Lapatilla
Debajo de una mata están un grupo de mujeres. Algunas llevan un camisón largo a manera de bata, llamada sayal, una cinta en la frente y collares realizados por ellas, mientras que otras visten de pantalón y camisa. Los hombres y los niños se mantienen cerca, pero las voces que predominan son la de las mujeres.
Pableysa Ostos // Corresponsalía lapatilla.com
Conducimos por más de 20 minutos, dejando atrás al estado Bolívar. Una distancia de unos 39 kilómetros separa a Ciudad Guayana de la comunidad indígena de Macapaima, en el estado Anzoátegui.
La comunidad es pequeña, cuenta tan solo con cinco calles y viven unas 315 personas entre criollos e indígenas kariña. A simple vista, pareciera estar todo bien, pero tras uno adentrarse en el pueblo, se empiezan a ver las carencias que padecen unas 110 familias.
Los martes y sábado un autobús opera en la ruta Macapaima-Ciudad Guayana, única oportunidad que tienen de trasladarse a la ciudad y hacer sus compras. En la comunidad no hay instituciones educativas, por lo cual niños y niñas deben ir hasta Palital, a unos 11.3 kilómetros de distancia, un trayecto que recorren caminando, debido a la falta de unidades de transporte, que se pueden tardar más de una hora.
Con los centros asistenciales sucede lo mismo: para atender alguna dolencia deben ir hasta Palital o Ciudad Guayana. Pero ese día nos citaron no solo para denunciar esta problemática, sino también para relatar una batalla que los nativos enfrentan desde hace más de 20 años.
Batalla que ha pasado por manos de abogados, Ministerio Público (MP), así como tribunales, más innumerables copias de documentos que han introducido en varios organismos. Yetzeli Martínez, gobernadora de la Asociación Indígena Kariña Macapaima, explicó que la empresa ACBL de Venezuela dejó unas gabarras abandonadas.
“Durante más de 20 años han causado daños ambientales a nuestra comunidad. Esas personas cuando venían a colocar las gabarras ahí, rompían sus trenes, las gabarras las dejaban por todos lugares y después dejaron hasta de prestarles atención”.
“Lo primero que hicimos fue ir a la empresa a pedir que retiraran las gabarras, porque estaban contaminando el río y ocupando nuestros espacios de siembra, pero lo que hacían era insultarnos. Luego empezamos la batalla legal en tribunales y fiscalía de ambiente, ellos nos ayudaron, empezamos una demanda contra la empresa, la cual se ganó”, detalló la mujer de 35 años y madre de 3 hijos.
Las gabarras son barcos de fondo plano, “construido principalmente para el transporte de bienes pesados a lo largo de ríos y canales. Habitualmente, las gabarras no son autopropulsadas y necesitan ser movidas por un bote remolcador que tire de ellas o las empuje. Una gabarra típica mide 59,4 m x 10,7 m y puede cargar hasta 1500 T. Las líneas del casco de las gabarras, así como su tonelaje varían mucho de unos puertos a otros”, según el Sistema Integrado de Consultas de Clasificaciones y Nomenclaturas (SIN).
Trabas y saboteos
El MP designó a la Corporación Ecosocialista Ezequiel Zamora (Corpoez) para que realizara un saneamiento ambiental. Esa corporación realizó un proceso de licitación para que una empresa fuera la encargada de ejecutar esas labores.
La encargada para esto sería Tridente Service, según lo señalado por los habitantes. La empresa ha intentado realizar el trabajo asignado. “Durante mucho tiempo habíamos estado esperando, pero mediante ese proceso se han presentado otros inconvenientes como, por ejemplo, que la empresa ACBL sigue metiéndose, diciendo que no hay ninguna contaminación y metiendo a otras personas para que impidan que se realice dicho saneamiento”.
Sumaron que la intención de Tridente Service es darle un beneficio de empleos a la comunidad, ya que son habitantes de la comunidad indígena los que están formando parte del proyecto de la destrucción y saneamiento de las gabarras.
Presuntamente hace unos días, ACBL habría contratado un remolcador cuando en paralelo los representantes de Tridente también estaban realizando las labores de amarre. “Cuando estaban trasladando tres gabarras, la remolcadora de ACBL se amarró de la primera gamarra para llevárselas, formaron todo un alboroto. Causaron intimidación e impidieron que se ejecutara lo solicitado al tribunal. Ya se metió una orden al tribunal para pedir que se pronuncien por el desacato de la medida”, denunciaron los afectados.
“Nosotros seguimos en pie de lucha y vamos a seguir acá, aunque tenemos aquí conflictos que también se pueden acarrear, ¿verdad? Pero aquí está este pueblo, que este pueblo quiere que en realidad esto se dé. Y es lo que queremos nosotros también, que esto se dé. Bueno, más que voltear la mirada hacia acá, aquí podemos ver este grupo de familia y esta generación que se viene levantando, que son los muchachos que van, como dicen, los ciudadanos de relevo de nosotros. Entonces nosotros buscamos la manera de dejarle algo a esta generación”, destacó Martínez.
Trascendió que son unas 38 gabarras las que permanecen en las orillas del río Orinoco desde 1998, según pudieron confirmar los abogados que llevan la causa a través de Google Maps.
Contaminación fatal
La denuncia está en la Fiscalía Tercera en competencia ambiental de Ciudad Bolívar, según expediente FP.2-2023-5266, y que introducida debido a un brote de escabiosis, diarrea, entre otros cuadros de enfermedades que se han presentado en la comunidad.
