Venezuela enfrentará la disputa territorial que mantiene con Guyana ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por unos 160.000 kilómetros cuadrados al oeste del río Esequibo, con pruebas que asegura tener a favor.
Desde abril, cuando la Corte Internacional de Justicia (CIJ) declaró que tiene jurisdicción para pronunciarse sobre esta pugna y rechazó los argumentos presentados por Venezuela, el Gobierno de Venezuela empezó una cruzada sin precedentes que consiste en educar y sensibilizar sobre el tema a los venezolanos, incluidos los menores.
Una campaña escolar que consiste en la entrega de mapas nacionales que muestran el territorio en disputa como venezolano, así como una consulta ciudadana sobre el conflicto, son las herramientas que se suman a la documentación que prueba la potestad de Venezuela sobre la tierra en controversia.
Desde 1568 ese territorio formaba parte de la ex-Guayana o Provincia Colonial Española de El Dorado que, en 1810 era parte de la Capitanía General de Venezuela. Además, en todas las constituciones de Venezuela, desde 1811 hasta la actualidad, el territorio nacional se ha definido como aquél que pertenece a la Capitanía General de Venezuela antes de la transformación política de 1810.
Entonces, Venezuela al ser la legítima sucesora de los antiguos derechos de la corona española en las tierras en disputa, es racional entender que le pertenece desde esa fecha.
No. Desde el punto de vista historiográfico hay suficientes hechos, y documentos que nos dan la razón, como, por ejemplo: las Cédulas Reales que confirman los derechos históricos de Venezuela sobre el Esequibo desde tiempos coloniales.
El Esequibo pasó por las manos de España, Holanda e Inglaterra, quienes en su afán colonizador, expansionista y expoliador hicieron presencia en el Esequibo.
Los primeros fueron los españoles con el establecimiento de la Provincia de Guayana en 1568. Después aparecieron los holandeses que a partir de 1623-1624 se propuso colonizar Guayana, lo que se tradujo en los establecimientos de Esequibo, Demerara y Berbice.
En 1648 Holanda y España firman el Tratado de Münster que dio a Holanda su Independencia de España, lo cual también implicó el reconocimiento español de las posesiones holandesas en la “Costa Salvaje” y supuso una renuncia territorial, impuesta bajo ciertos términos: reconocimiento implícito por Holanda de que España tenía el derecho anterior al territorio por poseerlo previamente; la demarcación de las posesiones holandesas, aunque no fue precisada, se limitaba a sus alrededores, no existiendo tierra de nadie y aceptando Holanda que el resto del territorio era español.
El 13 de agosto de 1814, Inglaterra adquirió la Guyana Británica mediante el tratado de Londres celebrado con Holanda, por el cual le fueron cedidos los campamentos de Berbice, Esequibo y Demerara.
La frontera entre Venezuela y la Guayana Británica estuvo fijada desde 1814 en el río Esequibo. Luego, en 1825, cuando Inglaterra reconoció a la República de Colombia, estableció también como límite el río Esequibo.
Fue una vergüenza, Inglaterra se aprovechó de la debilidad militar de Venezuela para defender el territorio. En agosto de 1814, fracasaba la Primera República y se desarrollaba la Guerra a Muerte. Venezuela no disponía de una flota marítima, sino apenas unos pocos barcos corsarios. En contraste, Gran Bretaña, la principal potencia del mundo para la época y conocida como la Reina de los Mares, tomó posesión del Esequibo.
Claro que sí. En 1822, el Libertador ordenó a José Rafael Revenga que gestionara en Londres el desalojo de los colonos ingleses que se hallaban en la zona del Moruco-Pomerón, (en la orilla izquierda del río Esequibo).
Venezuela, protestó enérgicamente el plan inglés de penetrar en nuestro territorio. En 1824, fue enviado José Manuel Hurtado, ante las autoridades británicas, presentó sus Cartas Credenciales, entregó una Memoria, con la que explicó los límites, territorio, la actividad comercial, población y otros elementos conexos de la región que representaba. En esa memoria se describió la geografía de la Gran Colombia, la cual partía desde el río Esequibo “o confines de la provincia de Guayana”.
Nada. Pero, en 1825 Gran Bretaña reconoció la frontera entre la Gran Colombia y la Guayana Británica en el río Esequibo. Además, ese reconocimiento lo confirma Agustín Codazzi al publicar su Atlas físico y político de Venezuela en 1840. En ese documento destacó que el Esequibo es la frontera oriental de nuestro país.
La único que podía hacer para reclamar el territorio era recurrir al arbitraje, pero esa propuesta nunca fue aceptada por los ingleses. El argumento es que no se podían sentar con nosotros porque éramos unos salvajes que olíamos a plátanos.
¿Cómo y por qué entra Estados Unidos en el conflicto entre Venezuela y Gran Bretaña?
Estados Unidos hizo suya la reclamación venezolana, (recuerda éramos unos salvajes inaceptables para los ingleses). Es así como se pone en marcha la Doctrina Monroe, y EUA logra que Gran Bretaña aceptara someterse al arbitraje.
