer, tal y como recogen y actualizan tanto la Misión de Hechos de Naciones Unidas, la oficina de Michelle Bachelet e incluso la predecesora de Khan, que durante años no se atrevió a avanzar tal y como lo ha hecho el fiscal británico.
“La decisión del fiscal sobre Venezuela es un mensaje sólido no sólo para quienes cometieron abusos, sino también para los líderes militares y civiles que sabían o deberían haber sabido lo que ocurría y no intervinieron”, adelantó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch (HRW).
Otro de los grandes interrogantes es hasta dónde está dispuesto a llegar Maduro para cubrirse las espaldas. El politólogo Georg Eickhoff lo tiene claro: “Maduro no puede cumplir lo acordado con el TPI. Significaría entregar a los militares que cometieron los crímenes ordenados por él. Antes, estos militares le entregarán a él”.
El “presidente pueblo” ha logrado mantenerse en la cumbre del poder revolucionario gracias al apoyo del generalato, uno de los más beneficiados con el sistema de corrupción económica montado por los bolivarianos.
“Debe haber mucho temor en algunos”, avizora el antiguo fiscal Zair Mundaray destituido por Maduro y hoy en el exilio.
Marino Alvarado, activista de la ONG Provea, ha ampliado los interrogantes a los que debe enfrentarse Maduro si quiere eludir el banquillo mundial de los acusados a los jefes de la policía política, la contrainteligencia militar, Defensa y los magistrados del Supremo.