Por su parte, lograron determinar con pruebas químicas realizadas en el agua por representantes de la Universidad de Oriente (UDO), quienes corroboraron que el agua tiene una ligera acidez con minerales pesados, bajo consumo de oxígeno y sólidos en suspensión.
También tomaron muestras de los sedimentos, en los que observaron que son ácidos, de textura granular fino con trazas de minerales pesados y ausencia de hidrocarburos. Pero las conclusiones de estas evaluaciones no señalan el porcentaje de los niveles de contaminación de las muestras estudiadas.
El expediente cuenta con unos 196 folios. La comunidad ha recibido inspección del Ministerio Público (MP), y hasta les han realizado exámenes de medicatura forense. La comisión de ambiente del Consejo Legislativo del estado Bolívar también llevo a cabo su investigación y denunció los graves problemas sanitarios que padece la comunidad indígena. Recomendaron las mismas medidas adoptadas por el tribunal: sanear el río y sacar las gabarras.
“Aquí tenemos personas enfermas, las cuales les ha dado sarna, han sufrido de problemas estomacales, hay tantas cosas que han surgido a raíz de esa contaminación, que entonces siguen pensando que eso no está causando mal a la comunidad indígena. Por que somos indígenas, ellos creen que no valemos. Queremos que ACBL se dé cuenta del daño que le causa a nuestra comunidad”, cuestionó Yetzeli Martínez.
Explican que esas gabarras las usaban para trasladar bauxita, alquitrán, entre otros materiales. “Cuando les hacían mantenimiento, caían las partículas al río. Y aún hay personas que viven a orillas del río y muchas veces nos ha tocado beber de esa agua”.
Carmen Martínez, de 75 años, comentó: “Nuestros hijos van ahí a pescar, entonces van a agarrar un pescado contaminado. Vamos a beber esa agua contaminada, no puede ser, porque nos enfermamos todos. Yo misma he tenido ronchas. La siembra, no sé nada”.
En la comunidad cuentan con un pozo profundo, pero cuando se daña la bomba “nos toca ir al río, no nos queda de otra o esperar que venga la lluvia y agarrar el agua. Esa es la única forma. Las instituciones están lejos y mientras se trasladan, arreglan las bombas, y uno debe parar en el río para subsistir. Hay indígenas que vivimos a orilla de río y debemos consumir esas aguas”.
¿A qué se dedica ACBL?
ACBL se describe en su página web como “una empresa de servicios de transporte de mercancías en aguas interiores por medio de gabarras. Nuestros lineamientos están enmarcados en la cultura de la calidad, orientando la forma de vida y de trabajo en función de la productividad y la excelencia, permitiendo alcanzar un equilibrio armónico dentro de la organización”.
“Fundada en 1993, con sede en Ciudad Guayana, Venezuela, principal ciudad industrial del país. Es la empresa de transporte fluvial y lacustre, por medio de barcazas, más grande que opera en el río Orinoco y sus afluentes navegables”, detallan.
Entre los servicios que ofrecen está transporte fluvial, mantenimiento naval, terminal/operaciones portuarias y proyectos especiales.
Sus oficinas están ubicadas en la avenida Guayana, urbanización Los Samanes, Torre Corporativa Bell, en Alta Vista. En la página también tienen un número de contacto. El equipo reporteril de lapatilla.com intentó comunicarse con ellos a fin de conocer su postura sobre el caso, pero la persona que nos atendió vía telefónica señaló que “la junta directiva está en Caracas y viene esporádicamente a la ciudad y nosotros no estamos autorizados a dar información”.
Piden soluciones
La gobernadora de la comunidad indígena enfatizó que quieren que se respeten sus derechos. Según Martínez, representantes de ACBL le han manifestado que están “apadrinados por gente que tiene un poderío. Han nombrado que el gobernador del estado Anzoátegui los está apoyando, que hasta el gobernador del estado Bolívar los está apoyando”, sumó la líder indígena.
La mujer también destacó: “Nosotros aquí lo que exigimos es el derecho a que se nos respete, a que de verdad se nos haga ese saneamiento en nuestra comunidad y nosotros también podamos obtener un beneficio y vivir en paz en nuestra comunidad. Eso es lo que nosotros buscamos”.
El equipo reporteril de lapatilla.com se trasladó por Cambalache, en Puerto Ordaz, en lancha hasta la zona en la que se encuentran las gabarras, constatando la presencia de estas, el mal estado en el que se encuentran (oxidadas) y otras que ya se hundieron en el río Orinoco.
Cronología del caso
13 de marzo de 2023: solicitaron unas medidas de carácter ambiental que le correspondió conocer al tribunal 5to de control. Se acuerdan medidas para que cese la contaminación y destruyan las gabarras y saneen el área. Conoció del caso Freide Karina Morillo Miranda, fiscal auxiliar interno 68 nacional con competencia plena del MP encargada de la fiscalía 3ra de MP con competencia de ambiente y delitos ambientales.
14 de marzo de 2023: entró al tribunal. Precautelativa de carácter ambiental. Son 37 gabarras y una sin numeración, para un total de 38 gabarras.
16 de marzo de 2023: decretando las medidas precautelativas. Indicando que aceptan la medida y ordenan ejecutar trabajos para evitar más daños en la comunidad. ACBL fue notificada de la medida de destrucción y neutralización de los agentes que dañan la comunidad, así como de la orden de saneamiento, retiro o retención de vehículos u objetos abandonados.
3 de julio del 2023: empiezan los trabajos por parte de Tridente Service. Este día solo pudieron remolcar tres gabarras, ya que representantes de ACBL les impidieron seguir ejecutando las maniobras, según lo denunciado por los afectados.
