La primera concentración fue antes de las 8:00 de la mañana, de este 8 de diciembre. El punto: el mercado de Mayoristas en San Félix. Quemaron cauchos y protestaron. La voz se fue corriendo y en el mercado de Chirica, también en San Félix, decidieron cerrar para evitar algún tipo de intento de saqueo.
Pableysa Ostos // Corresponsalía lapatilla.com
“Se rumora que la protesta es porque el dólar está muy alto tanto el oficial como el paralelo”, era lo que comentaban algunos de los que pasaban por el lugar. Horas más tarde, se dio el cierre en el puente Caroní, en ambos sentidos. Este es uno de los tres puentes que conectan a San Félix con Puerto Ordaz.
Pero el motivo de las trancas en Ciudad Guayana, no era solo por la subida estrepitosa del dólar, sino también por las paralizaciones del sector construcción y por las incursiones militares, que se han registrado al sur del estado Bolívar desde hace más de un mes.
“Es una protesta por los abusos de la Operación Roraima. Aquí la gente de los barrios que viven de la pequeña minería, que tienen algún tipo de comercio, están afectados por la parálisis en los municipios del sur. Esto condujo a que diversas organizaciones vecinales, organizaciones sociales, trabajadores, hayan decidido iniciar protestas en el estado bolívar con el cierre pacífico de algunas vías, entre ellas la entrada a Upata, el terminal de pasajero del municipio Piar, la vía Upata, San Félix a la altura de Preca y la Ruta II de Vista al Sol, y el puente Caroní”, señaló el abogado José Gregorio Beria.
Beria detalló que los manifestantes “exigen que el general de división Julmer Rafael Ochoa Romero, comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) Bolívar, el comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral (REDI) Guayana, M/G Alfredo Román Parra Yarza, y al Comando Operacional que cesen la represión, los abusos contra los comerciantes y los pequeños mineros del sur del estado Bolívar, quienes han sido objeto de extorsión, robo, en una operación que no tiene ni pies ni cabeza, porque no están persiguiendo a delincuentes, sino dañando la economía”.
Bladimir Josué Tremaria, presidente del Frente Unido de Trabajadores Socialista del estado Bolívar, explicó que “hicimos trancas generalizadas en la ciudad, en vista del incremento criminal del dólar, que está golpeando nuestra economía nuevamente, así como la paralización de todas las obras del sector construcción, lo que hizo que nos fuéramos vinculando todo el sector construcción, que se fue en los últimos años a trabajar específicamente en el sur del estado Bolívar, porque la minería generó una alternativa importante, lo que levantó nuestra economía a nivel nacional y estadal. Desde ahí pudimos superar estos últimos 4 años de pandemia y de bloqueo económico”.
“Vemos con preocupación cómo los organismos de seguridad, dirigidos por Ochoa, están llevando a cabo unos actos de violencia y violación de derechos humanos en algunos sectores mineros, golpeando al pequeño minero. Le están quitando sus bienes, lo están expropiando, explotando todo el trabajo artesanal, están haciendo un ecocidio”, denunció Tremaria.
El representante sindical exhortó al Ejecutivo nacional y a todo el ente gubernamental para “darle un parao a esta situación”. Relató que en el sur de Bolívar “se sacaba un poquito de oro con esfuerzo, sudor y hasta lágrimas para llevarlo a sus familias y poder comprar sus alimentos. Ahora por un capricho de este general, que no sé de quién recibe órdenes, que yo creo que es un infiltrado de la derecha que quiere generar caos ante las elecciones venideras. Nosotros hacemos ese llamado a todos los cuerpos de seguridad que pongan ojo pelao con este general”.
Sostienen que la minería artesanal es legal, siempre y cuando se haga el arrime al Estado. “Nosotros tenemos la prueba de que todos nuestros sectores mineros cumplen ante la Corporación Venezolana de Minería (CVM) con esto. Por eso seguiremos tomando la calle”.