Pero las circunstancias fueron de lo peor: Venezuela no participó en el arbitraje y Estados Unidos negoció con Gran Bretaña el compromiso arbitral de 1897, que luego suscribió Venezuela, obligándose a cumplir lo pactado.
El Tratado Arbitral se firmó en 1897 en Washington; fue el acuerdo entre los estadounidenses y los ingleses en el cual se estipulaba los medios, formas y la composición del tribunal que estuvo conformado por varios jueces nombrados por ellos. Venezuela no pudo nombrar su arbitro, porque repito Gran Bretaña no aceptaba que venezolanos estuviesen representándose directamente. Para ellos éramos unos “indios” incultos y bárbaros. No podían negociar con nuestros representantes. Por lo que la defensa de nuestra postura fue conducida por el Ex-presidente de EEUU, Benjamín Harrison y dos abogados también norteamericanos.
Sin eufemismos, eso no fue un tribunal arbitral, eso fue un grupo de delincuencia organizada para esa época. El tribunal estuvo compuesto por dos británicos, dos estadounidenses y el presidente del tribunal, un ruso llamado Friedrich de Martens, quien lejos de ser imparcial, tuvo un marcado sesgo favorable a Gran Bretaña. Era amigo personal de la Reina Victoria, daba clases en dos universidades británicas y en un libro de su autoría afirmaba, “…la suerte futura de sus posiciones obligan a Rusia e Inglaterra a no perder jamás de vista el papel sublime que la Providencia les ha impuesto para el bien de las naciones semisalvajes y bárbaras de esta parte del mundo”.
Venezuela sin duda, fue considerada, por el ruso Friedrich de Martens, como uno de esos países bárbaros. Estos árbitros se reunieron en París en 1899 y el 3 de octubre de ese año, emitieron su decisión mejor conocida como el Laudo Arbitral de París de 1899.
Un laudo es una sentencia, y como tal debe tener una motivación que diga las razones que los jueces estimaron para decidir. Pero, eso no fue así, no hubo razones, no hubo motivos, no hubo argumentos. Allí lo que hubo fue una tramoya orquestada por unos pseudojueces para robarnos. No es una exageración. De forma fraudulenta y descarada ese tribunal le traspasó a Gran Bretaña 159.500 kilómetros cuadrados.
Fue un robo descarado. Primero: no nos dieron la posibilidad de nombrar árbitros porque éramos salvajes; segundo: la misión de ese tribunal era “investigar y establecer” la extensión de los territorios que pertenecían, o que legítimamente podían ser reclamados por Holanda o por España al momento de la adquisición por Gran Bretaña de la Colonia de la Guyana Británica y determinar la frontera entre ambos países, no adjudicar territorio, y tercero: en el papel que esos jueces sinvergüenzas llamaban laudo no hubo motivación, razonamiento ni argumentos. Prácticamente fue un papel en blanco con sus nombres y algunos detalles de forma y en donde le adjudican a Gran Bretaña el Esequibo.
Exactamente. Todo fue un fraude que fue develado en 1949, por un señor llamado Severo Mallet-Prevost que fue uno de los abogados estadounidenses que defendió a Venezuela. En un documento que él ordenó publicar después de su muerte y reveló la componenda entre el presidente del tribunal (ruso) y los jueces de Gran Bretaña, a espaldas del Derecho Internacional.
Con la publicación del documento de Severo Mallet-Prevost se retomó la discusión del fraude ocurrido en 1899, y en 1962 el Canciller venezolano, Marcos Falcón Briceño, realizó una exposición en la ONU para anular el Laudo Arbitral de 1899.
Que ese laudo arbitral es nulo por múltiples violaciones al Tratado de Washington de 1897 y al derecho internacional vigente para el momento. Que era nulo por haber violado el debido proceso; que era nulo por haber incurrido en el vicio de exceso de poder; que era nulo por haber decidido más allá de lo requerido al Tribunal Arbitral; que era nulo por carecer de motivación y por falta de imparcialidad de los árbitros.
Indiscutiblemente sí. A raíz del hallazgo del documento de Severo Mallet-Prevost Venezuela denuncio? en 1962, como nulo e irrito el Laudo Arbitral de 1899 ante la ONU. La queja fue admitida y se reconoció la contención venezolana, lo que conllevo posteriormente a la firma del Acuerdo de Ginebra del 17 de febrero de 1966, entre Venezuela, el Reino Unido y su colonia de Guayana Británica (actual Guyana).
Es un acuerdo que se firmó el 18 de junio de 1970 en Puerto España que tenía por objeto explorar todas las posibilidades de mejorar el entendimiento entre Venezuela y Guyana. Permaneció en vigor por un período “inicial” de doce años, contados a partir de la fecha de su firma.
Mientras el Protocolo de Puerto España estuviera vigente no se haría ninguna reclamación que surgiera de la contención. En junio de 1982 cuando venció el plazo, Venezuela descartó cualquier prórroga del Protocolo de Puerto España, y lo dio por terminado.
