Lapatilla
Comunidades nicaragüenses y venezolanas unieron sus voces para exhortar al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a que proteja a más de “700 mil familias en la Florida” a través de una nueva designación del TPS o Estatus de Protección Temporal. Fue en julio pasado cuando 26 senadores estadounidenses pidieron a su gobierno que personas de aquellas nacionalidades sin estatus migratorio no sean deportadas y, del mismo modo, reciban accesos a permisos de trabajo.
Por La Nación
A través de los grupos Coalición de Inmigrantes de Florida (FLIC), American Friends Service Committee (AFSC) y Venezuelan American Caucus se solicitó una nueva designación del TPS, informó El Nuevo Herald, para evitar que nicaragüenses y venezolanos sin estatus migratorio que radican en Florida sean obligados a salir de Estados Unidos y queden en manos de traficantes de migrantes. “Una ‘redesignación’ de TPS protegería de las deportaciones a los nicaragüenses y venezolanos que no tienen un estatus migratorio regulado”, señalaron los voceros de las organizaciones.
Estados Unidos designó por primera vez a Venezuela para el Estatus de Protección Temporal en 2021 y lo extendió hasta marzo de 2024. En tanto, Nicaragua tiene ese permiso desde 1999 y en junio de este año se extendió por 18 meses.
“La crisis política, social y humanitaria que existe en Venezuela desde hace décadas se ha profundizado en los últimos años y ha empujado a miles de venezolanos a abandonar sus hogares para emigrar a otros países en busca de paz, libertad, democracia y oportunidades”, detallaron los grupos pro derechos humanos. Nicaragua, en tanto, es uno de los países más violentos de Latinoamérica, cuyos crímenes de lesa humanidad han dañado significativamente su estructura social y económica.
Estas súplicas llegan a un mes de que Ron DeSantis, gobernador de Florida, instaurara la nueva ley contra la inmigración ilegal, la cual castiga a quienes transporten indocumentados con penas de hasta cinco años de prisión o multas de US$5000. Esa reglamentación también incluye a las compañías de trabajo, que deberán revisar que sus empleados tengan un estado migratorio regularizado en la base de datos E-Verify; de lo contrario, habrá sanciones para esas empresas que incumplan con el mandato. La ley también indica, en otro de sus apartados, que algunos hospitales deberán reportar el estatus migratorio de sus pacientes, entre otras medidas.
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