Ante la pregunta sobre las próximas acciones que tomarán o si tiene pensado dar una “tregua”, Tremaria afirmó: “Nosotros no estamos pidiendo tregua. Estamos pidiendo que se nos respete nuestro derecho como pequeños mineros. Estamos pidiendo que se verifiquen nuestras zonas mineras para constatar si hay una violación de derechos humanos y para que envíen un equipo del Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, Vicepresidencia de la República, porque hay un ecocidio”.
“Por ejemplo, en la mina Las Vainitas, en las distintas minas donde quieren entrar, porque estamos terminando una planta, la cual sería la primera planta hecha por los mineros de a pie. Ya no es ese grupo inversionista, transaccional, nosotros tenemos una planta que los mineros han hecho con su sudor y está a punto de prender, y ahora se quieren meter allí a expropiar, inventando cualquier serie de cosas”, puntualizó Tremaria.
La Operación Autana 2022 en el municipio Sifontes, se puso en marcha el pasado 17 de octubre.
No era la primera vez en el año que la población de Tumeremo, en el municipio Sifontes, tenía la presencia de comisiones mixtas en la zona. Antes de la incursión de octubre -que se ha extendido hasta noviembre de 2022- dos meses antes (entre el 14 de agosto y el 18 de agosto), ya habían ejecutado una acción militar que se extendió por más de tres días en varias minas del municipio Sifontes. Llevó por nombre: Operación Autana 2022.
Tanto la Operación Autana como Roraima han tenido como supuesto objetivo “la localización, neutralización y erradicación de grupos Terroristas Armados Narcotraficantes de Colombia (Tancol) y cualquier elemento que pretenda implantar su cultura de terror en la entidad, todo esto dando cumplimiento a las órdenes emanadas por el Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela”, según la información oficial emanada del Ministerio de la Defensa.
Las imágenes fueron publicadas por el Comandante Estratégico Operacional de la Fanb, GJ. Domingo Hernández Lárez (@dhernandezlarez) muestran no solo la devastación ambiental, sino también la supuesta “organización” con la que contaba el grupo irregular que operaba en la zona atacada militarmente: armas, balas, radios, drones, avionetas, helicópteros, combustible, campamentos, entre otros.
Hernández también señaló que han localizado fosas comunes. Una fuente militar que se encuentra en el sector, le explicó a lapatilla.com que se han conseguido, al menos, tres fosas comunes: una el pasado 7 de noviembre, otra el 10 de noviembre y la tercera el 24 de noviembre.
El abogado José Gregorio Beria reveló que pudo conversar algunas personas, capturadas durante la operación militar. “Pequeños mineros, diez en total, presos por la Operación Roraima. Hay cinco extranjeros: cuatro brasileños, un guyanés y cinco venezolanos. Entre los detenidos, hay dos mujeres: una venezolana y otra brasileña. Me contaron el horror que han vivido estos 25 días últimos desde que fueron detenidos trabajando la pequeña minería en la zona de Sierra Imataca, al sur de la montaña adentro, donde llegan aeronaves”.
“A una de las mujeres, la violaron dos militares. Es venezolana, una joven mujer de unos 40 años, trabajadora de la mina en labores de ayudante de cocina. La brasileña también fue abusada sexualmente, le robaron 300 gramos de oro, sus prendas y pertenencias. A los demás, los golpearon y torturaron, les robaron todo. Por varios días, los amenazaron con matarlos y después los trajeron en un helicóptero de nuestra Fuerza Armada”, denunció Beria.
Ambas mujeres están detenidas en el Centro de Coordinación Policial Ramón Eduardo Vizcaíno, ubicado en San Félix. Ellas son tan solo dos de las más de 60 mujeres retenidas en ese centro de detención preventiva por distintos delitos.
Se pudo conocer que se abrió una investigación por violación de derechos humanos en la Fiscalía 2 en esa materia, aunque la causa también se encuentra en la Fiscalía de Ambiente.