Recuerda que las gestiones de arreglo estaban en manos del secretario general de la ONU, pero ni los buenos oficios, ni la mediación dieron resultados. No se logró ninguna propuesta aceptable por las partes. El 15 de diciembre de 2016, Ban Ki-moon, secretario general de la ONU, para esa época, propuso a las partes incorporar una mediación a los buenos oficios con un mandato que debía concluiría a finales de 2017; pero advirtió que si no habría progresos escogería a la Corte Internacional de Justicia como el medio de solución, a menos que ambas partes le solicitaran que no lo hiciera. Así es como Guyana decidió acudir a la CIJ y demandarnos.
Venezuela tiene que defenderse de forma adecuada y efectiva. Debe apoyarse en los mejores criterios jurídicos, históricos, geográficos, para probar la verdad histórica de un despojo imperial. Estamos ante un tribunal en donde se tendrá la oportunidad de presentar el próximo 7 de enero de 2024, su contra memoria; luego convocará audiencias de discusiones y finalmente en un plazo de tres a cuatro años se emitirá la sentencia.
Allí viven aproximadamente 15.000 indígenas que han habitado ancestralmente grupos de las etnias akawayo, patamona, waiwai, makushi, lokonas (familia de los arawakos), wapishana y kariña son etnias que están a punto de desaparecer.
En esa zona se cometen toda clase de fechorías. Ese territorio está plagado de piratas y traficantes que conforman redes criminales transnacionales. Los delincuentes aprovechan la ausencia estatal de modo que el crimen organizado opera con absoluta impunidad.
En el tráfico de drogas los carteles han sustituido el uso de embarcaciones tradicionales por submarinos o lanchas rápidas que escapan al control de los radares. Un caso emblemático ocurrió el 14 de agosto de 2014, cuando la unidad antinarcóticos de Guyana y el Ministerio de Defensa encontraron una embarcación semisumergible en un afluente del río Waini, cerca de la frontera con Venezuela, al noroeste del país.
Es tan grave que el expresidente guyanés David Granger expresó que “Guyana está caminando dormida, paso a paso, hacia un narcoestado, y que el narcotráfico es el motor del crecimiento que está impulsando la economía del país“.
Absolutamente ilegales, porque han sido otorgadas de forma unilateral y en contra del Derecho Internacional. Desconociendo que es un territorio en reclamación, Guyana ha concedido a empresas transnacionales extensas áreas para explotar hidrocarburos, oro, diamantes, además de minerales radioactivos como uranio, torio, estroncio. Imagínate, es como que, si tú y yo tenemos un problema por una herencia, te reclamo los derechos que me pertenecen sobre varias casas que forman parte de la herencia y tú en vez de custodiarlas mientras se resuelve el reclamo los alquilas, los vendes y te quedas con el producto del alquiler o la venta.
Su soberanía no está determinada mientras exista la reclamación. Por puro sentido común, las concesiones otorgadas por Guyana a empresas transnacionales son nulas. Te pongo otro ejemplo: es como si una persona invade tu apartamento y celebra un contrato de arrendamiento con un tercero, la condición de invasor no se la quita el contrato que celebró. Guyana debe abstenerse de la realizar contratos de concesión para la exploración o explotación de los recursos naturales situados en el territorio en reclamación.
Empresas transnacionales de Holanda, Estados Unidos, China, Reino Unido y Canadá. Desde hace una década, importantes compañías petroleras han iniciado a una campaña prospectiva sin el consentimiento de Venezuela. Entre ellas destacan: ExxonMobil, CNOOC, Total, Eco Atlantic, Repsol, Tullow y Anadarko.
La situación actual es muy grave por el otorgamiento unilateral de concesiones por parte de Guyana, el perjuicio económico es inmenso. Hay que sumar el daño que la exploración y explotación de hidrocarburos está ocasionando al medio ambiente, el daño a las comunidades indígenas y la utilización de este territorio para la comisión de delitos transfronterizos e internacionales. Por eso, sin más pérdida de tiempo, Venezuela debe solicitar medidas provisionales ante la CIJ para preservar los bienes o derechos en litigio, mientras se encuentra pendiente la sentencia final.
Si no se adoptan medidas provisionales y aunque Venezuela resultara vencedora en la contienda judicial, los perjuicios en su contra se habrían consumado de manera irreversible.
La Corte Internacional de Justicia (CIJ) debería decretar esas medidas por iniciativa propia. En buen Derecho debe ordenar la suspensión y ejecución de dichos contratos hasta que se dicte la sentencia definitiva. De lo contrario se hace cómplice de las fechorías cometidas por Guyana.
En este sentido, es evidente como en tantos años de historia, Venezuela ha reclamado su territorio en disputa arrebatado por Gran Bretaña en 1814 trayendo consigo una serie de demandas y laudos arbitrales en pro de un resultado “justo” para el país.
Una disputa que se revive tras el descubrimiento de petróleo en la región, representando dos tercios del territorio de Guyana.
Es así como tras la decisión del CIJ el pasado 6 de abril, Venezuela tendrá que prepararse muy bien para lograr resolver el conflicto.
